Descarta a Serret y Anna Gabriel

Fiscalía reclamará la entrega de Rovira, Comín y Ponsatí por sedición

Desde el Ministerio Público, se instará también OEDE contra Lluís Puig por desobediencia y malversación

Foto: Marta Rovira. (EFE)
Marta Rovira. (EFE)

La Fiscalía del Tribunal Supremo prevé reclamar la detención y entrega de cuatro de los huidos del 'procés'. Por delitos de sedición y malversación, pedirá a Bélgica y Suiza la extradición de la ex secretaria general de Esquerra Republicana Marta Rovira, la exconsejera de Educación Clara Ponsatí y el de Salud Toni Comín. Por malversación y desobediencia, procederá contra Lluís Puig. Su grado de responsabilidad en los sucesos de septiembre y octubre de 2017 se considera acreditado, por lo que seguirán el mismo camino de Puigdemont, a quien el juez Pablo Llarena ha vuelto a reclamar tras la sentencia. Prevé reclamar este mismo jueves que se curse OEDE contra Puig, Ponsatí y Comín. Dilatará el caso de Rovira, que será más lento. El Ministerio Público lo ha pospuesto para un estudio más detallado, debido a que con Suiza los trámites son distintos.

La Fiscalía ha descartado reclamar la entrega de otros dos de los huidos del 'procés'. Una de los 'exconsellers' de menor responsabilidad en los hechos que el Tribunal Supremo ha calificado como de sedición, malversación y desobediencia y la líder de la CUP Anna Gabriel evitarán así un nuevo procedimiento de entrega. Desde el Ministerio Público, se considera que su responsabilidad en los hechos solo encajaría en la presunta comisión del delito más leve, penado únicamente con inhabilitación y multa y, por ello, de entidad no suficiente para cursar una orden europea de detención, informan a El Confidencial fuentes jurídicas.

La decisión afecta en concreto, además de a la 'cupaire', a Meritxell Serret, responsable bajo la presidencia de Carles Puigdemont de la Consejería de Agricultura, Pesca y Ganadería. El juez Pablo Llarena la procesó en marzo por los delitos de malversación de caudales públicos y desobediencia. Se valoró hacer lo mismo con Lluís Puig, exconsejero de Cultura, procesado por los mismos hechos, pero la existencia de facturas que probarían su participación en la malversación ha provocado que se descarte no reclamarlo. Ambos se encuentran en Bélgica junto al 'expresident' del Govern desde que decidieran sustraerse a la acción de la Justicia hace dos años.

Tras analizar la resolución por la que se condenó a penas de entre nueve y 13 años de prisión a los políticos, el Ministerio Público ha determinado que existen paralelismos en estos segundos acusados con la actuación probada y firme de los tres únicos procesados que afrontaron el juicio en libertad, Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs, y que recibieron una condena de un año y ocho meses de inhabilitación especial por un delito de desobediencia. Lo mismo sucede con Gabriel, únicamente procesada por este ilícito y sin relación alguna con la malversación que sí planeaba sobre los dos anteriores. En el caso de Serret, con la sentencia desaparece el pronóstico de que pueda ser condenada por malversación.

La explicación es sencilla. El delito de desobediencia no tiene pena de prisión y no se puede librar euroorden en esos casos. Por eso mismo, Anna Gabriel nunca fue reclamada. Contra todos ellos pesa, eso sí, orden de detención en España por no haber acudido a las citaciones judiciales. Si vinieran, serían detenidos y tras escucharles en declaración quedarían en libertad.

El mismo día en que la sentencia se hizo pública, el pasado 14 de octubre, el instructor de la causa emitió una nueva orden europea de detención y entrega contra el expresidente por sedición y malversación. Tras notificarse la sentencia del Supremo que condena a Junqueras y a otros tres líderes independentistas por ambos delitos, el magistrado atendió la petición de la Fiscalía y dictó una nueva orden internacional para lograr el arresto inmediato del 'expresident'. Llarena recuerda para ello que la simple imputación del líder independentista propició su fuga en 2017, por lo que las condenas que se han notificado conllevan el riesgo de que busque reforzar su huida y se refugie en países que no formen parte de la Unión Europea.

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