bonig será la candidata del pp a la comunidad

Pons sigue en Bruselas y Catalá en Valencia tras el 'no' de Broseta a Aznar y Casado

Casado se decanta en la tercera ciudad de España por el perfil moderado de María José Catalá, 'exconsellera' de Educación, tras la negativa del abogado hijo del catedrático asesinado por ETA

Foto: María José Catalá fue consejera de Educación en la Generalitat con Alberto Fabra. (EFE)
María José Catalá fue consejera de Educación en la Generalitat con Alberto Fabra. (EFE)

El Partido Popular desvelará en apenas dos semanas, antes de la convención prevista para el fin de semana del 18 al 20 de enero, los nombres pendientes de conocer de sus candidatos en las principales ciudades españolas. Tras hacer público el cartel del empresario Josep Bou para Barcelona, con muy escasas posibilidades de arrancar la vara de alcalde, están por despejar las incógnitas de Madrid y Valencia. Se trata de plazas claves para que la formación conservadora que preside Pablo Casado pueda apuntarse el tanto de su recuperación junto con gobiernos autonómicos que se sumen al que ahora acaricia en Andalucía con respaldo de Ciudadanos, si finalmente se concreta la adhesión de Vox.

Las dos ciudades son campos minados, no solamente por estar gobernadas por formaciones de izquierda cuyo desgaste está por certificar, sino porque la dispersión del voto en los partidos de la derecha no garantiza obtener el primer puesto para exigir las alcaldías a Ciudadanos. Esta incertidumbre está pesando en la configuración de las candidaturas. En Valencia, donde el partido está abierto, no son pocos los aspirantes con carnet. Pero Génova no ha logrado convencer al abogado e independiente Manuel Broseta para que se lance a la arena política. La apuesta de Casado pasa por designar a María José Catalá, de perfil moderado y exconsejera de Educación con Alberto Fabra al frente de la Generalitat, toda vez que Esteban González Pons ha reiterado su deseo e intención de quedarse en Bruselas y concurrir a las elecciones al Europarlamento.

La intervención de Aznar revela el papel que está jugando de influencia y consejero en la sombra del líder de los populares Pablo Casado

El nombre del hijo del catedrático y expolítico de UCD asesinado por ETA en 1992, al igual que el de González Pons, Catalá y otros posibles candidatos, fue incluido en uno de los sondeos internos encargados por Génova como factor demoscópico a tener en cuenta para la elección. El resultado, según fuentes conocedoras del mismo, fue bastante positivo para el presidente del bufete Broseta Abogados, con un elevado grado de conocimiento en la ciudad. Hasta el punto de que tanto Pablo Casado como el expresidente del Gobierno, José María Aznar, han tratado de comprometerlo hasta hace muy pocos días para que diera el paso de girar la puerta hacia la política activa. La intervención de Aznar revela el papel que está jugando de influencia y consejero en la sombra del líder popular, una circunstancia que tiene reflejo también en el núcleo de asesores de confianza que está configurando Casado.

Broseta, que tiene su residencia fijada en Madrid, ha dudado. Pero, finalmente, a los argumentos personales se han sumado los argumentos profesionales, entre otros por el impacto que una identificación tan clara con el Partido Popular y la exposición en la primera línea política pudiera tener en el bufete de abogados que preside, en pleno desarrollo de su plan estratégico y con muchos intereses en España, en general, y en la Comunidad Valenciana en particular. Manuel Broseta ha dejado la dirección del día a día del despacho en manos de Rosa Vidal, pero sigue vinculado a las decisiones estratégicas y de expansión (la última apertura de oficina fue en Lisboa) y viaja con frecuencia a Latinoamérica y Suiza, donde también está implantado. También preside el 'lobby' de empresarios valencianos Conexus y el Consejo Social de la Universidad de Valencia.

Manuel Broseta (d), con el exdirector de Broseta Abogados, Luis Trigo.
Manuel Broseta (d), con el exdirector de Broseta Abogados, Luis Trigo.

Tras el 'no' del abogado, Casado parece dispuesto a jugar por la carta de mujer, joven y moderada de Catalá. El resto de aspirantes sobre los que se ha consultado en los sondeos, como Luis Santamaría, no obtienen un grado de conocimiento suficiente. No obstante, aún se especula con la posibilidad de presentar al magistrado Fernando de Rosa, exconsejero de Francisco Camps y exvicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, aunque su perfil no parece superar al de Catalá.

En las filas populares se da por sentado que las opciones de hacerse con la alcaldía en un entorno tan ajustado pasan por presentar un buen cartel. La última encuesta conocida, publicada por 'El Periódico de Aquí', augura un vuelco en el consistorio valenciano en favor de la derecha por el desplome de Compromís, básicamente, pero con el PP y Ciudadanos pugnando por el primer puesto. El trabajo demoscópico, no obstante, no tiene cocina y reparte los concejales solamente sobre intención de voto directo declarado y con una estimación de participación del 68%, algo inferior a la media en la ciudad.

El reparto de apoyos en la ciudad de Valencia, como en Alicante y municipios más poblados como Elx (Elche), será clave para determinar también el resultado de las autonómicas. La tendencia apunta a una recuperación del voto del bloque de derechas. Un botón: la muestra de algo más de 300 encuestados en la Comunidad Valenciana que recoge el CIS de diciembre para las elecciones europeas, que coinciden con municipales y autonómicas, refleja un voto directo del 15,5% para Ciudadanos y del 12,8% para el Partido Popular. La suma supera holgadamente a la de un PSOE muy castigado (10,5%) y la unión de Compromís-Podemos (12,5%). A Vox, el CIS le asigna un 3,3% en intención directa de voto al Parlamento Europeo.

Una traslación de esas proporciones a las Cortes Valencianas entregaría la presidencia de la Generalitat al candidato de Ciudadanos, probablemente Toni Cantó, con respaldo de los populares, que ya tienen decidido presentar a Isabel Bonig a la Generalitat. El barón socialista, Ximo Puig, y la vicepresidenta Mónica Oltra (Compromís) tendrían que desalojar los despachos de la Administración autonómica.

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