Puigdemont exige a Llarena que retire el arresto nacional tras el episodio de Ponsatí

A pocos días del episodio desarrollado tras el regreso de la exconsejera catalana Clara Ponsatí, Carles Puigdemont ha presentado un nuevo escrito ante el juez Pablo Llarena en el que exige que se anule el auto que le procesaba por un delito de malversación agravada y desobediencia y se deje sin efecto la orden de detención nacional en su contra. Puigdemont asegura, en concreto, que su inmunidad como eurodiputado le protege frente a la detención y acusa al instructor del procés de restringir de forma indebida "el derecho de representación política, en relación con el derecho a la libertad".

"Esta sala viene avalando detenciones arbitrarias y vulneraciones sistemáticas de los derechos políticos de los representantes políticos catalanes, como han indicado el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas", lanza. El escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial, se presenta solo unos días después de que Ponsatí fuera detenida durante unas horas a su regreso a Cataluña. El expresident y la afectada aseguraron ya entonces que el juez estaba violando la inmunidad.

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Tras pedir que se atienda su demanda, la defensa de Puigdemont que ejerce Gonzalo Boye propone de forma subsidiaria una serie de cuestiones prejudiciales para plantear ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre la inmunidad de los diputados de Parlamento Europeo y la necesaria autorización de esta cámara para emitir órdenes de detención contra sus miembros. Recuerda al Supremo que los Tratados de la UE imponen como una "verdadera obligación" la presentación de estas cuestiones y advierte que, en caso de no hacerlo, se le privará "de nuevo" de su derecho al juez predeterminado por ley que, en este caso, es el TJUE.

Una orden "nula"

El expresident también reprocha al juez que "cuestione" los criterios políticos sobre los que se realizaron determinados gastos públicos en los meses previos al 1-O. Para Puigdemont, es "una clara contravención del principio de separación de poderes porque los criterios políticos han de estar al margen del control judicial como los criterios judiciales lo han de estar del control político". "Tan mala es la intromisión de los políticos en la Justicia como la de los jueces en la política; una y otra actuación solo van en detrimento de los derechos de los ciudadanos", añade.

El escrito insiste en que la orden nacional de busca, captura e ingreso en prisión dictada en su contra es "radicalmente nula". "Y ello, como consecuencia de las inmunidades que tiene reconocidas desde el momento de su proclamación como diputado al Parlamento Europeo por la Junta Electoral Central el 13 de junio de 2019. Estas inmunidades, como es notorio, han venido siendo sistemáticamente violadas hasta el momento por este Tribunal Supremo. En esa vulneración de las inmunidades incurren nuevamente los autos 25 de 12 de enero y 21 de marzo de 2023 del Excmo. Magistrado Instructor, impugnados en el presente recurso de apelación", insiste.

Hace unas semanas, el instructor del procés rechazó todos los recursos presentados contra su decisión de procesar a Puigdemont. El magistrado desestimó las impugnaciones que fueron planteadas tanto por las defensas, menos la de Marta Rovira, como por la Abogacía del Estado y la Fiscalía, y mantiene su decisión inicial.

El expresident también reprocha al juez que "cuestione" los criterios políticos sobre los que se realizaron determinados gastos públicos

El instructor confirmó que las consecuencias de la reforma penal para los procesados son que se mantiene el procesamiento de Puigdemont, Comín y Puig por el delito de malversación de caudales públicos descartando que los hechos encajen en el tipo atenuado planteado en la reforma, mientras que los hechos referidos al derogado delito de sedición solo encajan ahora en el delito de desobediencia.

En ese sentido, el nuevo auto rechazaba la alegación de Fiscalía y Abogacía del Estado de que debería aplicarse el nuevo delito de desórdenes públicos agravados. Aseguraba que esta interpretación obvia que la comparación entre el resultado de aplicar la regulación vigente a la fecha en que los hechos tuvieron lugar y el resultado de abordar el enjuiciamiento conforme a la nueva ley al completo "no ha de ser genérica o alejada de los hechos enjuiciados, sino que debe ajustarse al principio de concreción".

También insistía, como ya hizo en su procesamiento, en que la reforma del Ejecutivo no ha modificado el delito de sedición, sino que lo ha derogado. "Las acusaciones no pueden fraccionar las previsiones de la nueva ley y eludir esta derogación, la aplicación de la reforma comporta una despenalización del artículo que se mostraba aplicable conforme a la legislación anterior", decía. Aplicarles ahora un precepto "de nuevo cuño" solo resulta posible si los requisitos de tipicidad del nuevo precepto estaban ya reflejados como comportamientos punibles en el Código Penal que regía en el momento de los hechos, agrega para concluir que eso no sucede.