UK se disculpa por la orden contra Ponsatí: faltan datos, pero "no es desproporcionada"

En la tarde de este miércoles, saltaba la noticia: las autoridades de Reino Unido declinaban tramitar la nueva euroorden contra Clara Ponsatí, la exconsejera de Educación de la Generalitat huida en Escocia. La respuesta había llegado en menos de 24 horas y en ella se aseguraba que la petición era "desproporcionada". El propio Quim Torra cargó contra el Estado por lo que consideraba un "ridículo internacional colosal" de España. Pero a última hora de la jornada, Moncloa informó de que las instituciones británicas habían cometido un error, se habían disculpado y que la solicitud, de acuerdo a la versión del Gobierno español, sigue en trámite a la espera de aportar más información, aunque por el momento no ha sido aceptada su tramitación.

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El fallo de Londres había sido precisamente al calificar como "desproporcionada" la orden, algo que la propia Sirene de Reino Unido (cooperación policial europea) reconocía posteriormente en un documento dirigido a España. En el escrito, facilitado por Moncloa, la autoridad competente británica afirma que "en el mensaje previo, nuestra respuesta aseguraba de forma incorrecta que la orden era desproporcionada y no lo es, simplemente está falta de información esencial por el momento". "Pedimos perdón por el error de comunicación", llega a indicar la entidad.

En el nuevo escrito, las autoridades británicas especifican que son necesarios más detalles sobre el caso y que "una vez esta información sea añadida a su solicitud, será certificada por la NCA y la decisión sobre la detención por la policía será adoptada si se considera apropiada".

Según explicaron fuentes del Gobierno español, la expresión "desproporcionada" no había sido empleada en ningún momento por la National Crime Agency, la encargada de analizarla. "Por ello, ya han informado del error a nuestra embajada, de manera que la solicitud cursada sigue pendiente de ser admitida", afirmaron estas fuentes.

Facilitar la información precisa

El juez Llarena había emitido este martes una nueva orden europea de detención y entrega contra Ponsatí, fugada a Escocia, por un delito de sedición tras descartar el de malversación. En el escrito original las autoridades de Reino Unido aseguraban que "la orden de detención europea, tal como se detalla en el formulario A para el tema mencionado, ha sido revisada por un abogado especializado del Reino Unido en nombre de la Agencia Nacional contra la Delincuencia. Han determinado que es desproporcionada con arreglo a la legislación del Reino Unido". Una declaración enmendada con el nuevo documento.

En este texto inicial y luego rectificado, explicaba que la orden no había sido "certificada" por la autoridad competente, por lo que "no tomarán ninguna otra medida en relación con este asunto". Pero sí instaba a la policía española a aportar más información relativa al historial delictivo de Ponsatí "o cualquier otra información relativa a la gravedad de la infracción". En caso de aportarla, evaluarían de nuevo "la decisión de no certificar esta orden de detención europea".

Fuentes del Ejecutivo también explicaron tras conocerse la enmienda que "por medio de los procedimientos de cooperación judicial y policial previstos, se están realizando las gestiones pertinentes para concretar y facilitar la información que sea precisa".

Según Moncloa, cuando se recibe una solicitud de ejecución de una orden de detención y entrega europea "las autoridades policiales británicas, que la reciben a través del llamado sistema Sirene, llevan a cabo un control formal de admisión, encomendado a la National Crime Agency, antes de ordenar la detención y remitir la solicitud de entrega a las autoridades judiciales británicas". Es decir, en caso de ser aceptada y remitida a un juez, este debería aún pronunciarse de forma definitiva.

Fuentes consultadas por este diario previamente, habían apuntado que el problema de inicio se encuentra en el delito que condenó a Oriol Junqueras y el resto de políticos catalanes en el juicio del 'procés', el de sedición. En Reino Unido, esta es una cuestión de orden público y no un delito contra el Estado como sucede en España.

Ponsatí había anunciado inicialmente que su intención era comparecer este jueves ante la Justicia escocesa, pero su abogado informó este miércoles de que pospondrá la entrega.