De Sánchez a Torra, la segunda ola del covid pone en la diana a los líderes autonómicos

Ya está aquí la ansiada cogobernanza que algunos líderes autonómicos reclamaban al Gobierno para afrontar la pandemia del coronavirus teniendo en cuenta las singularidades de su efecto en cada autonomía. La segunda oleada de contagios tras el valle en las curvas derivado de las medidas de confinamiento entre marzo y junio ha tenido una respuesta mucho menos contundente por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que ha cedido el control a la pata autonómica del Estado.

Aunque el Ministerio de Sanidad de Salvador Illa mantiene los encuentros de coordinación con los consejeros de las áreas de Salud, que son los que tienen las competencias asistenciales y de salud pública transferidas en España, no hay rastro de mando único. El final del estado de alarma ha entregado definitivamente la toma de decisiones a los presidentes regionales, que han comenzado a sufrir la presión política y la exposición a la crítica por su gestión, al igual que le ocurrió al Gobierno, que ahora parece adoptar un protagonismo más secundario.

Esa tensión local se está viviendo con especial incidencia en Cataluña, principal foco de rebrotes en España. Pero no es raro que se propague a otros ejecutivos autonómicos si los contagios se extienden. Este mismo viernes, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, lanzaba un duro reproche al ‘president’ Quim Torra por su labor de contención. Colau lleva varios días denunciando errores en el control de la trazabilidad del virus.

“Hay errores en el sistema de rastreo y no se ha hecho el seguimiento de contagiados como se debería haber hecho”, señalaba. Además, sostiene que la Generalitat “llegó tarde” con las medidas de contención en Lleida y, después, en L’Hospitalet de Llobregat, municipio clave del área metropolitana de Barcelona.

Las críticas de Colau pueden tener fundamento, y más cuando están emergiendo problemas graves de gestión en el Govern de Torra. Pero también es cierto que tras el estado de alarma, el vacío legal ha dejado las autonomías al albur de los jueces para aplicar medidas drásticas de confinamiento. Le ocurrió al presidente catalán cuando quiso confinar Lleida y se topó con una jueza que consideró injustificada la restricción de derechos fundamentales para los ciudadanos de ocho municipios de la provincia.

Hoy, son muchos más los contagiados, con 50 focos, y las 'medidas' restrictivas de la Generalitat han de pasar por el filtro del juez. Las que afectan a derechos fundamentales como la movilidad no dejan de ser recomendaciones. El 'consejo' de la Administración autonómica es que más de cuatro millones de personas no salgan de casa y eviten los encuentros sociales, pero la capacidad sancionadora no se ha desplegado.

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En Aragón, el equipo del socialista Javier Lambán se ha encontrado con la misma ausencia de herramientas. "No es un confinamiento, pero los efectos deberían ser parecidos", admitía este viernes la consejera de Sanidad, Sira Repollés, al tiempo que pedía a los ciudadanos de Zaragoza capital y toda su comarca que eviten las salidas por el incremento de los contagios.

Tras el estado de alarma, la ley orgánica de medidas especiales de salud pública de 1986 debería haber sido la palanca para desplegar un marco normativo, pero no se ha ampliado con un nuevo catálogo de excepciones en materia de movilidad, control de poblaciones, etc.

La redacción de la norma, con solo cuatro artículos, es tan sucinta como interpretable. “Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible”, dice el artículo tercero. ¿Puede confinarse a población que no esté en contacto con enfermos?

En el segundo, se afirma: “Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad”. ¿Control es sinónimo de prohibición?

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Las autonomías están aprobando sus decretos, con reducción de aforos en espacios públicos o comerciales. Pero la consejera de Sanidad de una autonomía admite que están abocados a acudir al juzgado de guardia para solicitar luz verde al confinamiento obligatorio de un barrio o una ciudad. Con la ley en la mano, es complicado hacerlo de forma unilateral.

El Gobierno está colaborando con los territorios, tratando de propiciar respuestas comunes en las reuniones de la interterritorial de Sanidad. Pero a la hora de aplicar las medidas, se pone de perfil. Pese a todo, tendrá difícil no tener que imponer un nuevo cerrojazo si los rebrotes se multiplican. La presión exterior pesa. Alemania cifró en 50 casos por cada 100.000 habitantes en una semana la línea roja para bloquear fronteras con el resto de Europa. Cataluña y Aragón, lindantes con Francia, ya están por encima de esos números.

El problema es si España podrá soportar un nuevo confinamiento generalizado. Los presidentes autonómicos de territorios turísticos están muy presionados por el impacto económico de la pandemia. El ‘president’ valenciano, Ximo Puig, se ha resistido hasta el pasado sábado a hacer obligatoria una mascarilla cuyo uso en espacios públicos ya se exige en casi todas las comunidades, excepto Madrid y Canarias. Los turistas extranjeros no llegan, y, aunque las fábricas y las empresas han reiniciado la producción, el horizonte económico para el mes de octubre, cuando además decaerán muchos de los ERTE por fuerza mayor y las empresas deberán reasumir la carga salarial, es de mucha incertidumbre. La segunda oleada del covid, combinada con los efectos económicos de la primera, puede ser fatídica.