La lluvia de regalos en la trama del 3%: ópera, viajes en avión privado y la final de la Champions

La financiación ilegal de Convergència Democrática de Cataluña (CDC), el conocido como caso 3%, alcanzó los 218,8 millones de euros en "licitaciones comprometidas". Así lo recoge la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de acusación, en el que pide que sus herederos, el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT), sean multados con tres millones de euros y 30 personas sean condenadas a penas de hasta 21 años de cárcel. El Ministerio Público relata una financiación "sistemática" y "encubierta" que se extendió por las instituciones catalanas entre 2008 a 2015, una trama en la que algunas empresas no dudaron en agasajar a diversas autoridades con una lluvia de regalos.

Para explicar las corruptelas, Anticorrupción apunta a CDC, a los organismos públicos que controlaba, a diversas empresas y a entidades como CatDem y Forum Barcelona: el partido lograba "la recepción de dinero por parte de empresarios", ellos conseguían "las adjudicaciones ilícitas" de los organismos públicos y las entidades se encargaban del "blanqueo de capitales" para ocultar "su origen ilícito". Los tentáculos llegaban así "a toda la agenda de contratos públicos ofertados por distintas administraciones públicas catalanas bajo el control directo o indirecto del partido", pero, más allá de financiar a la formación, inciden a su vez en los pagos en especie a las autoridades.

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Comidas, reservas de hotel, viajes en avión privado, entradas para partidos de fútbol, invitaciones a la ópera... El análisis de las conversaciones entre los investigadores lleva a la Fiscalía Anticorrupción a concluir que "varias de las empresas favorecidas por la organización criminal investigada no solo realizaban donaciones en favor de CDC, sino que, además, obsequiaron a diferentes responsables de organismos públicos". En el caso del que fuera director de Infraestructuras de la Generalitat (GISA) entre 2011 y 2015, Josep Antoni Rosell, los investigadores sostienen que la situación llegó a tal punto que recibió unos "8.000 euros aproximadamente" en dádivas.

Según advierte el escrito, el objetivo de estos regalos era claro: "Comprar la voluntad de Rosell". El cargo público se acostumbró a este trato especial por parte de empresas como Oproler Obras y Proyectos y, el 12 de marzo de 2012, los investigadores destacan que escribió a uno de sus directivos para solicitarle "entradas para la final de fútbol de la Copa del Rey". Mensajes similares se fueron sucediendo en los siguientes meses para otros partidos y, en octubre de este año, nada más abrirse el concurso para el Instituto Lluis Peguera, los investigadores apuntan a que llegó el momento de devolverles el favor con una cita entre el propio Rosell y el presidente de Oproler.

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Entre los casos más sangrantes, Anticorrupción apunta, además, a la empresa Grup Soler Constructora, que en junio de 2015 invitó a Rosell y a su hijo a "acudir en avión privado (...) a la final de la Champions League entre el F. C. Barcelona y la Juventus". Aquella invitación concreta va más allá de los mencionados 8.000 euros en dádivas, pues las pesquisas han desvelado que solo el vuelo "tuvo un coste total de 39.900 euros". "Dichos regalos se realizaban por los mencionados acusados, en consideración a la función o cargo que Rosell Polo desempeñaba, para que favoreciera los intereses de las distintas empresas que licitaban en concursos públicos", advierte el escrito.

Más allá de Rosell, los investigadores avisan de que otros acusados como el extesorero Andreu Viloca, que se enfrenta a la petición de cárcel más alta con 21 años y cuatro meses, también recibió entradas de fútbol. De hecho, los contactos de algunas empresas como Grup Soler Constructora con los políticos terminaron por ser tan habituales que, según explica el escrito, les pusieron nombres en clave: el exconseller de Justicia Germán Gordó, que se enfrenta a 18 años y 10 meses de prisión, era “Gerardo” o “Gregorio”; el exsecretario económico, Francesc Sánchez Vera, que se enfrenta a un año de cárcel y otro de trabajos, era "Fernando", y el propio Viloca era "Antonio".

A lo largo de 194 páginas, Anticorrupción involucra así a 30 personas físicas y otras 14 jurídicas, además de la propia CDC y el PDeCAT como formaciones políticas. En el caso de esta última, su puesta en marcha no se produjo hasta 2016, un año después del periodo en el que Anticorrupción sitúa las principales irregularidades, pero para incluirla en el escrito de acusación, la Fiscalía se muestra tajante: "La creación del PDeCAT, lejos de corresponderse con el nacimiento de un nuevo partido, vinculado en sus orígenes, pero independiente del partido que lo impulsaba, CDC, fue la mera transformación o cambio de apariencia de una misma realidad".