El Gobierno se guarda dos bazas para bajar la luz tras reducir el hachazo a las eléctricas

El Gobierno aprueba este martes un nuevo real decreto-ley para clarificar el recorte a las eléctricas, además de añadir otros 100 millones de euros para consumidores vulnerables y reforzar el bono social, que protege a los usuarios que sufren pobreza energética.

Dicha clarificación permitirá a las empresas eléctricas que demuestren que firman contratos que no aprovechan la subida del mercado mayorista (en récord histórico desde hace meses) eludir la minoración de sus ingresos. El objetivo del Ministerio para la Transición Ecológica, reconocen fuentes al tanto de su situación, nunca fue recortar una sobrerretribución que no se hubiera producido, de ahí que ahora clarifiquen este mecanismo con una norma con rango de ley.

Sin embargo, reconocen que el departamento que dirige la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, hizo una previsión de ingresos a través de ese hachazo, principalmente a Iberdrola y Endesa, que ahora se puede ver muy reducido. Es decir, que la previsión es que no se logren 2.600 millones de euros —como se calculó en septiembre— con los que pagar la suspensión del 96% de los cargos (partida que incluye las primas a las renovables, la generación extrapeninsular o el pago de la deuda histórica) en la factura de la luz. Eso sí, habrá unos requisitos de transparencia para las empresas que no serán coyunturales sino estructurales. Eso implica que a partir de ahora el regulador dispondrá de una información de la que antes no disponía. Sabrá de primera mano cómo son los contratos que firman las eléctricas con sus clientes.

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La ley del sector eléctrico no permite actualmente generar más déficit (tiene una deuda histórica aún de alrededor de 15.000 millones), con lo que el Ejecutivo tendrá que ideárselas para cubrir el pago de los cargos de 2021 que no llegue con la minoración de 'windfall profits' (beneficios caídos del cielo) a las eléctricas. Sin embargo, hasta noviembre de 2022, la CNMC no hace la liquidación definitiva de este ejercicio, con lo que aún podrán esperar para tener más claro de qué nivel es la reducción del recorte a las energías hidráulica, nuclear y renovables. Se estima que la rebaja del recorte sea de más de un tercio. Las compañías, sin embargo, aseguran que prácticamente toda su producción está vendida sin pasar por el 'pool', lo que dejaría la minoración muy descafeinada.

Será en ese momento cuando el Gobierno tenga algo que decir, ya con la información en la mano. Las alternativa más evidente que maneja en este momento es cargarlo contra los Presupuestos Generales del Estado. Pero aún faltaría un año para tener que tomar esa decisión, con lo que muy probablemente no se detalle nada en el corto plazo. Además, así se evita que su socio de gobierno, Unidas Podemos, considere dicho movimiento un paso atrás ante las empresas eléctricas.

El escenario, no obstante, es diferente al de este verano. La traslación de costes energéticos por parte de las eléctricas a sus grandes consumidores ha motivado que la industria anuncie paros por los altos precios de la energía, que a su vez se traducen en ERTE. Esta situación está suponiendo una gran preocupación para los sindicatos, con lo que la presión ante la opinión pública de Podemos por la factura de la luz puede disminuir toda vez que Yolanda Díaz, máxima mandataria de Unidas Podemos dentro del Gobierno, es la ministra de Trabajo y no le interesa tener un conflicto con los sindicatos en este momento.

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Además, cubrir con presupuestos parte del déficit del sistema eléctrico es una de las soluciones que ve con buenos ojos Bruselas y que en su día defendió el Partido Popular, lo que descargaría de presión política al Gobierno. La mayor reticencia se podría dar desde Hacienda, que perdería margen de maniobra a la hora de elaborar las cuentas públicas y engordaría el déficit que fiscaliza la Unión Europea.

Tirar del Recore si no llega

Aun así, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez se comprometió a mantener la luz en el mismo nivel que en 2018 y la suspensión de los cargos podría no ser suficiente. El otro as que guarda en la manga el Ejecutivo es tomar parte de la liquidez que cobran las energías renovables en régimen específico (las que cuentan con prima a la inversión). Aunque su retribución está regulada, en realidad cobran del mercado mayorista a los elevados precios actuales (el 'pool' está en más de 200 euros MWh, cuando habitualmente se sitúa en torno a 50 euros MWh). Lo que hace la regulación es recalcular su rentabilidad cada tres años.

Si el conocido como Recore (primas a renovables, cogeneración y residuos) ha cobrado más del 7,3% de rentabilidad por la inversión, se les reduce la vida útil, que abarca hasta 25 años, con lo que si tienen una exceso de retribución cobrarían la misma prima pero durante menos tiempo. Eso les permite entrar antes en mercado libre. Si se toma parte de sus ingresos, no se afecta a su rentabilidad, pero sí se alarga su vida primada y entran más tarde a cobrar del mercado libre, lo que les impediría cobrar esos ingresos adicionales. En este punto, se debe tener en cuenta que los bajos precios del mercado mayorista en 2020 también generaron unos ingresos más reducidos de lo normal.

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Esta solución no es inocua. Gusta a Endesa, que no se ve afectada, pero no tanto a Iberdrola o Acciona, que sí les impactaría. No gusta tampoco a la Abogacía del Estado, que trata de defender la posición de España por el recorte a las renovables de hace una década, por el cual hay decenas de arbitrajes contra el Reino de España. Una medida así jugaría en su contra. Pero, pese a todo, es el mecanismo más claro que puede accionar el Gobierno de aquí a fin de año para rebajar la factura de la luz y lograr la promesa —cada vez más difícil— de mantenerla al nivel de 2018.