El nuevo Ayuntamiento de Barcelona deberá asumir 15 fallos judiciales de proyectos de la era Colau

La decisión de la jueza Montserrat Raga de declarar ilegal la peatonalización de la calle Consell de Cent de Barcelona (dentro del proyecto de la superilla o superisla del centro de la ciudad) y ordenar que se restituya la vía a su anterior estatus ha sido el mayor varapalo que la justicia ha dado a la ya exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Y no es la única actuación de la exregidora que está bajo la lupa de la justicia. Los tribunales deben resolver otros 15 asuntos.

El fallo declara probado que Colau y su Ayuntamiento urbanizaron la calle modificando el Plan General Metropolitano (PGM) sin haberlo hecho legalmente, realizaron las obras sin elaborar un estudio o memoria socio-económica y ambiental, como es preceptivo en este tipo de proyectos, y fragmentaron el proyecto en cuatro expedientes subdividido cada uno de ellos en varios tramos que dan lugar a 20 proyectos ejecutivos, pese a que las obras afectan a una sola vía y a las travesías de la misma.

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Las irregularidades han sido ignoradas por Colau. “No sólo pensamos que se hizo todo correctamente y que se ha de poner recurso a la sentencia. Es que pensamos que son precisas muchas más pacificaciones de calles como la de Consell de Cent para ganar una ciudad saludable y llena de vida, que pueda hacer frente a la emergencia climática”, lanzó la exalcaldesa a través de sus redes sociales. En un pequeño vídeo distribuido señala que “esta causa judicial no es un hecho aislado".

"Nuestro gobierno ha tenido una guerra judicial de determinados lobbies económicos que ha sido un no parar. Al final todas se archivan, pero generan ruido, generan desgaste, intentan imponer esta idea de que hemos hecho mal las cosas porque hemos hecho una transformación valiente de la ciudad que otros no se habían atrevido a hacer”. La exteniente de alcalde Janet Sanz, de quien dependía el área de Urbanismo, reaccionó también con dureza: “Esta sentencia va en contra del sentido común y a favor de la crisis climática”. Igual que Colau, puso el punto de mira fuera de sus responsabilidades: “La Generalitat avaló la tramitación de la superisla de Consell de Cent. No se puede ir contra una transformación que va a favor de la ciudadanía”.

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Ambas esconden que el exjefe de arquitectos del Ayuntamiento, José Antonio Acevillo, las denunció por presunto delito urbanístico, al haber modificado el PGM ilegalmente.

"Incapaz de generar complicidades"

El Ayuntamiento de Barcelona ya ha anunciado que recurrirá la sentencia de un asunto que costó a las arcas municipales unos 40 millones de euros. Los comunes apuntan a que la culpa del fallo judicial es de “grandes empresas vinculadas al turismo y a la especulación inmobiliaria que se pensaban que la ciudad era suya y que no la podríamos cambiar sin su permiso”. Es la excusa que siempre ha puesto Colau para justificar su posicionamiento tanto a la hora de negarse a consensuar un tema como a justificar las decisiones que había tomado.

Pero desde el propio consistorio se razona que no todo es culpa de los otros. “Desmantelar la peatonalización de Consell de Cent es casi imposible. Pero aquí, lo que hubo, fueron malos modos. Se hubiera llegado a la misma conclusión si se hubiese consensuado el proyecto con agentes sociales y económicos. Sin embargo, los responsables del mismo pecaron de soberbia y se saltaron todas las normas legales. De hecho, no es la primera vez que se hace una cosa parecida: se hizo con el Portal de l'Àngel, con la Avenida Gaudí o con la Avenida de la Catedral. En todas se pacificaron las calles y se hicieron peatonales, pero fueron proyectos consensuados con agentes sociales, con vecinos, con gremios, con comerciantes y con plataformas interesadas. En esta ocasión, las cosas se hicieron de diferente manera porque el talante del Ayuntamiento era otro: "Lo malo es que teníamos una alcaldesa con una gran incapacidad para generar complicidades".

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De hecho, Ada Colau ya no está al frente del Ayuntamiento de Barcelona, pero ha dejado una quincena de asuntos judiciales que todavía se han de resolver. El nuevo alcalde, el socialista Jaume Collboni, será el encargado ahora de hacer frente a los mismos.

Proyectos revocados

Los socialistas no ven con malos ojos las superillas (superislas) por las que Colau quería cambiar la fisonomía de la ciudad, cerrando al tráfico grupos de manzanas para disuadir a los vecinos a que cojan el coche. Pero la intención de Collboni es preservar la delicada y racional estructura creada por Ildefons Cerdà y encontrar un equilibrio entre el vehículo y los ciudadanos. Su pacificación pasa por recuperar los interiores de las manzanas (la gran mayoría de Barcelona es una cuadrícula en la que todas las manzanas tienen espacio para zonas ajardinadas en su interior) en lugar de cerrar las calles y ahogar a la ciudad.

En el Ayuntamiento son conscientes de que Barcelona necesita zonas verdes porque eso redunda en beneficio de la salud pública y que una gran urbe no puede ser una productora constante de CO2. Pero esa pacificación de la ciudad se ha de hacer buscando el consenso de todos y generando complicidades. Una de las primeras calles en las que Colau quiso aplicar su urbanismo florido (eliminar carriles al tráfico, dibujando formas geométricas en el suelo para que los ciudadanos utilizasen las calzadas como aceras) fue la calle Pelayo, junto a la plaza de Cataluña.

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EFE

Hace un par de semanas, el nuevo alcalde comenzó el borrado de las pinturas del suelo. Los nuevos responsables municipales observaron que los ciudadanos preferían caminar por la acera (que en esa vía es lo suficientemente ancha), que los carriles hurtados al tráfico no eran utilizados y que la medida provocaba monumentales atascos de tráfico, lo que genera un aumento considerable de contaminación. Se recuperará un carril para los coches, se hará uno para bicis y, cosa que Colau no preveía, habrá zonas de carga y descarga para que el comercio pueda tener servicios.

Es una de las medidas de urgencia que el Ayuntamiento ha tomado. En el área de Parcs i Jardins, donde el polémico conejal Eloi Badia era responsable máximo, la socialista Laia Bonet ha tomado medidas urgentes y drásticas: no sólo ha contratado a un especialista para formar a cuadros directivos en materia de liderazgo y habilidades en gestión de personas, sino que contrató también a un equipo de psicólogos para ayudar en la selección del personal y en las competencias profesionales de los candidatos en los procesos de selección externa y promoción interna del área.

Paralelamente, tuvo que tomar medidas urgentes para paliar los graves déficits de la Concejalía, ya que el material que utilizaban los trabajadores estaba, en gran medida, averiado: La primera medida de Bonet fue comprar tres vehículos comerciales, seis motocicletas, una carretilla elevadora y 20 bicicletas, además de reservar una partida económica para reparación de maquinaria y la compra de recambios, baterías y filtros para los dos próximos años.

A la espera del informe de Seprona

Otro de los problemas que dejó Badia fue una querella contra la empresa pública TERSA, que incinera los residuos del área metropolitana en su factoría ubicada en el linde entre Barcelona y Sant Adrià del Besòs. Durante años, Badia se negó a reunirse con los vecinos que le alertaban de que TERSA emitía partículas cancerígenas. La entidad Airenet presentó una denuncia apoyada por varias asociaciones de vecinos y diversas plataformas ecológicas. Finalmente, el año pasado, la Fiscalía presentó una querella contra el concejal y el jefe de explotación de la planta por presunto delito ecológico.

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A. Fernández. Barcelona

En abril pasado, Seprona fue autorizada por el juez para examinar la factoría y está elaborando un informe sobre la emisión de partículas contaminantes. Conscientes de que el tema es muy grave por no haber tomado medidas cuando los vecinos lo solicitaron, TERSA acaba de contratar al bufete Uría Menéndez por 145.200 euros para defender exclusivamente a los acusados en esta causa. Su cometido es preparar la defensa ante el previsible varapalo de Seprona, que se espera para finales de año o principios de 2024. Badia es actualmente diputado de los comunes en el Congreso.