Agente 541, 'empleado del mes' por poner más de 7,5 millones de euros en multas de tráfico

En 2022, el Ayuntamiento de Barcelona registró 981.877 multas de tráfico por valor de 110,77 millones de euros. La capital catalana es la segunda ciudad de toda España que más sanciones impone, por detrás de Madrid. Pero no todos los agentes multan por igual.

Hay 10 que han puesto más de un millón de euros en sanciones. En conjunto, suman más de 33 millones de euros por un total de 289.263 denuncias (el 29,4%), según datos facilitados por el Instituto Municipal de Hacienda al amparo de la Ley de Transparencia.

A la cabeza del club del millón está el agente 541. Este código es inventado, ya que sus datos identificativos han sido anonimizados, pero no lo son sus cifras: 69.840 multas en un año por valor de 7,5 millones de euros. Casi todas las denuncias de este agente fueron por exceso de velocidad y con el apoyo de algún dispositivo. En promedio, cada día del año recaudó 20.629 euros, trabajase o no.

Tampoco es posible conocer el cuerpo al que pertenece cada uno de ellos. Aunque, dados el elevado número de sanciones y los dispositivos utilizados, desde el consistorio barcelonés apuntan a la Guardia Urbana. En concreto, a la Unidad de Denuncias por Imágenes Grabadas (UDIG) de la policía local.

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Este departamento recibe las capturas que llegan desde el radar. “Al validarlas con su número de agente, certifican que te has pasado del límite de velocidad y te ponen la denuncia, porque tienen la prueba objetiva de la cámara”, explica Eugenio Zambrano, portavoz de CSIF de la Guardia Urbana. Para él, estos 10 agentes “tienen que pertenecer” a la UDIG.

El agente 879, en tercera posición, destaca porque fue el que más multó sin ayuda de ningún radar, según el ayuntamiento. Además, por un tique medio superior. Sin embargo, el policía consultado cuestiona estos datos. Su principal objetivo fueron los 9.028 conductores que cazó por saltarse un semáforo en rojo. La sanción: 200 euros. En total, solo por este motivo, más de 1,8 millones de euros. “Esto tiene que ser de las cámaras de los semáforos, que también se envían a la UDIG”, opina Zambrano.

Radares, coches con cámaras, semáforos...

Tras este top 10 de sancionadores, está el agente 352, con 5.635 denuncias a sus espaldas, que superan el medio millón de euros. En casi todas usó el denominado sistema de captación dinámica de infracciones (SCDI), que no es más que un vehículo con cámaras, pero sin logotipos. Su objetivo es perseguir conductas de riesgo en movimiento. Su ámbito territorial son las rondas y las vías de acceso a la ciudad, según fuentes del ayuntamiento.

En total, este coche cazó infracciones por casi 890.000 euros. En su mayoría, por denuncias a vehículos que circulaban por carriles reservados o por no respetar la línea de separación de carriles. En menor medida, por avanzar sin mantener suficiente espacio lateral, conducir de manera injustificada por el arcén o invadir el sentido contrario.

En el listado remitido por el ayuntamiento figura, por encima de todos ellos, el sistema de cámaras Chronos Eco, responsable del control de accesos a las zonas de bajas emisiones. Con más de 16,4 millones de euros en multas en 2022, esta fue la tercera causa de sanción más frecuente, por detrás del exceso de velocidad o el aparcamiento indebido.

Sin embargo, esta primera posición tiene ciertos matices. Las 98.565 infracciones por no respetar las restricciones de acceso no fueron tomadas por un único sensor, sino por toda la red de cámaras instaladas por el ayuntamiento.

Segundo, todas estas multas, y las de los años anteriores, son susceptibles de ser anuladas tras la reciente ratificación, por parte del Tribunal Supremo, de la sentencia que anuló la primera zona de bajas emisiones de la Ciudad Condal, en vigor entre 2020 y principios de 2023. Antes de conocer el fallo, el consistorio había reservado casi 32 millones de euros para hacer frente a la devolución masiva de las multas, según informó El Periódico. La devolución es solo cuestión de tiempo.

¿Los agentes que más multan cobran un plus?

En los últimos años, Barcelona ha multiplicado el número de sus radares de velocidad. A los 17 radares de punto —12 de ellos en entornos escolares— y los cuatro radares municipales de tramo, se unen los 28 nuevos cinemómetros, operativos desde el pasado mes de noviembre.

Por el momento, su objetivo es pedagógico: informar, mediante paneles, de la velocidad del vehículo para que los conductores no pisen el acelerador. Pero estos sensores también guardan datos para analizar los puntos negros de la ciudad y si este sistema es efectivo para pacificar el tráfico. No está previsto que pasen a sancionar, pero tampoco está descartado, reconocen desde el ayuntamiento.

“Creemos que hay un afán recaudatorio en la ciudad de Barcelona con los radares, que van más allá de [reducir] la siniestralidad y van a sangrar al ciudadano”, critica Eugenio Zambrano. En el año de referencia de los datos, el consistorio presupuestó unos ingresos de 62,2 millones de euros solo en multas por infracciones de la ordenanza de circulación. “Una perversión”, según el policía local. De acuerdo con la información facilitada, en 2022 se registraron denuncias por más de 110,7 millones de euros, casi el doble de lo previsto.

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La normativa de la Guardia Urbana no recoge ningún complemento por poner más multas. Y los sindicatos de funcionarios se muestran contrarios a esta medida. “Desde el sindicato, no queremos un complemento de productividad que nos quite nuestra potestad discrecional”, comparte el portavoz de CSIF. Esto sería, a fin de cuentas, un incentivo para multar.
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En este sentido, la actuación del Gobierno municipal “se aleja mucho de la política que debería perseguir un ayuntamiento, que es la de educar, en este caso, al conductor”, opina Zambrano, y “no siempre mediante una política coercitiva”, manifiesta.