La ampliación de El Prat provoca el enfado de los ecologistas y crea dudas en la UE

La ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat anunciada por el Gobierno este lunes ha provocado la crítica de los grupos ecologistas, mientras que desde la UE recuerdan que el Ejecutivo necesita primero el visto bueno de la Comisión Europea. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se ha comprometido a que el impacto en el medio ambiente sea mínimo, pero sus palabras no suenan convincentes entre los activistas verdes. “Esta visión de la movilidad se sitúa en el extremo opuesto al modelo hacia el que necesitamos transitar en el contexto de emergencia climática en el que nos encontramos”, apuntan desde Ecologistas en Acción.

AENA ha propuesto una ampliación de medio kilómetro de la tercera pista del aeropuerto, lo que tendría graves efectos directos en el estanque de La Ricarda, en el Delta del Llobregat, un espacio natural protegido por la red Natura 2000. Esta decisión concreta no es definitiva, porque, como han recordado desde Bruselas, primero ha de recibir la luz verde de la Comisión Europea, debido a la mencionada protección al estanque. Después llegaría el acuerdo pertinente entre Moncloa y la Generalitat, antes del fin de septiembre.

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Según recoge EFE, la portavoz comunitaria Vivian Loonela ha confirmado que la Unión está pendiente de “cuál es la situación”, y ha recordado que los estados miembros están obligados a realizar estudios de la influencia ambiental “en relación con los proyectos que puedan tener un impacto sobre las aguas, la tierra o los hábitats naturales”.

De hecho, en febrero la Comisión abrió un procedimiento al Gobierno por la negligencia en la protección del delta. “Tenemos un procedimiento de infracción abierto y debemos cerrarlo correctamente”, reconoció Teresa Ribera este martes desde la Moncloa. Defendió que su obligación es que el proyecto “sea cumplidor con los elementos ambientales que deben respetarse en el desarrollo de cualquier infraestructura”.

El recelo europeo se alinea con las críticas de los grupos ecologistas, entre ellos Greenpeace. La ONG denuncia la “incoherencia climática” del Gobierno, ya que para ellos este proyecto es “incompatible con la reducción de emisiones”.

El acuerdo firmado entre el Ejecutivo central y el catalán, que alcanza los 1.700 millones de euros, incluye una planificación previa e “informes de impacto ambiental”. Esto se suma a la inversión de 1.600 millones en Barajas, algo que para la organización ecologista evidencia “la falta de compromiso en el desarrollo de un modelo de transporte limpio y eficiente” del Gobierno.

Los ecologistas exigen paralizar el proyecto

El responsable de la campaña de Movilidad de Greenpeace, Adrián Fernández, lamenta que la ampliación “incrementará aún más las emisiones contaminantes”. Asimismo, critica la hipocresía de ambos gobiernos por presumir de su supuesta “voluntad para luchar contra la emergencia climática”, ya que cree que los dos “saben que están aprobando un ataque medioambiental”. Defiende que “ningún aeropuerto es verde”, porque “el sector aéreo depende al completo de combustibles fósiles y su descarbonización es inviable a corto y medio plazo”.

Por su parte, Ecologistas en Acción ha pedido que se cancelen las ampliaciones tanto de El Prat como de Barajas porque “son incompatibles con los compromisos climáticos” y “de ninguna manera pueden ser sostenibles”. Es una reclamación formal que hacen de la mano de otras 114 plataformas sociales, vecinales y ecologistas. Destacan los efectos negativos que tendrían las obras sobre La Ricarda, y afirman que pondrían en peligro “el sistema de acuíferos que garantiza el consumo de agua potable del área metropolitana y el buen estado de los espacios naturales y agrarios del Delta del Llobregat”.

El portavoz de la confederación en el Baix del Llobregat, Jaume Grau, cree que “cualquier ampliación” tiene efectos negativos en el medio ambiente, y piensa que la zona “no puede permitirse ni un metro más” de invasión de los espacios naturales o agrícolas. Recuerda que “el cambio climático es una amenaza muy seria, más de lo que creíamos al principio, y las consecuencias no son solo para los ecosistemas, sino también para las sociedades”.

Asegura que, en política verde, el Gobierno actúa de forma hipócrita. “¿De qué sirve la declaración de emergencia climática o ir todos los años a las cumbres del clima y colgarse las medallas si luego llevan a cabo políticas expansivas?”, critica Grau. Además, señala que los ecologistas, como los científicos, fueron excluidos de la mesa de debate del Govern, y que la ministra Raquel Sánchez ha ignorado “a la ciencia, a los movimientos sociales y a los ayuntamientos”. Cree que esta última “solo ha escuchado a quienes quería escuchar”, rigiéndose por motivos “de interés económico”.

El Gobierno resta importancia a las críticas

Tras el Consejo de Ministros de este martes, la vicepresidenta Teresa Ribera, responsable de Transición Ecológica, manifestó en rueda de prensa su compromiso con “el cumplimiento de las obligaciones ambientales”. Ha destacado que el Gobierno debe “dar respuesta a la Comisión Europea adecuadamente”. Además, ha celebrado que Puignerò, el número dos de Pere Aragonès, manifieste “un compromiso con la agenda verde”.

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EFE

La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha calificado el pacto con el Govern como “una noticia muy positiva” que convierte a España en un “lugar de referencia en la movilidad internacional”, creando además “85.000 empleos y 365.000 indirectos”. Sobre las críticas de los actores locales y ecológicos, ha recordado que aún está “en fase de proyecto, con trámites de sostenibilidad y de requisitos medioambientales”.

Paradójicamente, Ribera ha defendido también -en referencia al plan de acción en materia de educación ambiental para la sostenibilidad- que “una sociedad informada es exigente y entiende el valor de la naturaleza, de los ecosistemas y la sostenibilidad, pero también el coste de la pérdida y las amenazas”.