ACCIONES CONTRA SCC Y UN CAMPING DE GIRONA

Del camping de los guardias civiles a SCC: los 'colaboracionistas', diana de los radicales

La atmósfera de presiones sobre todo lo que no sea independentista se va haciendo más cargante cada día. Los grupos radicales quieren cortar cualquier conato de información que no sea soberanista

Foto: Material incautado por la Policía Nacional a jóvenes simpatizantes de Arran a las puertas del Tribunal Supremo. (EFE)
Material incautado por la Policía Nacional a jóvenes simpatizantes de Arran a las puertas del Tribunal Supremo. (EFE)

Caza al colaboracionista. Esa es la consigna independentista que parece extenderse como mancha de aceite en la sociedad catalana. Este jueves, la mayoría de los foros soberanistas echaban humo con una noticia “de escándalo”: el pasado martes, hubo un “homenaje a Eva, la dueña del camping de Girona que alojó ‘piolines’ el 1 de octubre”. Los mensajes, enviados esencialmente por los radicales, acompañaban al mismo con un vídeo de 2 minutos en el homenaje que le rindieron a la dueña del camping el 4 de junio en el Puerto de Santa María (Cádiz).

“Fue un momento complicado. Como he dicho antes, lo volveríamos a hacer, eso lo tenemos muy claro. Yo tengo madre andaluza y padre catalán. Para mí, ha sido un conflicto, pero quien realmente lo ha pasado mal es mi marido que hoy no está aquí [el matrimonio tiene el 'camping' abierto y el marido se tuvo que quedar en Girona], que él sí es hijo del pueblo de l’Escala de toda la vida y lleva 30 años delante de un camping. No ha sido fácil, pero estamos encantadísimos. Si os acercáis a Girona, nos vemos en l’Escala”, dijo la dueña del camping en la ceremonia.

Eso ha sentado a cuerno quemado en el independentismo radical. “Para tenerlo en cuenta”, fue el mensaje que acompañaba el vídeo distribuido por estos, acompañando el mismo con un dedo acusador. Destacan en la comunicación el nombre del camping, su ubicación y que “alojó a efectivos de la Guardia Civil el 1-O”. Pero, además, se escandalizan de que “aseguran que lo volverían a hacer”.

Esta caza al ‘colaboracionista’ de Girona se suma a otro episodio de crispación vivido en Barcelona: los militantes de Arran, las juventudes de la CUP, se concentraron este miércoles ante la sede de Sociedad Civil Catalana (SCC) para protestar contra el encausamiento de 15 activistas que boicotearon un acto de esta entidad en la Universidad de Barcelona. Los ultraindependentistas, corearon consignas como “fuera fascistas de nuestros barrios”. A la vanguardia de la protesta, se encontraba la cabeza de lista de la CUP al Ayuntamiento de Barcelona, Anna Saliente, que no logró sillón municipal.

Es solo un sector del independentismo

La insólita acusación de ‘fascista’ a una entidad que propugna, entre otras cosas, la defensa de valores constitucionales o el bilingüismo, no deja de ser una perversión no sólo del lenguaje, sino del propio posicionamiento político. Se da la circunstancia de que este acoso es para protestar por la imputación de activistas por otro acoso similar. Es decir, la táctica es sencilla: se boicotea un acto y, si hay imputaciones, el radicalismo ya tiene oxígeno suficiente para seguir protestando porque considera que se criminaliza el hecho de que no deja expresarse a sus rivales.

La propia organización Arran desafiaba a los tribunales. “Hoy más de una quincena de personas estaban citadas a declarar en los Mossos por manifestarse contra un acto de Sociedad Civil Catalana en la Universidad de Barcelona en 2018, entre ellas varias militantes de Arran. Decidimos no ir a declarar, porque manifestarnos contra el fascismo no es delito”. Los radicales aseguran que denuncian “la criminalización del antifascismo y la persecución arbitraria contra las 15 encausadas, algunas de las cuales ni siquiera fueron identificadas durante la concentración antifascista de la Universidad de Barcelona. ¡Desenmascaremos al fascismo!”.

Desde SCC se lamenta el escrache y acoso a todo lo que huele a español. “Se trata de un comportamiento antidemocrático por parte de un sector del independentismo que, desgraciadamente, no es la primera vez que se produce. Episodios de este tipo se producen continuamente en Cataluña y no se deben tolerar en democracia, porque son actos propios de un sistema totalitario, donde se persigue a todo aquel que piensa diferente”. SCC asegura que, a pesar de estar en la diana de los radicales, seguirá trabajando “para tender puentes de diálogo con la condición de que se respete el Estatut, la Constitución y todo marco legal; y para fomentar la convivencia y la concordia entre los ciudadanos catalanes”.

Pero la atmósfera de presiones sobre todo lo que no sea independentista se va haciendo más cargante cada día. Los grupos radicales, con el silencio de la Administración, cuando no su anuencia activa, quieren cortar cualquier conato de información que no sea soberanista. Los actos no nacionalistas en espacios públicos o en universidades son periódicamente boicoteados mientras las autoridades educativas miran hacia otro lado. Las agresiones a sedes de partidos políticos unionistas o a tenderetes, así como el boicot a paradas informativas de grupos antiindependentistas son sistemáticamente realizadas por un puñado de jóvenes que, en muchas ocasiones, cuelgan sus hazañas en las redes sociales.

La táctica perversa

Para muestra, un botón: la UAB ha sido la única universidad española condenada por vulnerar los derechos de una asociación de estudiantes porque no es independentista. Y mientras, su cúpula permite frecuentes y sistemáticas agresiones a los jóvenes antiindependentistas y deja campar a sus anchas a colectivos violentos radicales, en gran parte camuflados en una desconcertante Plataforma Antifascista. La misma plataforma que prohíbe cualquier actividad no independentista en el campus y que destroza automáticamente las carpas que sus rivales plantan en el mismo.

La UAB es la única universidad española condenada por vulnerar los derechos de una asociación de estudiantes porque no es independentista

Paralelamente, los ultras catalanistas se quejan de que se ha reabierto una causa contra el militante del Sindicato de Estudiantes de los Països Catalanas Quim Roca por participar en una acción de protesta ante la sede de UPyD. Aunque no hubo grandes incidentes, un afiliado del partido fue agredido supuestamente por el acusado, al que ahora le piden 4 años de cárcel y multa de 5.000 euros, ya que además de lesiones se le acusa de violación de domicilio de una persona jurídica. Poco antes de esos incidentes, los radicales habían impedido a la líder del partido, Rosa Díez, dar una conferencia en la Universidad. Se da la circunstancia de que el denunciante milita ahora en Izquierda en Positivo, una formación que se declara de izquierdas y no nacionalista. El modus operandi con este caso es igual que el de SCC: se aprovecha la imputación de activistas por acoso para acosar de nuevo. Es la pescadilla que se muerde la cola, la autojustificación de los radicales. Pero también es una perversa táctica que parece que funciona.

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