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La presión judicial al soberanismo servirá a la Generalitat de termómetro para el diálogo
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El soberanismo espera gestos

La presión judicial al soberanismo servirá a la Generalitat de termómetro para el diálogo

El Tribunal de Cuentas y el juicio abierto en el TSJC contra una treintena de altos cargos por el intento de sedición del 1-O son las causas más inmediatas

Foto: El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. (EFE)
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. (EFE)
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La Generalitat ya tiene su termómetro para valorar los primeros paso de la mesa de diálogo que arrancará la semana del 13 de septiembre, seguramente el viernes 17 de este mes: si baja la presión judicial sobre las causas inmediatas que tiene abiertas el independentismo, la cuestión podrá evolucionar de manera favorable. Entre los casos que más les preocupan, se encuentra la causa contra una treintena de altos cargos por el intento de sedición de octubre de 2017 que se juzgará en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que se instruyó en el juzgado número 13 de Barcelona. En esa causa está procesado el diputado Josep Maria Jové (ERC), entre otros altos cargos. También es una situación similar la que se vive en el Tribunal de Cuentas y su exigencia de avales millonarios a los encausados por el 'procés'.

Fuentes de la Generalitat explican que esperan una rebaja de la presión judicial en estos frentes como un gesto de buena voluntad que permitirá calibrar las verdaderas intenciones de Pedro Sánchez y su Gobierno en la mesa de diálogo.

Por eso, confían que en estas primeras reuniones se constituyan diversos grupos de trabajo y que uno de ellos analice cuestiones que afecten a la actividad judicial contra el independentismo. No es que no se valoren los indultos, es que hay muchos encausados que no pueden beneficiarse.

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en junio. (EFE) Opinión
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Precisamente ayer el Gobierno, a través del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, anunció que por ahora se aparcaba la reforma del delito de sedición, una de las fórmulas que se barajaban para rebajar esa presión judicial. En la Generalitat, son conscientes de que no hay fórmulas sencillas y de que el problema es complejo. También de que el Gobierno tiene un margen limitado, dada la separación de poderes que hay en cualquier democracia.

Los primeros compases de la mesa de diálogo son los más importantes, porque hasta noviembre, ERC y JxCAT seguirán teniendo su influencia en el Congreso, ya que podrán dejar sin apoyo a los Presupuestos Generales del Estado para 2022. Por eso Pere Aragonès ha amenazado con “momentos de choque” si no se visualizan avances en la mesa de diálogo. Una vez que Pedro Sánchez haya obtenido el respaldo a sus nuevas cuentas públicas, la posición del independentismo será más débil.

El soberanismo catalán también empieza a rebajar sus pretensiones con vistas a la mesa de diálogo. El llamado pacto para la autodeterminación y la amnistía ya no se cerrará antes de que se reúna la mesa de diálogo, el 16 o el 17 de septiembre. Ahora se irá negociando en paralelo, a la vez que avanzan las conversaciones con el Gobierno central.

La denominada mesa estratégica, que debía fiscalizar la mesa de diálogo, tampoco se creará por el momento. En parte, por las críticas que está llevando a cabo JxCAT, que lleva días socavando la credibilidad de esta vía que han abierto Pere Aragonès y ERC.

Solo 'consellers'

Aragonès ya ha informado a JxCAT de que solo quiere 'consellers' sentados a la mesa de diálogo, según apuntan fuentes del Palau de la Generalitat. Los representantes de la Generalitat podrían ser anunciados durante los próximos días. JxCAT quisiera una perspectiva más amplia, lo que podría dar entrada a personas cercanas a Carles Puigdemont, como es el caso de Elsa Artadi, por ejemplo.

Las críticas de JxCAT al diálogo son muchas, pero Aragonès se muestra confiado en avanzar

JxCAT sigue criticando de manera abierta la mesa de diálogo. Pero Aragonès espera que este fin de semana el Govern cierre filas con su posición. Para eso, el presidente de la Generalitat se lleva a los 'consellers' de retiro a la zona volcánica de la Garrotxa, a la Vall d’en Bas, donde los 'consellers' y secretarios generales permanecerán reunidos todo el próximo sábado para preparar el nuevo curso político. El partido JxCAT lanza puyas contra la mesa de diálogo, pero los 'consellers' del mismo partido mantienen un respetuoso silencio. El Ejecutivo catalán se muestra cohesionado, como se demuestra con la ampliación del aeropuerto de El Prat. Y Aragonès pretende que siga así.

Calendario y dinámicas

En estos primeros compases de la mesa de diálogo, además de la presencia de Pedro Sánchez y de que se pueda aligerar la presión judicial, la Generalitat también espera una actitud proactiva hacia el diálogo. Eso implica pactar calendarios, grupos de trabajo y dinámicas de la negociación, que se prevé larga. Una de las claves es la frecuencia de los encuentros. La Generalitat quiere que sean mensuales. El Gobierno de Pedro Sánchez desea espaciarlos más en el tiempo.

En todo caso, a finales de año se verá cómo evoluciona la mesa de diálogo. El programa de máximos de la Generalitat —autodeterminación y amnistía— se apunta complicado para que la negociación avance. Y la pretensión del PCC de que todo se solvente con una reforma del Estatut también parece muy difícil.

La Generalitat ya tiene su termómetro para valorar los primeros paso de la mesa de diálogo que arrancará la semana del 13 de septiembre, seguramente el viernes 17 de este mes: si baja la presión judicial sobre las causas inmediatas que tiene abiertas el independentismo, la cuestión podrá evolucionar de manera favorable. Entre los casos que más les preocupan, se encuentra la causa contra una treintena de altos cargos por el intento de sedición de octubre de 2017 que se juzgará en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que se instruyó en el juzgado número 13 de Barcelona. En esa causa está procesado el diputado Josep Maria Jové (ERC), entre otros altos cargos. También es una situación similar la que se vive en el Tribunal de Cuentas y su exigencia de avales millonarios a los encausados por el 'procés'.

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