Torra cambia por sorpresa un decreto y deja a 10.000 trabajadores al borde del paro

Un total de 10.000 trabajadores del sector de la educación de Cataluña pueden quedarse sin empleo durante los próximos días tras un decreto sorpresa del gobierno de Quim Torra que modifica otro decreto aprobado hace tan solo seis días. Se trata del personal que presta sus servicios en los comedores escolares de centros públicos, a quienes se había asegurado su continuidad pero que, de repente, se ha quedado fuera de las medidas de amparo gubernamentales y expuestos a expedientes de regulación de sus respectivas empresas.

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El pasado día 19 de marzo, la Generalitat de Cataluña publicaba el decreto 7/2020 con el que suspendía la ejecución de los contratos de centros educativos y edificios y equipamientos públicos de Cataluña ante el estado de alarma del Gobierno central. Pero señalaba que “la suspensión de la ejecución de estos contratos comportará el abono al contratista, por parte de la Administración contratante, de los importes correspondientes a los gastos salariales del personal adscrito al contrato, los gastos correspondientes al mantenimiento de la garantía definitiva y de las pólizas de seguros que se hubiesen suscrito por obligación contractual”.

En otro punto del decreto señalaba que “la suspensión de ejecución de los contratos por aplicación de este decreto ley en ningún caso se podrá considerar un motivo para la aplicación de expedientes de regulación de empleo”. Y en otro párrafo añade que “para garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo adscritos a los contratos citados, con el objetivo de no afectar, con carácter general, a la actividad económica y la estabilidad de los empleos, el Govern autoriza a los órganos de contratación a abonar en concepto de pago anticipado, a cuenta del precio del contrato, un importe igual a la última certificación de obra o factura del contrato de servicio o asistencia”.

La medida afectaba al personal de transporte escolar, traducción de lengua de signos, comedor escolar, limpieza, seguridad, jardinería...

La medida afectaba, según se especificaba, al personal de transporte escolar, traducción de lenguaje de signos, comedor escolar, limpieza, seguridad, jardinería, monitoraje, etcétera. Ese mismo día, la Generalitat firmaba un convenio con sindicatos y patronales en el que las empresas del sector se comprometían a “la no suspensión de los contratos laborales de las personas trabajadoras adscritas a los servicios o centros donde se garantice el 100% de su financiación”. Es decir, que alejaba el fantasma de los expedientes de regulación temporal de empleo (Erte) en el sector.

Un decreto por sorpresa

Pero poco duró la alegría en casa del pobre: este miércoles 25 de marzo, se publicaba el decreto 8/2020 que sustituía por sorpresa todas las buenas intenciones por otras condiciones más duras: la Generalitat elimina de las medidas dictadas y pactadas a los trabajadores de los comedores escolares y se acoge al Real Decreto 8/2020 del Gobierno central en lo que concierne a los servicios de comedores. Según los sindicatos del sector, eso supondría que en lugar de pagar los salarios como se había acordado, en caso de generar desempleo, la Administración solo compensaría hasta un 15% del salario, lo que dejaría a las empresas a los pies de los caballos y con la certeza de despedir al personal porque no puede asegurar el pago de los sueldos.

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"Esta es una decisión política y jurídicamente no hay argumento para separar a los trabajadores de los comedores del resto de los servicios. Nos han engañado y, además, traicionado, al publicar nuevo decreto sin ninguna explicación ni comunicación previa", denuncia a El Confidencial Juanjo Bravo, portavoz de la Federación de Educación de CCOO. En la mesa de negociación, las organizaciones sindicales UGT, CCOO y USO se comprometieron a mantener la paz social, pero ahora no lo tienen tan claro.

Los argumentos de la Administración amparándose en una normativa estatal ha sorprendido a propios y extraños. “No tenemos claro que la normativa a aplicar sea estatal, porque las competencias están transferidas. Además, aunque argumenten que el Gobierno central puede recurrir al Tribunal Constitucional, en un momento tan delicado como este no creemos que el Estado se preocupe de iniciar un proceso en el TC”, aducen desde los sindicatos.

Los sindicatos: "El nuevo decreto abre la puerta a un alud de ERTEs que puede colapsar la Administración"

“El nuevo decreto abre la puerta a un alud de ERTEs que puede colapsar la Administración. En los próximos días, estudiaremos cómo damos salida a esos expedientes y cómo combinaremos estas tramitaciones con movilizaciones en la calle cuando se derogue el estado de alarma. Ya hemos comenzado a contactar con los comités de empresa de las compañías para estudiar una salida. En estos momentos, la situación es peor que antes, porque las empresas tienen más problemas de liquidez y habrá que ver cómo y cuándo se y tramitan los expedientes. Pero hemos de vigilar que sean ERTEs y no simples EREs”, subraya el dirigente sindical.

A última hora de la tarde de este jueves, el departamento de Educación hizo público un comunicado afirmando que “se indemnizará a las empresas por las pérdidas causadas por el cese de actividad y se estudian medidas para paliar los perjuicios económicos de los servicios que se han adjudicado”. El Govern, sin embargo, justifica el dejar fuera de la garantía a cobrar los servicios por el hecho de que esas empresas no cobran directamente de la Generalitat, “sino de las familias” y por eso “no se les puede adelantar ningún pago mensual. Lo que sí hará el Departamento es indemnizar a todas estas empresas que prestan el servicio”. Lo que se temen las empresas es que ese pago sea sólo del 15% de los costes salariales que tienen.

El cambio del decreto llega en un momento, además, en el que los agentes sociales estaban negociando el ampliar la medida a las empresas y trabajadores que trabajan en la escuela concertada. Pero si los del sector público, que son los directamente afectados tienen ante sí la oficina de paro, los de la escuela concertada lo tienen ahora un poco peor. “Una decisión así, contra uno de los colectivos más vulnerables de la educación es de responsabilidad exclusiva del Govern de la Generalitat presidido por Quim Torra y del consejero de Educación, Josep Bargalló. Desde CCOO rechazamos con absoluta firmeza esta maniobra execrable y estudiaremos con detenimiento todas las posibilidades de denuncia jurídica, pública y de movilización”, asegura una nota de la central sindical.