El fiscal acusa a la UAB de vetar a jóvenes antiindependentistas por motivos políticos

Los antiindependentistas lo tienen crudo en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Durante los últimos años, los estudiantes no afectos al ‘procés’ y a la independencia han sufrido ataques de todo tipo, agresiones, pintadas y campañas muchas veces basadas en exageraciones, intentando vincularlos a colectivos de extrema derecha. La última andanada fue 'mortal': el propio rectorado borró al colectivo Joves de Societat Civil Catalana (Joves SCC) del directorio de asociaciones, por lo que no pueden realizar actividades en el campus. Si antes eran los ultras del independentismo quienes intentaban cerrarles el paso, ahora es la propia institución la que lo ejecuta.

Y, además, la UAB les exige una rectificación pública de sus denuncias, lo que, según la Fiscalía, vulnera claramente sus “derechos fundamentales a la igualdad ante la ley y a no sufrir discriminación, a la libertad de expresión y al derecho de asociación”. Así lo expone el Ministerio Público en un escrito, fechado el pasado 26 de abril, al que ha tenido acceso El Confidencial. En el texto, el fiscal dice sin ambages que al colectivo de jóvenes de SCC “se los sanciona por su posición pública sobre determinados asuntos de actualidad política”.

La Universidad de Barcelona considera que los antiindependentistas no disponen de programación que garantice la actividad durante todo el curso

Los jóvenes antiindependentistas habían solicitado su inscripción en el directorio de colectivos de la universidad, pero el Vicerrectorado de Alumnado y Empleabilidad se lo denegó. De hecho, este colectivo figuró inscrito desde el 9 de diciembre de 2015 hasta el 30 de junio de 2017, “en que fue dado de baja al ser considerado un colectivo inactivo, por no haber actualizado sus integrantes los datos al finalizar el curso 2016-2017”. En octubre del pasado año, tres representantes del colectivo volvieron a solicitar su inscripción, pero el vicerrectorado les respondió que “siguiendo la normativa vigente y teniendo en cuenta la valoración técnica de la entrevista preceptiva (…), no ha sido aceptada su solicitud de inscripción en el directorio”.

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Agencias

Oficialmente, la universidad aduce cuatro razones para no considerar a los jóvenes antiindependentistas merecedores de estar en el directorio: no disponen de programación que garantice la actividad durante todo el curso académico; muestran su desacuerdo con que el marco de actuación de los colectivos inscritos en las actividades se dirijan a los estudiantes del campus de la UAB; consideran prescindible seguir las recomendaciones técnicas en el desarrollo de las actividades en la UAB, y desestiman la propuesta de rectificación de afirmaciones realizadas en los perfiles públicos de la entidad hacia la institución. En este sentido, la UAB afirma que los comentarios de los antiindependentistas “han dañado la imagen pública de la institución”.

Un largo contencioso

Según los jóvenes de SCC, todo ello es falso. En un recurso ante la propia UAB, señalan que entregaron un plan de actividades, que el grupo considera que los estudiantes sí han de ser los destinatarios de sus actividades, que acata las recomendaciones técnicas y que jamás “ha realizado una actividad en contra de una prohibición de la UAB”.

La razón de la discriminación de la UAB, no obstante, viene de lejos: los jóvenes de la SCC han padecido los últimos años un constante acoso por parte de grupos extremistas independentistas y acusaron al rectorado de no intervenir ni defenderlos. “La campaña de acoso y ataque de colectivos próximos al independentismo (fundamentalmente la autodenominada Plataforma Antifeixista UAB) que ha venido padeciendo desde su fundación y presentación pública en el campus no ha merecido una condena firme por parte del equipo rectoral de la UAB”, acusan en el recurso.

Los jóvenes consideran que la decisión de no inscribirlos en el directorio es “un caso grave de discriminación ideológica" en la universidad

Y luego añaden otra de las claves para entender el enfrentamiento: “Los posicionamientos públicos de la UAB como entidad en torno a lo que se define como ‘procés’ y a favor del nacionalismo son contrarios a los principios fundacionales de SCC y vulneran el principio de neutralidad institucional”. Ante ello, se niegan a retirar las críticas de que les acusa el rectorado. “La petición de rectificación pretendida de contrario va contra las reglas de la sana crítica inherente a cualquier actividad pública y es incompatible con la más elemental lógica democrática coartar el ejercicio de la crítica política”.

Así pues, consideran que la decisión de no inscribirlos en el directorio es “un caso grave de discriminación ideológica y de restricción del derecho fundamental a la libertad de expresión, el derecho de asociación y el derecho a la educación”. Pero no solo eso: también “conlleva una discriminación ideológica por razón de opinión que, además, se ve agravada por el hecho de que, sin embargo, se mantenga en el directorio a colectivos que incumplen instrucciones sobre comportamiento en la UAB; que hostigan a SCC mediante pintadas intimidatorias, pancartas y pegatinas denigrantes, como FCK SCC, insultos y escupitajos en el espacio público, distribución de panfletos difamatorios contra SCC, recogida de firmas para la expulsión de SCC…”.

Discriminación política

La Fiscalía acepta la tesis de este colectivo de que es notorio el acoso de los independentistas (cuyos grupos “están dispuestos a adueñarse del campus y campan a sus anchas por él” mientras “los responsables de la UAB no han condenado tales hostilidades, ni siquiera las agresiones sufridas por los integrantes de Joves SCC-UAB”). Y da pábulo también a la afirmación de que “es del dominio público la complacencia de la UAB con el nacionalismo, manifestada en comunicados o convocatorias de apoyo a la deriva política de la Generalitat”. En este apartado, incluye desde las convocatorias a favor del 1 de octubre hasta las protestas contra el encarcelamiento de políticos. Y alude al posicionamiento político de la universidad recordando su “anuencia para con el boicot de todos los actos del llamado Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), de claro perfil independentista, como demuestran las pancartas y pintadas con que han decorado todo el campus universitario, que no han sido retiradas”.

La Fiscalía subraya: "Resulta imposible no vincular la expulsión del directorio con el posicionamiento de Joves SCC-UAB contra las tesis nacionalistas"

De ahí que el fiscal considere que “la retractación que el rectorado les pide es incompatible con la sana crítica a cualquier actividad pública”. Y subraya: “Resulta imposible no vincular la expulsión del directorio con el posicionamiento de Joves SCC-UAB contra las tesis independentistas y la actitud contemporizadora del consejo de gobierno de la universidad con ellas, máxime cuando los requisitos que les exigen no están previstos para la inscripción de colectivos”. Una acusación que pone en entredicho no solo la neutralidad del equipo de gobierno universitario sino su activismo político, que dinamita todos los preceptos democráticos que deben regir las actuaciones de una institución.

En este punto, resalta el Ministerio Público que “solo la primera de las exigencias, el disponer de una programación durante el curso”, entraría dentro de los requisitos exigibles. La cosa es más grave porque, como deja patente Fiscalía, “estos requisitos no son exigidos al resto de colectivos inscritos en el directorio y solamente han servido para expulsar a los recurrentes del campus universitario. Entre ellos, cabe contar al SEPC, de claro perfil independentista, que no ha visto limitada su actuación en ningún momento ni mermadas sus facultades de comunicación con todo tipo de actos”.