La Generalitat apoya a Ucrania, pero paga el sueldo a prorrusos de Puigdemont

La Generalitat mantiene a costa del erario público a diferentes personalidades señaladas por posiciones prorrusas o estrechos vínculos con el entorno de Waterloo de Carles Puigdemont. Es el caso del jefe de la oficina del 'expresident', Josep Lluís Alay; la subdirectora de la oficina de Bruselas, Erika Casajoana, o la directora general de la Cataluña Exterior, Laura Costa, entre otros. Pese a que existen evidentes incompatibilidades e interfieren en la política exterior desarrollada por el Govern, que gasta 90 millones de euros anuales en una 'conselleria', se mantienen en sus cargos sin mayores explicaciones. Pere Aragonès, que se ha alineado con España y Europa a favor de Ucrania, prefiere mirar hacia otro lado en aras de la estabilidad de la coalición entre ERC y JxCAT, ya muy tensionada antes del conflicto.

El caso del jefe de la oficina de Carles Puigdemont en Cataluña es el más evidente, pero no el único en una Administración trufada de cargos de confianza cada vez más difíciles de justificar tras la invasión rusa de Ucrania. Que sigan en sus puestos casa poco o nada con la posición oficial ante el conflicto tanto de Aragonès como de su 'consellera' Victòria Alsina: pleno apoyo a Ucrania y un posicionamiento sin fisuras con la diplomacia española y la postura de Bruselas.

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Todo el entorno de Waterloo ha estado jugando con la ambigüedad en la cuestión rusa. El momento más significativo fue cuando Pugidemont se abstuvo en el Parlamento Europeo de dar apoyo a la ayuda financiera a Ucrania. Después de 18 días, sus servicios de prensa dijeron que había sido un error. Estos son los casos más significativos:

Josep Lluís Alay. Su caso resulta muy atípico. Tras haber sido acusado de que los servicios de Inteligencia de Rusia le estaban utilizando para desestabilizar Europa, Alay se fue al Canal 3/24 de la televisión pública y reconoció que se había reunido con personas del espionaje ruso para recabar apoyos para la independencia de Cataluña. Alay aseguró que esa actividad era legal. No lo era. Pese a ello, la Generalitat no investigó sus viajes, ni quién los pagaba, ni cuestionó nunca su función. Es designado por el 'expresident', pero la capacidad de nombrarlo y destituirlo recae en Aragonès. Alay cobra 108.760 euros brutos anuales de la Generalitat.

Erika Casajoana. Es la adjunta a la Delegación de la Generalitat en Bruselas. Se trata de un puesto muy sensible. Preside CATGlobal ASBL, la entidad que recauda fondos para Puigdemont. Un dinero que llega bajo un mecanismo de donaciones legales pero opacas. La Conselleria de Exteriores se ha negado a explicar por qué en su declaración de actividades no aparece ninguna mención a CATGlobal, que además da cobertura legal a la actividad del Consell per la República, entidad que legalmente no existe. Pese a ello, el Consell aspira a desplegar una actividad en política exterior “complementaria a la de la Generalitat”, para lo que anunciaron la creación de un “Ministerio de Exteriores”. La obvia incompatibilidad no es óbice para que Casajoana perciba del erario público catalán 80.635 euros brutos anuales.

El pasado 8 de febrero, Erika Casajoana escribía un artículo en 'El Punt Avui' en el que afirmaba: “Incluso el Parlamento Europeo, supuesto templo de la democracia, hace más caso de las manías persecutorias de Madrid contra catalanes que del resultado de las urnas, acumulando su correspondiente descrédito. No parece haber aprendido la lección porque aprobó un informe sobre las relaciones entre la UE y Rusia que incluía 'fake news' en forma de enmienda socialista. Se pedía investigar supuestas injerencias rusas en el entorno del presidente Puigdemont. Una vez más, el PSOE hizo el doble juego de 'negociar' y perseguir al mismo tiempo. En esta ocasión, arrojando la piedra y escondiendo la mano, porque maniobró a escondidas para que fueran sus socios de Europa Central y del Este los que presentaran una enmienda difamatoria contra una minoría política”.

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Laura Costa. Ocupa una dirección general que se creó a su medida, ya que ella carecía de experiencia diplomática. Cobra 88.243 euros brutos anuales por ser la directora general de la Catalunya Exterior, un cargo en el que ejerce de interlocutora con las casas de Cataluña repartidas por el mundo. Sin embargo, su rol al lado de Pugidemont fue mucho menos folclórico. Fue su primera jefa de prensa. Y durante 2019 presidió una misteriosa entidad sin ánimo de lucro en Luxemburgo, plaza conocida por su opacidad fiscal, que se denominaba Casa de la República ASBL. Ni Waterloo ni la Generalitat han explicado nunca a qué se dedicó este ente. Costa, como Casajoana, depende de la Conselleria de Exteriores, que controla JxCAT

David Goicoechea. 'Mosso' en excedencia reciclado ahora en “responsable de proyectos estratégicos” de la Conselleria de Drets Socials, en donde percibe 64.013 euros brutos anuales como remuneración de la Generalitat. David Goicoechea acompañaba a Puigdemont cuando fue detenido en Alemania. Su hermano, Xavier Goicoechea, ejerce en Bruselas de guardaespaldas de Puigdemont, quien le nombró asesor en el Parlamento Europeo, en una decisión con pocos precedentes. La 'consellera' de Drets Socials, Violant Cervera, también es de JxCAT.

Míriam Santamaría. La asesora de prensa del vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, también de JxCAT, dice que solo ejerce de jefa de prensa de Puigdemont y del Consell per la República en sus días festivos y en su tiempo de ocio. Por esta curiosa conciliación, cobra 66.240 euros brutos anuales de dinero público. Desempeña este doble rol en la actualidad, sin que a nadie en la Generalitat le parezca extraño ni incompatible.