Registros de la UCO, imputados, comisiones: el baile no para en el PP pos-Barberá

“Desde que falleció Rita Barberá el asunto está aparcado en Génova, pero no entienden que aquí seguimos teniendo un problema”. La frase es de Isabel Bonig, una alto cargo de la dirección regional interina del PP valenciano, preocupado porque la formación no lograr dejar atrás la herencia de escándalos de corrupción y la exposición mediática derivada de la instrucción de causas pendientes.

La muerte de la exacaldesa de Valencia el pasado mes de noviembre conmocionó a la sociedad española y dejó en 'shock' al Partido Popular. El ataque al corazón de Barberá provocó un debate sobre la presión que se ejerce sobre cargos públicos investigados por la Justicia y puso en una contradicción a los cuadros populares que habían abogado por apartarla hasta que se resolviese su procedimiento en el Tribunal Supremo.

En lo que ha parecido un ejercicio de contrición, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, participó esta semana en un homenaje de la Federación Española de Municipios y Provincias, de la que Barberá fue presidenta.

La relación entre los ediles imputados de Valencia y la dirección de Isabel Bonig es cada vez peor y el grupo municipal sigue hipotecado por la sospecha

Sin embargo, los organizadores del acto de memorial se cuidaron mucho de celebrarlo en la ciudad donde ejerció de alcaldesa durante un cuarto de siglo. Aquí, las cosas son muy distintas. La desaparición de la veterana e histórica dirigente conservadora no ha rebajado ni el celo de las investigaciones sobre hechos ocurridos en sus mandatos al frente de consistorio valenciano, ni las sospechas sobre sus subordinados ni el interés mediático sobre el devenir de los procedimientos judiciales.

Nueve de los diez concejales del grupo municipal siguen investigados por una causa de blanqueo de capitales a la que se ha incorporado el delito electoral por posible financiación irregular de las campañas de Barberá en 2011 y 2015. La dirección nacional en la calle Génova de Madrid decidió abrir un expediente informativo a estos ediles y a Barberá cuando su causa llegó al Supremo por su aforamiento como senadora. La previsión era que tras la renuncia y la fuga al Grupo mixto de la exalcaldesa los ediles fuesen forzados también a renunciar a su acta o pasar al grupo de los no adscritos. El plan quedó frustrado por la sorpresiva muerte de Barberá en el hotel Villarreal de Madrid. Desde entonces nada se ha sabido de aquel expediente. “Ahora ya no está Rita y parece que el tema les queda lejos”, señala la misma fuente.

Sin embargo, hay muchas posibilidades de que estos concejales, muchos de los cuales se sienten víctimas de su propio partido y sus miserias, acaben sentados en un banquillo de los acusados y procesados por blanquear capitales. No porque esté claro que son culpables, sino porque su causa es una de las más desarrolladas y avanzadas en la instrucción. La del blanqueo es una de las patas anexas a una de las seis piezas que surgieron de la llamada Operación Taula y que instruye el magistrado, Víctor Gómez, con el fiscal anticorrupción Pablo Ponce y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, muy activos a la hora de mantener el pulso de las investigaciones.

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A esta pata se ha sumado un nueva pieza secreta en la que se trata de averiguar si también hubo financiación ilegal y malversación de fondos públicos en la campaña de 2007 a través de una mercantil denominada Laterne Product Council (LPC). Esta empresa de publicidad y organización de eventos fue la encargada de ejecutar aquella campaña electoral del PP de Valencia encabezado por Barberá. Anticorrupción investiga si recibió de forma irregular hasta tres millones de euros de contratistas del Ayuntamiento de Valencia y compañías con intereses inmobiliarios en la ciudad, según destapó Valencia Plaza.

Esta pasada semana, agentes de la UCO se personaron en Turismo Valencia y en la Fundación Inndea (ahora Fundación Las Naves), dos entidades vinculadas con el Ayuntamiento de Valencia, en busca de contratos y expedientes relacionados con la trama de Laterne. Los ojos han vuelto a ponerse en el que durante años fue número dos de Barberá, Alfonso Grau. Él ejercía un control directo sobre la gestión municipal y sobre el grupo municipal hasta que tuvo que dimitir por su procesamiento en el caso Nóos y los contratos públicos con en el entramado de Iñaki Urdangarin.

Agentes de la UCO se personaron esta semana en dos entidades del Ayuntamiento de Valencia en busca de pruebas y contratos públicos

Grau, que ha terminado investigado junto con su mujer, María José Alcón, en la pieza de delito electoral y blanqueo, también está al borde del banquillo por otra causa en la que figura como principal imputado. La Fiscalía ha pedido al Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia que procese al exvicealcalde por cohecho y blanqueo de capitales por entender que recibió comisiones en forma de regalos (relojes de lujo) de parte del propietario del Grupo Transvía, Urbano Catalán, quien también ha fallecido muy recientemente.

La pluralidad de causas (están por desarrollar también las de Imelsa y Ciegsa que salpican al expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, y todo su equipo) no auguran buenas noticias a los populares valencianos. La Ciudad de la Justicia de Valencia va a seguir teniendo espacio preferente en periódicos y televisiones mientras la relación entre concejales y dirigentes imputados y la dirección regional del partido sigue enquistada. Bonig no se atreve a actuar por su cuenta y presionar a los concejales de Valencia para que den un paso atrás y pueda regenerarse el grupo municipal para tratar de hacer oposición a la coalición entre Compromís, socialistas y Podemos que encabeza Joan Ribó. Mientras, Génova mira hacia otro lado.