Ábalos prepara un vuelco en Puertos y ADIF asesorado por patronos valencianos

El nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos, prepara una revolcón a las principales empresas estatales bajo el paraguas de su ministerio. El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez tiene la determinación de propiciar una recambio en las cúpulas de sociedad de capital público con un fuerte contenido económico, bien por la actividad comercial que desempeñan o por su carácter inversor o de gestión de infraestructuras. Ábalos ya ha iniciado contactos para renovar las presidencias de Renfe, ADIF, Aena o Puertos del Estado. Sus nuevos inquilinos apenas tienen garantizados dos años en el cargo, lo que resta de legislatura, un hecho que está condicionando el proceso de selección.

En las empresas ferroviarias, el también secretario de Organización del PSOE ha heredado unas cúpulas directivas muy vinculadas al que era número de dos de Íñigo de la Serna (y antes de Ana Pastor), el ya exsecretario de Estado de Infraestructuras Julio Gómez-Pomar. Juan Alfaro, en Renfe, y Juan Bravo, en ADIF, ya están preparando las maletas para abandonar sus despachos y sus salarios de más de 160.000 euros anuales. Se trata de cargos lo suficientemente apetecibles como para tener novios. En los mentideros políticos, se especula con que una de las dos empresas podría estar reservada para Juanma Serrano, el que fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez hasta su nombramiento como presidente del Gobierno, cuando eligió al consultor Iván Redondo para ese puesto. De momento, Serrano ha solicitado su ingreso como funcionario en la Federación Española de Municipios y Provincias.

El exjefe de gabinete de Pedro Sánchez Juanma Serrano suena para presidir Renfe o ADIF, con un salario de más de 160.000 euros al año

No obstante, más allá de las presidencias y los probables compromisos de Sánchez, también están en el aire las direcciones generales, los puestos más ejecutivos. Para enfocar el proceso de renovación, el nuevo ministro, que navega en aguas desconocidas desde el punto de vista de su experiencia política y de gestión, ha puesto el oído para escuchar propuestas. Y no son pocos los que quieren opinar, entre ellos los sectores empresariales de su territorio de origen, la Comunidad Valenciana, donde su nombramiento ha sido interpretado como un gesto en favor de una mayor atención inversora que debería traducirse en hechos concretos. Ábalos ha recibido consejos y recomendaciones desde ámbitos valencianos, como la patronal autonómica Confederación Empresarial Valencia, que preside Salvador Navarro, o la Asociación Valenciana de Empesarios, presidida por Vicente Boluda, con el que ya ha intercambiado impresiones, según ha podido saber El Confidencial.

Para estos patronos, no se trata tanto de una cuestión de nombres como de orientación estratégica. Así, por ejemplo, en su punto de mira tiene más espacio ADIF que Renfe. La primera tiene inversiones presupuestadas para 2018 de 3.560 millones de euros, algo más de 2.700 para alta velocidad y casi 850 para la red convencional. Será difícil, por no decir imposible, que el nuevo equipo responsable de la compañía pueda introducir grandes modificaciones en los planes de obras, muchas de ellas planificadas de forma plurianual. Pero tener la llave de la presidencia y la dirección del ente que controla las infraestructuras ferroviarias en España sí que permite poner el foco en unas inversiones y no en otras. Significa disfrutar de privilegios a la hora de fijar prioridades. Esta es la razón por la que, desde los territorios, se otorga una mayor importancia a las políticas que se aplican y las personas elegidas para ADIF y no tanto para Renfe Operadora, con una labor básica de gestión comercial de la red, si bien esta última tiene pendiente resolver un macrocontrato de compra de trenes de más de 2.000 millones.

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Agustín Marco

Entre los nombres que suenan para la presidencia de ADIF está el de Juanma Serrano, pero también el del actual secretario autonómico de Infraestructuras de la Generalitat valenciana, Josep Vicent Boira, o el de la eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero. La que fuera secretaria de Estado de Infraestructuras con José Luis Rodríguez Zapatero, de origen valenciano como Boira y Ábalos, está también en las quinielas para sustituir a José Llorca al frente de Puertos del Estado. De hecho, ahora compatibiliza su escaño en el Parlamento Europeo con el de consejera de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), donde tiene buena imagen entre los actores del universo del transporte marítimo.

Inmaculada Rodríguez-Piñero es una de las favoritas para Puertos del Estado, pero tendría que renunciar a su escaño de eurodiputada

El problema es que Rodríguez-Piñero tendría que abandonar Bruselas para sentarse en la presidencia de Puertos del Estado, algo que no parece entrar en sus planes por ahora, pese a las muchas insinuaciones que ha recibido para hacerse cargo de la entidad estatal. En una situación similar se encuentra el actual presidente del Puerto de Valencia, Aurelio Martínez, un gestor político con amplia experiencia que ha pasado por la presidencia de Navantia, del ICO o de Loterías del Estado. Martínez, otro de los nombres que sonaron en primera instancia para regresar a Madrid, ya ha transmitido a su entorno que tiene su vida montada en Valencia y sin planes de mudanza. A sus 71 años de edad, la presidencia de la APV se perfila como su último destino profesional.

La fuerte competencia entre Valencia, Barcelona y Algeciras marca el signo del relevo de José Llorca en la entidad matriz estatal

Nadie duda de que habrá un cambio en Puertos del Estado y no se descarta que finalmente el elegido sea alguien vinculado al sector portuario español. En ámbitos del transporte marítimo valenciano y también de Algeciras existe la percepción de que el hasta ahora presidente, José Llorca, natural de Ripoll (Girona), ha hecho prevalecer los proyectos del puerto catalán sobre el resto y reclaman un golpe de timón en la gestión de la empresa estatal para reorientar y reequilibrar los intereses territoriales. Ponen como ejemplo el caso del último Plan de Inversiones en Accesibilidad Portuaria, presentado en enero del año pasado por el anterior titular de Fomento y en el que Barcelona salía claramente beneficiada en comparación con la Autoridad Portuaria de Valencia y otras terminales españolas.

En concreto, Barcelona acometerá inversiones en el periodo 2017-2021 por valor de 265,9 millones, de los que 135,7 procederán de aportaciones del Estado o fondos europeos. La mayor obra es el acceso sur ferroviario y la terminal intermodal Port Barcelona. Las cifras contrastan con el competidor valenciano, que apenas recibirá en el mismo periodo 11,5 millones para cubrir obras por importe de 98,1 millones, entre ellas la mejora de la línea ferroviaria Sagunto-Teruel-Zaragoza, tramo clave del corredor mediterráneo-cantábrico, una de las grandes apuestas logísticas de conexión transversal entre Valencia y los puertos de Santander y Bilbao, y embrión de una posible recuperación de la salida hacia Europa por la frontera francesa en el paso de Canfranc alternativa al paso catalán.

Aunque las 26 autoridades portuarias españolas gozan de autonomía en la gestión, de la estatal Puertos del Estado depende la gestión de los fondos de compensación interportuarios, la coordinación de la eficiencia del sistema de terminales y la ejecución de la política portuaria del Gobierno. Lo hace en un entorno de fuerte competencia entre los distintos puertos por atraer negocio. El año pasado, el sistema recaudó más de 1.126 millones, con un resultado positivo de 265 millones de euros y un ebitda de 641 millones, con crecimientos de dos dígitos, según datos difundidos por Llorca el pasado mes de abril en una comparecencia en el Congreso de los Diputados. El grueso de los ingresos procede de las tasas que los puertos cobran a los barcos y las compañías por hacer uso de sus instalaciones, lo que da una idea del negocio multimillonario que mueve el transporte marítimo.