Antifraude investiga 13 millones en pagos sin contrato a la empresa de la grúa de Valencia

La Agencia Valenciana Antifraude ha abierto una investigación formal para averiguar por qué razones y con qué justificación el Ayuntamiento de Valencia ha pagado casi trece millones de euros a la empresa que presta el servicio municipal de recogida de vehículos (la grúa) sin mediación de contrato ni adjudicación pública durante tres años seguidos. El organismo fiscalizador, dependiente del Parlamento autonómico y que dirige Joan Llinares, inició el expediente el pasado 17 de septiembre y dio traslado al consistorio que encabeza Joan Ribó (Compromís), en coalición con los socialistas, liderados por la vicealcaldesa Sandra Gómez. En el escrito, que entró por registro de entrada el pasado 1 de octubre, reclama al gobierno municipal copia de todos los informes técnicos relativos tanto al servicio de grúa como a los pagos efectuados, distribuidos en entregas de 360.000 euros mensuales desde octubre de 2017 hasta la actualidad.

En el documento remitido al Ayuntamiento, firmado por el director de Análisis e Investigación, Gustavo Adolgo Segura, Antifraude explica cómo la Junta de Gobierno Local decidió el 27 de octubre de 2017 resolver el contrato del servicio de grúa en la vía pública con la unión temporal de empresas (UTE) Pavapark-Auplasa. El acuerdo incluyó una indemnización de 809.758 euros y una contraprestación económica de 360.000 euros mensuales hasta la formalización de un nuevo contrato por licitación pública.

Esa convocatoria pública para renovar al contratista de la grúa municipal no se inició hasta el pasado 25 de septiembre, con la publicación del pliego de condiciones. Es decir, el consistorio ha estado pagando un fijo a una empresa al margen de la Ley de Contratos. Pero, además, Antifraude sostiene que esto se ha hecho así pese a que se ha producido una reducción del 50% del volumen de retirada de vehículos mensual. "Todo ello lleva a afirmar que, en la actualidad, el Ayuntamiento de Valencia estaría manteniendo en activo la utilización de un servicio de retirada y depósito de vehículos de la vía pública cuya intensidad de uso se ha reducido de manera muy sustancial en los servicios prestados, pero sigue abonando por dicho servicio unas contraprestaciones económicas mensuales fijas, cuyo pago no sería jurídicamente procedente, al retribuir cantidades que no se corresponderían con las prestaciones efectivamente realizadas", reza el escrito al que tuvo acceso El Confidencial.

La apertura del procedimiento de investigación, que Antifraude remitirá a la Fiscalía y a la Justicia si percibe la existencia de indicios de delitos de prevaricación o malversación, lleva aparejada una amplia petición de documentación. No es la primera vez que lo hace. El pasado mes de mayo reclamó al consistorio sin éxito todos los informes relativos a la fiscalización de los pagos a la Pavapark, la relación de los mismos, los informes jurídicos que dan cobertura a los pagos, en caso de haberlos, y los informes que justificaron el abono de una indemnización y la rescisión del contrato en octubre de 2017. También requirió hace más de un año la licitación de urgenciadel servicio de recogida de vehículos.

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La rescisión se produjo después de que la UTE perdiese en los juzgados un contencioso administrativo. Pavapark se hizo con la adjudicación de la grúa municipal en 2014, tras ganar un concurso público convocado por el gobierno del Partido Popular. Sin embargo, muy pronto se arrepintió de haberlo ganado. En 2015 reclamó al Ayuntamiento de Valencia una compensación de pérdidas al señalar que no le salían los números, con un sistema de cobro por cada enganche de vehículo. El equipo municipal le negó tal compensación y la UTE acudió a los trinunales, donde perdió en primera instancia. El tribunal dio la razón al Ayuntamiento de Valencia.

Tras presentar un recurso y, tras un amago frustrado de la pata socialista de gobierno municipal de municipalizar el servicio, finalmente se produjo el acuerdo que derivó en la retirada del recurso, la rescisión del contrato, el pago de la indemnización y el pacto que realizar abonos mensuales hasta la nueva licitación. Esta solución provisional contó con el visto bueno del interventor municipal, que dio doce meses de plácet, en aras a que la ciudad no perdiera el servicio de grúa hasta la firma de un nuevo contrato. La provisionalidad, sin embargo, se ha prolongado durante 36 meses. Antifraude investiga ahora por qué razón se ha pagado por encima del servicio prestado y durante tanto tiempo.

El interventor municipal dio doce meses de plácet, en aras a que la ciudad no perdiera el servicio de grúa hasta la firma de un nuevo contrato

El nuevo servicio de grúa se acaba de licitar por un importe de 14,3 millones de euros más IVA durante un período de cinco años, un precio inferior al que actualmente paga el Ayuntamiento a la UTE de Pavapark-Auplasa.

La de la grúa no es la única investigación que tiene abierta Antifraude sobre la gestión municipal. Este jueves se ha conocido que la agencia que dirige Joan Llinares también está indagando sobre posibles irregularidades en la creación de una bolsa de empleo para 500 conductores en la Empresa Municipal de Transportes.