La Generalitat retrasa 35 veces más energía renovable de la que impulsa con su nuevo decreto
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IMPULSARÁ 19 PROYECTOS

La Generalitat retrasa 35 veces más energía renovable de la que impulsa con su nuevo decreto

“Hemos de llegar al 2030 con una reducción de las emisiones de CO₂ del 50%”, ha justificado la consejera

Foto: Un parque eólico. (EFE)
Un parque eólico. (EFE)

La Generalitat retrasará con su nuevo decreto de renovables más potencia de generación renovable proyectada de la que se verá agilizada en un primer momento, según ha reconocido hoy la 'consellera' de Agricultura i Acció Climàtica, Teresa Jordà. Jordà ha destacado que así se impulsarán 19 proyectos de 5 MW, considerados “cooperativos, locales y de proximidad”. Pero al mismo tiempo se obligará a proyectos de renovables que suman 3.500 MW que ya estaban en trámite volver comenzar. Es decir, en potencia proyectada los retrasos superan en 36 veces lo que en teoría se va a impulsar con la nueva legislación. La Generalitat dice tener prisa para dar un empujón a las renovables, pero en la práctica hace lo contrario.

La Generalitat ha aprobado este martes el cambio de decreto para un cambio en la hoja de ruta del país, como se presentó la semana pasada. “Hemos de llegar al 2030 con una reducción de las emisiones de CO₂ del 50%”, ha justificado Jordà, quien ha añadido que hay “12 GW en trámite que suponen lo mismo que toda la electrificación de Cataluña. Y de ellos solo 3,5 GW son renovables”.

Jordà ha destacado que el nuevo proyecto desencallará 19 proyectos de 5 MW, lo que empodera a la ciudadanía obligando a los grandes grupos a ofertar el 20% del proyecto a personas físicas y también empresas locales. “Es un modelo propio catalán, distribuido y democrático”, ha anunciado la 'consellera'. Pero esta obligación de ofertar el 20% solo la tendrán los grandes promotores y no los pequeños, lo que hará que los trámites para los primeros sean mucho más largos que para los segundos.

Foto: La 'consellera' de Agricultura de la Generalitat, Teresa Jordà. (EFE)

“Este decreto no va en contra de nadie. Busca un carril central de acuerdo y da prioridad a los centros próximos al consumo, pero esta transición la hemos de hacer entre todos, no se puede hacer solo en unas comarcas y no en otras”, ha argumentado la 'consellera'.

“No podemos hacer una transición como esta con el territorio incendiado y hemos encontrado el apoyo de las federaciones de municipios”, ha asegurado Jordà, que además ha garantizado que “se hará compatible la soberanía energética con la soberanía alimentaria”.

Apuesta por el tamaño medio

La modificación del decreto ley incluye la incorporación de medidas e instrumentos para dar prioridad a instalaciones de energías renovables de pequeño y mediano tamaño, y para que todos los proyectos de energía eólica y fotovoltaica se desarrollen con el acuerdo del territorio, de forma que se minimice su impacto territorial y social.

Para construir un modelo cohesionado y democrático se establecen mecanismos para facilitar la participación social en los proyectos

Asimismo, el texto da prioridad a la ocupación de las cubiertas de las edificaciones, aumenta la disponibilidad de suelo al añadir los suelos urbanizables, tanto los desarrollados como los no desarrollados, así como los espacios agrarios en desuso e introduce criterios de protección del suelo agrícola basados ​​en la Ley de Espacios Agrarios, considerándose el impacto acumulativo como un factor a considerar en la autorización de cada proyecto.

Modelo más cohesionado

Con el fin de construir un modelo más cohesionado territorialmente, democrático y participado, se establecen mecanismos para facilitar la participación social en los proyectos de energías eólica y fotovoltaica y garantizar el diálogo con el territorio. En los proyectos de más de 5 MW, será necesario acreditar el acuerdo o el compromiso de disponibilidad del 50% de los terrenos privados sobre los que se proyecta la instalación y que se ha presentado una oferta de participación local, que debe consistir a ofrecer la posibilidad de participar, al menos en un 20% de la propiedad del proyecto o de su financiación, a las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, radicadas en el municipio y la comarca en el que se pretende ubicar la instalación.

Por último, se determina que las zonas urbanas que no sean capaces de generar un 50% de la energía que consumen tendrán que compensar las zonas generadoras, y se crea la mesa de diálogo social de las energías renovables para estudiar e identificar las medidas de compensación, algo que no tiene precedentes ni en el sector ni en España.

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