El Gobierno se niega a pagar a ACS los 3.000 millones de litigios heredados de Abertis

La moción de censura con la que Pedro Sánchez ha conseguido llegar a La Moncloa tiene sus facturas económicas. Una de ellas es, curiosamente, herencia de José Luis Rodríguez Zapatero, que en 2006 se comprometió con Abertis a compensarla en caso de que el tráfico de la autopista AP-7, que transita principalmente por Cataluña, no alcanzase un mínimo estimado. Según fuentes próximas al caso, que está judicializado, el nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se ha negado a pagar los cerca de 3.000 millones de euros que el Estado debería abonar a la concesionaria y que la Administración ha elevado al Tribunal Supremo.

Las mismas fuentes indican que Ábalos, tras reunirse con los abogados de Fomento, ha analizado todos los asuntos vitales que afectarían a la legislatura del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, en caso de cumplir con los dos años de mandato. Los más relevantes son los vinculados con las autopistas, tanto las nueve carreteras de peaje quebradas que han pasado a manos del Estado como el vencimiento de las concesiones de varias de las autovías de pago más importantes de España, como el tramo de la AP-7 que une Alicante con Tarragona, o la que enlaza Cádiz con Sevilla, que expiran en 2019.

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Unas autopistas gestionadas actualmente por una filial de Abertis, grupo que también es titular de los tramos de la AP-7 que va de Barcelona a la Jonquera, de Barcelona a Tarragona, de Montmeló a El Papiol y de Zaragoza al Mediterráneo. Ábalos ya ha adelantado que el Estado se quedará en propiedad la que une Valencia con Cataluña y con Andalucía, de tal forma que se liberarán los peajes. No obstante, otras fuentes señalan que no se suprimirán en su totalidad, ya que el Gobierno de Sánchez pondrá un pequeño pago para financiar el mantenimiento.

Pero de lo que Ábalos no ha querido saber nada, pese al aviso de los técnicos de Fomento, es del litigio que el Estado tiene con Abertis por los tramos catalanes de la AP-7, que vencen en 2021. Según las mismas fuentes, el ministro de Fomento ha declinado hacer frente a la reclamación de la compañía que hoy en día ya es propiedad de ACS, a través de la alemana Hochtief, y de Atlantia. El político valenciano ha indicado a los abogados del Estado que se continúe con el pleito, que actualmente está en el Supremo tras una sentencia en contra del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El fallo definitivo del Supremo se espera para finales de este año, momento en que el Ejecutivo de Sánchez debería abonar la compensación que Magdalena Álvarez, la ministra de Fomento en 2006, le firmó a Abertis. A finales de 2017, la cifra pendiente de pago asciende a 2.600 millones, incluidos los 836 millones destinados a obras de mejora y ampliación de la autovía. Pero fuentes próximas a la compañía propiedad de ACS y Atlantia señalan que cuando salga la sentencia del alto tribunal, la factura ascenderá a cerca de 3.000 millones.

El Castor multiplica por casi tres

Según las mismas fuentes, Ábalos no quiere ni oír hablar de este litigio, puesto que se convertiría en otro caso Castor, el fallido gasoducto instalado por la constructora de Florentino Pérez que recibió una compensación exprés de 1.350 millones de euros cuando Mariano Rajoy llegó a La Moncloa. "Un Gobierno del PSOE no se puede permitir el lujo y el coste político de pagar a ACS. No se lo podía permitir ni el PP. Se va a agotar la vía judicial, pero una contabilidad sensata les debería llegar a advertir a la Comisión Europea de este riesgo y hacer una provisión inicial", explica una fuente conocedora de la situación actual.

El Castor, lejos de cerrarse cuando en 2014 se aprobó el pago de 1.335 millones a ACS, no se ha cerrado. A finales de 2017, el Tribunal Constitucional (TC) anuló la indemnización pública recibida por los promotores del gasoducto al considerarla inconstitucional. En su sentencia, el TC estimó parcialmente los recursos presentados por el Parlamento, el Gobierno catalán y el grupo del PSC en el Congreso, y acordó declarar "inconstitucionales y nulos" los artículos del decreto que establecían una compensación por la suspensión de la actividad del almacén, situado frente a las costas de Castellón, tras los pequeños seísmos registrados en la zona.

Un Gobierno del PSOE no se puede permitir el lujo y coste político. No se lo podía permitir ni el PP. Se va a agotar la vía judicial

El TC consideró que no concurría una "situación de extraordinaria y urgente necesidad" que justificara aprobar un decreto ley para "atribuir nuevas obligaciones de pago al sistema gasista". Un dictamen que ha derivado en un conflicto con la banca, que ha requerido al Estado que le devuelva los 1.350 millones que le prestó para, a su vez, pagar a ACS.

El dinero que, de no mediar sentencia en contra, deberá desembolsar el Estado es similar a la reclamación que los acreedores de las autopistas radiales han requerido a la Administración y que el anterior ministro de Fomento quería privatizar con una esperanza de ingresos de 1.000 millones.