Antifraude Valencia 'pesca' en la UCO para cerrar un informe clave del caso Zaplana

Un informe pericial encargado hace varios meses por la jueza del caso Erial, Isabel Rodríguez, determinará si la Generalitat de Eduardo Zaplana amañó los concursos de la concesión de licencias de Inspección Técnica de Vehículos de 1997 y del Plan Eólico Valenciano en 2003 en los que resultaron beneficiadas sociedades vinculadas a la familia del expresidente de las Cortes Valenciana, Juan Cotino, y su sobrino Vicente. La instructora, que investiga pagos de los Cotino a través de Luxemburgo a sociedades controladas por presuntos testaferros del exministro de Trabajo y su exjefe de gabinete, Juan Francisco García, ha encomendado la labor de desentrañar posibles irregularidades en el proceso administrativo a la Agencia Valenciana Antifraude, el organismo creado por el Parlamento autonómico valenciano. Este análisis es clave porque de él depende determinar posibles delitos como el de prevaricación, falsedad documental o fraude en la contratación, además de servir como base para certificar el origen ilícito del dinero que recibió la red del expresidente de la Generalitat.

El encargo llegó en un momento delicado a la Agencia Antifraude y su elaboración acumula retrasos, lo que ha generado cierta inquietud entre los investigadores. La entidad, nacida a propuesta de Podemos y que depende de la cámara legislativa, echó a andar en julio de 2017 con Joan Llinares como director. Llinares fue responsable del Palau de la Música de de Barcelona y jugó un papel clave a la hora de levantar las alfombras en el caso que destapó el desfalco y el saqueo de la institución y la financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya. Tras ejercer de asesor de Trasparencia en el Ayuntamiento de Barcelona de Ada Colau, fue seleccionado para poner en marcha la oficina valenciana con los votos de PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos.

El oficial de la UCO llega a la agencia para cubrir la vacante del anterior jefe de Análisis, que dimitió. Tendrá que acelerar el informe sobre Zaplana

Sin embargo, Antifraude no ha logrado consolidar todavía una estructura estable de funcionamiento capaz de asimilar la investigación de todas las denuncias y sugerencias de información que recibe. Según marca su ley de creación, su plantilla se compone exclusivamente de funcionarios públicos, que solicitan su incorporación desde otra administración y tras superar un proceso de selección. La relación de puestos de trabajo es de poco más de una treintena de personas, pero las plazas están lejos de cubrirse en su totalidad. Es más, algunos de sus responsables han tirado la toalla a los pocos meses de su nombramiento. Es el caso del que fue director de Análisis e Investigación, algo así como el número dos de la Agencia, Miguel Ángel Cervera. Este abogado de la Generalitat, que defendió los intereses de la Administración autonómica en varios casos de corrupción vinculados a cargos públicos del Partido Popular, se marchó a los seis meses de su nombramiento. A su salida siguió la de su subordinado, el jefe de Sector Público, José Vicente Martínez, y la del director de Administración, Juan Casades.

La falta de medios y la fuerte carga de trabajo estarían detrás de las renuncias, según informó Las Provincias, en una entidad que tiene un presupuesto anual de algo más de tres millones de euros y el año pasado recibió cerca de 200 denuncias, muchas de ellas relacionadas con gestión municipal, aunque también con otras instituciones públicas. El descabezamiento del segundo escalón de Antifraude ha enrarecido el ambiente y condiciona la capacidad de atender las denuncias, proyectos y peticiones de colaboración que llegan a sus instalaciones en la calle Navellos de Valencia.

Con la intención de rearmar la estructura interna, darle un empujón y completar el equipo investigador, Llinares ha seleccionado como nuevo director de Análisis e Investigación a un oficial de la Guardia Civil, Marcial González González, que llega desde la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado, especialista en delitos económicos. González tiene la misión de conformar un equipo clave en la detección e investigación de irregularidades. Bajo su órbita quedará, entre otros asuntos, la conclusión de la pericial encargada por la jueza del caso Erial sobre los procedimientos administrativos de los concursos de ITV y el Plan Eólico que presuntamente están en el origen de los sobornos de los Cotino a la red de Eduardo Zaplana.

En el contrato de las ITV se tomaron decisiones posteriores a la adjudicación que elevaron los ingresos de los concesionarios

El grupo empresarial ligado al que fue también director general de la Policía Nacional, Juan Cotino, obtuvo más de 86 millones de euros en ingresos con la reventa de sus participaciones en esas concesiones, según los informes policiales recogidos en el sumario del caso. En el contrato de las ITV, privatizado sin la existencia de informes o estudios justificativos, según denunció la Sindicatura de Cuentas, se tomaron decisiones posteriores a la adjudicación que elevaron los ingresos de los concesionarios, que habían ganado los concursos ofreciendo un canon económico. Según denunció el portavoz de Compromís, Fran Ferri, elementos como la introducción de la prueba de sonometría, única en España, elevó la tarifa hasta en un 133% (para un vehículo diésel) entre 1999 y 2010. Estos incrementos, además de la actualización del IPC o la introducción de la prueba de emisiones, provocaron un aumento de ingresos de 317 millones en los concesionarios sobre lo previsto en el pliego, según Ferri.