EL ÚLTIMO GRAN NEGOCIO DE LA SANIDAD CATALANA

Cataluña externaliza el rastreo de casos de covid y sus contactos a dedo por 18 millones

El Govern ha externalizado el servicio sin contar con los sanitarios de la comunidad. La compañía beneficiada es Ferroser Servicios Auxiliares, empresa de la división de servicios de Ferrovial

Foto: Un miembro de los servicios médicos toma la temperatura al presidente de la Generalitat, Quim Torra. (EFE)
Un miembro de los servicios médicos toma la temperatura al presidente de la Generalitat, Quim Torra. (EFE)
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Prácticamente 17,7 millones de euros. Eso es lo que se llevará una filial de Ferrovial por hacer un seguimiento de los contactos positivos de coronavirus en Cataluña. El Govern ha externalizado al margen del sistema sanitario de la comunidad una herramienta fundamental para controlar los rebrotes. El pasado viernes, aprovechando uno de los decretos leyes de la emergencia sanitaria, la Generalitat echó mano de sus prerrogativas y concedió a dedo el voluminoso contrato.

Se trata del expediente CE 133-2020, que lleva el código interno 79511000 y que fue adjudicado acogiéndose el concepto de 'compra de emergencia'. El contrato dependerá de la empresa pública Sistemes d’Emergències Mèdiques SA (Semsa) y tiene la consideración de negociado sin publicidad. Es decir, a dedo. La descripción de la prestación es el “servicio de seguimiento de los contactos positivos mediante 'scouts”.

El término 'scouts' quiere decir que son rastreadores, o sea, “los que buscarán, con ayuda de la 'app' los contactos y el seguimiento de los contagios que pueda haber hecho un infectado”, explica a El Confidencial una fuente próxima al contrato. Esta fuente señala que para ese cometido se contratará a 182 personas de perfil técnico medio y superior. El contrato desde Semsa y no desde la atención primaria, que es la que debería controlar los seguimientos a los infectados.

La compañía beneficiada es Ferroser Servicios Auxiliares, empresa de la división de servicios de Ferrovial. Fuentes de Ferrovial justificaron el contrato señalando que la división de servicios del grupo, en la que trabajan unos 8.000 empleados en toda España, ofrece tareas de limpieza, pero también de ambulancias, mantenimiento de instalaciones médicas o de llamadas.

La resolución de Semsa recuerda y detalla las circunstancias derivadas de la pandemia y de los decretos mencionados, que dejan al albur de la Generalitat la potestad de contratar determinados equipamientos o servicios directamente amparándose en la emergencia sanitaria y sin pasar por los controles habituales.

Señala también esa resolución que “este procedimiento determina una serie de medidas entre las cuales se incluye que cualquier persona asintomática que cumpla la definición de contacto estrecho de un caso confirmado deberá ser informada y se iniciará su seguimiento de forma pasiva, haciéndole las recomendaciones oportunas respecto a las precauciones de higiene respiratoria y lavado de manos y síntomas de alarma de la enfermedad”.

El documento añade que “en las situaciones que se considere idóneo, se puede reforzar la vigilancia llamando a los contactos a la mitad del periodo (día 7) y al final del periodo de cuarentena (día 14)”. También detalla que “la resolución dejará constancia de que se adopta al amparo de este Acuerdo del Govern y del Decreto Ley 6/2020 de 12 de marzo, de medidas urgentes en materia asistencial, presupuestaria, financiera, fiscal y de contratación pública. No es necesaria la certificación de existencia de crédito suficiente. En el caso de que no existiese este crédito, de acuerdo con el artículo 120.1 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, se procederá a su dotación una vez adoptada la resolución, de conformidad con lo que establece la Ley de Finanzas Públicas”.

El documento, firmado por el gerente de Semsa, Antoni Encinas, reseña a continuación que la empresa propuesta “para resultar adjudicataria del contrato de emergencia” cumple los requisitos de capacidad y solvencia necesarios y no está incursa en la prohibición de contratar. La duración de la labor que ha de realizar es de un año y la propia resolución especifica que “los trabajos encargados se han de iniciar inmediatamente y, en cualquier caso, no más tarde de un mes desde la comunicación”.

Fuentes de la Consejería de Salud admitieron a El Confidencial que el Gobierno catalán ya tiene en marcha una 'app' para móviles con el objetivo de realizar el seguimiento de la evolución de la pandemia. “La ciudadanía se podrá descargar la 'app' y, después de un sencillo proceso de acreditación, controlar su estado de salud sin tener que salir de casa, manteniendo el confinamiento y sin tensionar los servicios sanitarios”, informa oficialmente la Consejería de Salud.

Esta aplicación ayuda a las personas que tienen algún síntoma específico de covid-19, como fiebre, tos, malestar o dificultades respiratorias. El sistema de salud recibe la información y, dependiendo de los síntomas y su gravedad, activa un servicio u otro (desde el Sistema de Emergencias Médicas a la atención primaria). Asimismo, permite realizar un seguimiento en el tiempo de los pacientes, con lo que obtendrá un mayor conocimiento sobre la evolución de la pandemia.

En cambio, no despejaron las dudas sobre el contenido del contrato a Ferroser ni explicaron en qué consiste el seguimiento por el sistema 'scout'. Tampoco respondieron desde la Generalitat a las preguntas de este diario sobre las condiciones que tiene el encargo, a cuánta gente movilizará y si tiene algún componente tecnológico.

Fuentes del sector señalan a este diario que “se monitoriza por zonas geográficas. La aplicación detecta los contactos que un ciudadano pueda haber hecho e inmediatamente deriva la información hacia un centro de atención primaria. Ahora, Google ya ha introducido una aplicación para conectar el móvil vía Bluetooth. En Corea del Sur, por ejemplo, hicieron servir la aplicación para controlar a la población, pero en Europa se desató el debate sobre la privacidad de los datos y se desistió de hacer lo mismo”.

Las fuentes consultadas por El Confidencial manifestaron su sorpresa por el monto total de la adjudicación. “Pudiera haber una circunstancia que encareciera el encargo, como la utilización de los programas que pueden predecir dónde está la gente que contagia, que utilizan grandes algoritmos, pero no parece ser este el caso. Además, tanto por cuestiones legales como operativas, esos programas no pueden utilizarse. La cifra que se paga por eso, pues, parece muy exagerada, teniendo en cuenta que parece que es solo para personal y que ese personal no es de los mejor pagados".

Y otra remata: “Para una 'app' de ‘contact tracing’, hay compañías de reconocida solvencia que pueden desarrollar los sistemas por menos de un millón de euros. Habría que estudiar muy bien qué más ofrecen, pero está muy lejos del importe de 17,7 millones”. Esta fuente indica, asimismo, que “en cuanto a la identificación ‘inteligente’ de focos tempranos y planificación de test dirigidos, hay mucho por hacer y dudo mucho que sin unos grupos de investigación potentes en la materia lo que puedan ofrecer vaya más allá de estrategias simples cuya implementación no debería tener tampoco ese coste”.

Esta semana, el Govern también anunció la creación de un programa de salud pública para reforzar la lucha contra el coronavirus. Este programa prevé la contratación de 108 profesionales que estudiarán epidemiológicamente los casos, identificarán los contactos y harán su seguimiento. “De los 108 profesionales, se contratarán 37 con la titulación específica de Medicina, 51 de Enfermería, 18 serán efectivos del Cuerpo Superior de la Administración y del Cuerpo Administrativo”.

Entre sus funciones, según la consejería, están “la identificación y aislamiento de los casos confirmados y no confirmados, el seguimiento de los contactos estrechos, la detección precoz de los contactos que se transforman en casos y el monitoreo del impacto de la pandemia”. La Consejería de Salud no ha contestado a este diario sobre cómo se solapa eso con el contrato con la filial de Ferrovial.

Polémica por el coste de las líneas

Ferrovial ya estuvo envuelta en polémica los últimos meses por cobrar hasta 14 euros por hora a los usuarios del 061. Por una cuestión de imagen, tuvo que dejar de cobrar por ello. El debate sobre el teléfono sanitario fue iniciado por el eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas, que denunció ante la Comisión Europea que el servicio público de la sanidad de Cataluña (o sea, el teléfono 061 y el 112) cobraba a los usuarios por cada llamada. A causa del colapso en las líneas, se hacía esperar hasta casi una hora a los usuarios que utilizaban el servicio. Y eso podía suponer un coste de 14 euros, que era lo que cobraban por hora de conversación.

Cañas advirtió de que las llamadas por la crisis se triplicaron y que el cobro vulneraba los principios comunitarios. Lamentaba también que la Generalitat hiciese “negocio con la salud de los catalanes anteponiendo el afán recaudatorio a los intereses de los ciudadanos”. Ese teléfono depende de Semsa, la empresa que ahora ha contratado a dedo a Ferroser.

Inmediatamente tras la denuncia en Europa (y con el estado de alarma ya en vigor), el presidente de la Generalitat, Quim Torra, reculaba y anunciaba la gratuidad de los teléfonos públicos, pero abría una nueva línea para terminar con el 'cuello de botella' telefónico: en vez de aumentar el personal de las dos líneas existentes, establecía el 012 como alternativa para acabar con el colapso de los otros teléfonos. El 012 era, también, de pago.

Fuentes de Ferrovial explican a El Confidencial que la decisión de cobrar o no las llamadas depende de la Administración y que el dinero se va a ella. “Nosotros nos limitamos a poner las máquinas y el personal. Pero queremos subrayar que tras el inicio de la crisis, el volumen de llamadas al 061 se multiplicó por ocho, por lo que era imposible gestionar tal aumento de demanda. Por ello contratamos a más de 100 personas en todos los ‘call centers’ que tenemos y tardamos unos días en normalizar el servicio. Por la urgencia y por mucha gente que quieras contratar, no puedes absorber la demanda”.

En junio pasado, toda la oposición votó en el Parlament a favor de que el 061 fuese gratuito. Pero JxCAT y ERC votaron en contra de esa medida, por lo que la propuesta fue rechazada. Y la decisión parlamentaria sirvió para que la compañía pudiese seguir haciendo caja.

Ferrovial mantuvo la exclusividad del contrato del 061 desde 2015. En 2017, tras el escándalo el caso Palau en el que se descubrieron los pagos de esta firma a Convergència a través del Palau de la Música, perdió algunas de las contratas, pero siguió manteniendo el suculento contrato del 061, renovado por el entonces consejero de Salud, Toni Comín, hoy fugado en Waterloo. En total, Ferrovial se ha embolsado casi 50 millones de euros por el servicio de la atención telefónica desde que se hizo con él.

Cataluña

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