Ocho años por contratar afines al partido: el caso que puede poner patas arriba la política

Fue un 21 de noviembre de 2007. El expresidente de la República francesa, el 'gaullista' Jacques Chirac, entró en el despacho de la jueza como testigo y salió como imputado en la instrucción de una causa por contratación de asesores en el Ayuntamiento de París durante su etapa al frente de la alcaldía de la capital gala. El caso, que salpicó también al que había sido su primer ministro, Dominique de Villepin, conmocionó la política gala y dejó al descubierto una práctica muy extendida también en España: el uso o creación de puestos de altos cargos o asesores en la Administración pública que acaban en manos de militantes que trabajan para los partidos, sin que existan o se respeten los procedimientos de mérito y concurrencia en los procesos de selección.

Chirac salió finalmente absuelto después de que, cuatro años más tarde, en una polémica decisión, los fiscales decidiesen solicitar el sobreseimiento por entender que no se había acreditado una voluntad delictiva. El escándalo se saldó con un tirón de orejas por "mala gestión de las finanzas públicas", y desde entonces no es habitual que la contratación del personal de confianza de los cargos políticos o los puestos de organismos y empresas públicas para favorecer a militantes o afines a un partido político haya terminado en un banquillo.

El fiscal dice que el expresidente de la Diputación de Valencia montó un sistema inútil e ineficaz

Esto es exactamente lo que va a ocurrir en Valencia, donde el Juzgado de Instrucción número 9 acaba de dictar un auto de apertura de juicio oral contra el expresidente de la Diputación de Valencia, el exsocialista y actual alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez; dos exgerentes de la empresa pública Divalterra, Agustina Brines (por Compromís) y José Ramón Tiller (por el PSPV); el que fue su jefe de gabinete, Ricard Gallego; un asesor, Manuel Reguart, y otras 10 personas.

El instructor les imputa por delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos o falsedad en documento oficial, por la contratación irregular como directivos en noviembre de 2015 de siete personas en la citada empresa de la corporación, en un caso bautizado como Alquería, que estalló en 2018 y que propició incluso una mediática intervención policial. Divalterra es el nuevo nombre de Imelsa, la empresa que dirigía Marcos Benavent (el 'yonqui del dinero'), que apenas dos años antes estuvo en el origen del caso Taula, un escándalo que se llevó por delante la cúpula del PP de Valencia y en cuyo sumario hay también una pieza de empleados zombi, personal contratado que ni siquiera iba a trabajar.

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EC/Agencias

El auto judicial ha llegado acompañado de un escrito de calificación de la Fiscalía Anticorrupción que ha sorprendido a los acusados por la dureza de las penas que exige. El documento reclama hasta ocho años de cárcel para los principales encausados, por encima de los cuatro años o tres años y ocho meses, respectivamente, que recibieron, por ejemplo, Ricardo Costa y David Serra, responsables de las campañas electorales del Partido Popular de Francisco Camps financiadas de forma irregular a través de la trama Gürtel; los seis años a los que fue condenado el 'exconseller', también popular, Rafael Blasco, por desviar fondos de cooperación al desarrollo, o muy cerca de los nueve años de prisión que todavía cumple la exconsejera de Turismo de la Generalitat valenciana Milagrosa Martínez, por contratar de forma irregular los pabellones de Fitur con las empresas de la Gürtel. Carlos Fabra fue condenado a cuatro años por delito fiscal.

Las penas que se piden son superiores a las de los condenados por la financiación del PPCV

Anticorrupción sostiene que los acusados del caso Alquería diseñaron "un sistema artificioso de áreas de dirección, costoso para la empresa pública e inútil e ineficaz para el cumplimiento de los fines públicos que realmente realizaba y que respondía a una exclusiva voluntad de favorecer a los miembros, afines o simpatizantes a los partidos políticos PSPV y Compromís", y que con estos puestos "se estaban repartiendo las diferentes áreas en perjuicio del correcto y eficaz funcionamiento que debe presidir la gestión de una empresa pública". Cada uno de los directivos cobraba 54.000 euros al año, con un coste para la empresa de 70.000 euros, lo que supuso un quebranto total de 1,12 millones de euros.

Con dicha decisión, se originó "un evidente quebranto económico a la sociedad tomada para favorecer intereses personales y de partido y en contra del interés empresarial y de gestión. Así, se explica que se separaron artificiosamente en dos áreas para contratar a dichas personas como altos directivos duplicando el gasto público, cuando dichas funciones se desarrollaban por un coordinador de la empresa", señala, por ejemplo, en el caso de los brigadas forestales, que dependen de esta entidad supramunicipal.

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Javier Melguizo

Tanto el instructor como el fiscal relatan que los nombramientos se realizaron pese a la existencia de informes técnicos contrarios del auditor interno y de la Intervención del Estado. “La única motivación en su contratación es la adscripción o vinculación de los contratados a los dos partidos políticos que gobiernan”, insiste Anticorrupción, que afirma que Rodríguez, para dar cobertura a la contratación, propició en 2016 la clasificación de Divalterra dentro del Grupo 1 de empresas del Estado, que permite la creación de puestos de alta dirección.

Las duras penas de prisión a las que se exponen los acusados han dejado muda a la clase política valenciana. El caso es una advertencia clara a las consecuencias penales de emplear la Administración para situar a personas afines a los partidos sin respetar los principios de publicidad, mérito, trasparencia y capacidad, y forzando, presuntamente, los procedimientos al crear puestos con dudas sobre sus funciones ejecutivas, sin informes de necesidad y sin consignación presupuestaria inicial.

Los acusados defienden su inocencia. Fuentes cercanas a las defensas sostienen que pudieron haberse producido irregularidades administrativas, pero niegan la trascendencia penal de los hechos y el relato que hace el fiscal. "Ni el juez ni el fiscal han atendido nuestras explicaciones. Han mantenido el mismo relato desde el principio", dicen. Explican, por ejemplo, que la clasificación como Grupo 1 de Divalterra todavía se mantiene y se produjo a propuesta del entonces delegado de Hacienda, Toni Gaspar, el actual presidente de la Diputación. El caso se resolverá en el banquillo cuando se señale el juicio oral.

La operación Alquería finiquitó la carrera política de Jorge Rodríguez en el PSPV-PSOE. Dimitió como presidente de la Diputación de Valencia y fue forzado a darse de baja en el partido, pero no dejó su cargo de alcalde de Ontinyent. En las municipales de 2019, montó una candidatura independiente y cosechó una arrasadora mayoría absoluta en su ciudad, donde todavía mantiene la vara de mando. Habrá que ver si además de cortar en seco sus ambiciones, las contrataciones de Divalterra le cuestan también la libertad. Sería un aviso a navegantes para más de un político.