Reino Unido rechaza tramitar la euroorden contra Ponsatí por "desproporcionada"
El juez Llarena emitió este martes una nueva orden europea de detención y entrega contra Ponsatí, fugada a Escocia, por un delito de sedición tras descartar el de malversación
La nueva euroorden tramitada por el juez instructor del 'procés', Pablo Llarena, no ha sido bien acogida en Reino Unido. Las autoridades del país han respondido menos de 24 horas después a la orden de detención europea contra la exconsejera de Educación catalana Clara Ponsatí considerando que la petición "es desproporcionada" con arreglo a su legislación, por lo que no le darán trámite, según un documento recibido por la Unidad Oficina Sirene (cooperación policial europea), dependiente del Ministerio del Interior, al que ha tenido acceso El Confidencial.
Llarena emitió este martes una nueva OEDE contra Ponsatí, fugada a Escocia, por un delito de sedición tras descartar el de malversación a la luz de la sentencia dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, según la cual, la cesión de espacios para la celebración del referéndum ilegal que se le imputa a ella no entraría en ese tipo delictivo. Sin embargo, en un formulario tipo, dicen que el país no piensa tramitarla.
"La orden de detención europea ha sido revisada por un abogado especializado del Reino Unido en nombre de la Agencia Nacional contra la Delincuencia. Han determinado que es desproporcionado con arreglo a la legislación del Reino Unido", contestan ahora las autoridades británicas al Ministerio del Interior español mediante ese sistema de cooperación policial entre países.
De este modo, las autoridades de Reino Unido indican a España que la orden de detención europea "no ha sido certificada por el Servicio Nacional Sirene del Reino Unido y, por el momento, "no tomarán ninguna otra medida en relación con este asunto".
No es definitivo
Pese a esta negativa inicial, el formulario emplaza a España a hacer llegar "información sobre el historial delictivo previo" de Ponsatí "o cualquier otra información relativa a la gravedad de la infracción" que tenga en su poder. En ese caso, volverán a "evaluar la decisión de no certificar esta orden de detención europea".
La sedición en la legislación de Reino Unido es una cuestión de orden público y no un delito contra el Estado, como se entiende en España
Según fuentes consultadas por este diario, el problema de inicio se encuentra en el delito por el que se condenó a Oriol Junqueras y al resto de políticos catalanes juzgados por el 'procés': la sedición. En la legislación de Reino Unido, es una cuestión de orden público y no un delito contra el Estado, como se entiende en España, de ahí que consideren una desproporción entregar a la consejera por penas de un mínimo de nueve años.
Por ahora, apuntan estas fuentes, la respuesta solo se refiere al sistema Sirene de cooperación policial entre países, por lo que habrá que esperar a que se pronuncie el sistema judicial escocés.
Ponsatí no comparecerá este jueves
Precisamente, Ponsatí había anunciado su intención de comparecer ante la Justicia escocesa este jueves, pero su defensa este miércoles ha dicho que pospondrá la entrega.
En un comunicado, su abogado, Aamer Anwar, ha asegurado que este miércoles por la mañana les llegó la euroorden de arresto traducida y que las autoridades del Reino Unido han pedido aclaraciones sobre la solicitud de extradición a España, informa Europa Press.
Anwar ha considerado que la euroorden emitida por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena contiene "contradicciones" y que se refiere a los delitos de rebelión y sedición, aunque Ponsatí solo es acusada de sedición, y sin clarificar su rol en los hechos.
La nueva euroorden tramitada por el juez instructor del 'procés', Pablo Llarena, no ha sido bien acogida en Reino Unido. Las autoridades del país han respondido menos de 24 horas después a la orden de detención europea contra la exconsejera de Educación catalana Clara Ponsatí considerando que la petición "es desproporcionada" con arreglo a su legislación, por lo que no le darán trámite, según un documento recibido por la Unidad Oficina Sirene (cooperación policial europea), dependiente del Ministerio del Interior, al que ha tenido acceso El Confidencial.