Las multas por manifestaciones en Cataluña se multiplicaron por siete en un año

Tras los disturbios del 21-D, la defensa de la 'seguridad ciudadana' se ha vuelto a convertir en el término de moda. De hecho, no ha dejado de resultar familiar desde que cobrara especial protagonismo al entrar en vigor la polémica Ley de Seguridad Ciudadana -más conocida como Ley Mordaza- de la mano de Mariano Rajoy en 2015.

Con esta ley sobre la mesa, la Policía Nacional interpuso más de 41.400 multas por perturbación de la seguridad y desorden público. Junto con el resto de multas - por drogas, armas y faltas de respeto a los agentes- las arcas del estado recaudaron más de 290 millones de euros.

Así lo demuestran los datos disponibles en la página del Ministerio del Interior, una base a la que cualquier ciudadano puede acceder para consultar aquellos lugares donde las competencias no están transferidas; a diferencia de Cataluña, Navarra y el País Vasco.

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A. Fernández. Barcelona

Hace diez días, el Grupo Parlamentario Socialista se reunía a puerta cerrada para presentar una batería de enmiendas a aplicar sobre la Ley Mordaza. El partido abogaba por dejar impune lo que la ley llama “obstaculización de la vía pública” - con barricadas, por ejemplo-, retirar las sanciones a las pintadas en bienes públicos o legalizar todas aquellas manifestaciones que se produzcan de forma espontánea.

Tras una petición al amparo de la Ley de Transparencia, este medio ha podido comprobar que, precisamente las multas por manifestaciones esporádicas llegaron a multiplicarse por siete, siendo las sanciones con un mayor crecimiento en 365 días. Un fiel reflejo de cómo se ha caldeado el ambiente en el 'conflicto catalán'.

Sanciones multiplicadas por siete en un año

Como España, Cataluña también comenzó a aplicar la 'Llei de protecció de la seguretat ciudadana' a mediados de 2015. No obstante, es importante tener en cuenta que solo los años 2016 y 2017 son realmente válidos para conocer el crecimiento real de las sanciones, al incluir los 365 días completos.

Durante estos dos años la Generalitat recaudó a través de los Mossos d’Esquadra y las distintas policías locales un total de 41,3 millones de euros en multas, una cifra que cobra especial significado al compararla con el resto de comunidades autónomas ya que solo Andalucía consigue superarla con 74,3 millones de euros.

Las multas más comunes son las tramitadas por consumo o tenencia de droga. En el territorio catalán, 83.696 personas tuvieron que pagar

De un vistazo general, las multas más comunes son las tramitadas por consumo o tenencia de droga, como ocurre en el resto de España. En el territorio catalán, 83.696 personas tuvieron que pagar por esta causas, dándose un hecho similar en las tenencias de armas prohibidas y fabricaciones ilegales.

Y sin embargo la fotografía cambia a la hora de analizar los artículos que llaman a “la seguridad y el orden público”. Dentro del territorio catalán, las faltas de respeto a los agentes y la desobediencia a la autoridad conforman el segundo y tercer puesto, sumando más de 15.000 multas. Muy por detrás, pero todavía dentro del ránking, ascienden las negativas a identificarse, los daños al mobiliario público y la celebración de manifestaciones no comunicadas”.

30.000 euros por daños al dominio público

No solo fueron las concentraciones esporádicas. También el resto de manifestaciones siguieron una tendencia ascendente, cada una a su ritmo. Mientras que por un lado aumentaban las multas por manifestaciones prohibidas, pasando de dos en 2015 a 64 el año pasado, las manifestaciones comunicadas que acabaron siendo consideradas por los cuerpos de seguridad como “conflictivas” engrosaron la cifra hasta alcanzar las 114 en 2017. Y es que, de las 15 multas que más han crecido a lo largo de estos tres años, ocho han tenido que ver con las reivindicaciones y sus consecuencias.

En el diario de la memoria colectiva catalana todavía se mantiene viva la imagen de Albert Rivera e Inés Arrimadas retirando lazos amarillos un 29 de agosto en una de las calles principales de Alella (Barcelona).

A la vez que algunos continuaban atando lazos amarillos en las esquinas, muchos otros repetían la actuación de los líderes de Ciudadanos llegando a organizar batidas repartidas por distintas zonas. A 14 de estas personas las pillaron con las manos en la masa en Tarragona. Los Mossos las identificaron y abrieron diligencias contra ellas con una novedad: querían aplicar la Ley Mordaza con una sanción entre 601 y 30.000 euros por “daños al dominio público”.

La acción reabrió el debate sobre si la aplicación de tal ley ponía en entredicho la libertad de expresión. Incluso la Fiscalía advirtió a los Mossos de que podrían estar incurriendo en un delito de prevaricación.

Los daños al dominio público son, de hecho, otra de esas multas que despuntan. Si solo durante los seis meses de 2015 ya se registraron 331, a finales de 2016 la cifra se había duplicado hasta alcanzar las 700. En 2017, pasaron a ser 1.072. En total se han tramitado más de 2.201 multas por acciones que los Mossos consideraron “peligrosas” o “dañinas” para los espacios públicos.

Preguntado por este periódico a través de la Ley de Transparencia, el cuerpo de seguridad catalán declaró “no existir una relación de actuaciones realizadas por la retirada o colocación de símbolos en espacios públicos” por “consistir en una forma de libertad de expresión”.

Un tercio de las multas no se ha cobrado

Cuando una persona recibe una notificación de multa en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana esta tiene 15 días para pagarla de forma voluntaria, consiguiendo incluso una reducción del importe. También cabe la opción de recurrirla aportando las pruebas que considere necesarias.

Si pasados los quince días no se ha resuelto el pago de la multa, entonces empieza un proceso “por las malas”, tal y como explica Eduardo Gómez, abogado de Red Jurídica. “No siempre se pueden pagar las multas que se ponen. Si no pagas, intentan embargarlo de tus propiedades y, si aún así es imposible, entonces la persona es declarada insolvente”.

En el caso de la Ley Mordaza catalana, un tercio de las multas impuestas se quedaron sin ser tramitadas. En total, son más de 90.000 sanciones que terminaron sin cobrarse por diversas causas.

En el extremo con más recaudaciones se encuentran las multas por no contar con toda la documentación de tenencia de armas (un cobro del 92,31%), la omisión de comunicaciones y otras relacionadas con irregularidades administrativas y tenencia de drogas. Ocurre lo mismo en otras como las de los daños a bienes públicos -solo se ha cobrado un tercio-, o el incumplimiento del itinerario registrado para manifestaciones, quedándose desestimado un 80%.

Sobre los hechos considerados por los Mossos como “infracciones” en manifestaciones comunicadas, solo se cobraron 20 del total de 202 impuestas en los diversos municipios catalanes. Las multas por acciones relacionadas con protestas -manifestaciones, escalada de edificios, movimiento de vallas, daños a bienes inmuebles- sí son las que más han crecido, pero también las que menos se han cobrado. Por ejemplo, de 83 multas registradas como manifestaciones prohibidas, solo se han cobrado cuatro.