la generalitat recurrió al tc la ley empleada para la sanción

Los juristas avisan a los Mossos: multar por quitar lazos amarillos roza la prevaricación

Expertos destacan la dudosa legalidad de una medida administrativa que valoran como un acto "manifiestamente injusto" a favor de uno de los bandos de una discrepancia política

Foto: Ciudadanos retiran lazos a favor de la independencia. (EFE)
Ciudadanos retiran lazos a favor de la independencia. (EFE)

Prevaricación. Delito consistente en que una autoridad, juez o funcionario dicte a sabiendas una resolución injusta. Juristas de todo el espectro ideológico avisan de que los actos de los Mossos pueden incurrir en este ilícito. Su decisión de identificar a una quincena de personas sorprendidas mientras retiraban lazos amarillos de las calles de Tarragona con la intención de imponerles sanciones bajo el paraguas de la Ley de Seguridad Ciudadana es, cuando menos, de "dudosa legalidad", aseguran.

Los jueces y fiscales consultados, tanto progresistas como conservadores, coinciden en destacar que los agentes de la policía autonómica han llevado a cabo un acto "manifiestamente injusto a sabiendas" y, además, lo han hecho favoreciendo a una de las partes en liza en una discrepancia política. Se hubiera cometido la misma irregularidad en el caso contrario, si la amenaza de sanción recayera contra personas que colocan este símbolo de apoyo a los presos del 'procés', dicen. La cuestión aquí no es quitar o poner, es 'romper la baraja' a favor de un bando mediante el uso de la autoridad y en violación de actos amparados por la libertad de expresión.

Decidirá la Administración catalana

Uno de los fiscales con los que ha contactado El Confidencial incide precisamente en esta cuestión. La pelota se encuentra ahora en el campo de la Administración catalana. El Ayuntamiento y la Delegación de Interior de Cataluña tendrán que decidir si la aparente comisión de una infracción recogida en la conocida como 'Ley Mordaza' desemboca en sanciones o si se opta por no darle curso. Existe, además, un dato paradójico: el Parlament recurrió ante el Tribunal Constitucional el artículo de esa norma que ahora esgrimen los agentes y que contempla sanciones de hasta 30.000 euros.

Todo comenzó el pasado viernes. Los agentes tomaron los datos a 14 personas en tres calles de la ciudad. Los policías localizaron a varios grupos que circulaban en vehículos y que portaban "herramientas" como palos, linternas y mapas de las localidades. Iban vestidos con pañuelos y ropa oscura para evitar ser identificados, explicaron fuentes de los Mossos.

Los juristas avisan a los Mossos: multar por quitar lazos amarillos roza la prevaricación

"No tiene ni pies ni cabeza", asegura un magistrado experto en derecho administrativo que avisa, además, de que los identificados tardarán en poder recurrir a la vía judicial ante la que no pueden acudir hasta que se haya agotado el recorrido del expediente administrativo. Los ciudadanos denunciados quedarán, así, bajo la amenaza de que su patrimonio quede afectado. Si se congelan sus cuentas o se embargan sus bienes pueden optar, eso sí, por reclamar una suspensión cautelar hasta que se dicte sentencia.

No es el único punto negro. Además de este uso supuestamente prevaricador de la normativa los expertos aprecian una evidente desproporción. La Consejería ha considera que la infracción cometida es grave, de ahí que pueda llegar hasta los 30.000 euros. "No se corresponde con la realidad", avisan los consultados que especifican que la cantidad superior en rango se prevé únicamente para grandes perturbaciones del orden público, como manifestaciones no autorizadas ante sedes parlamentarias o la intrusión en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad.

Estas sanciones sí pueden alcanzar este carácter grave si acompañan de resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación. Tampoco observan los juristas que los actos imputados a los identificados supongan daños al espacio público, como explicó el departamento regional de Interior. Los lazos amarillos objetivo de estas acciones no son, en ningún caso, bienes a proteger.

"Desviación de poder"

Por todo ello, insisten en que la actitud amparada por la Consellería evidencia una desviación de poder llevada a cabo, de forma aparente, "para dar ventaja en una controversia política a unos contra otros". Se violenta, además, la obligación de imparcialidad que debe regir en todas las decisiones en las que se obra desde la autoridad, más aún la policial.

La fiscal general del Estado se posicionó este lunes señalando que no ve "delito alguno ni en quitar ni en poner" lazos amarillos

La fiscal general del Estado, María José Segarra, se pronunció este lunes sobre la cuestión e insistió en que no ve "delito alguno ni en quitar ni en poner" lazos amarillos a favor del independentismo catalán ya que, a su juicio, es algo que "forma parte de la libertad de expresión". Prefirió, eso sí, no pronunciarse sobre si es correcto aplicar en este caso la Ley de Seguridad Ciudadana, ya que no es de su competencia sino del Gobierno de Catalunya. "No me toca responder sobre su aplicación. Son las autoridades gubernativas catalanas las que tomarán las decisiones, seguramente, más oportunas", señaló.

Alexandra López-Liz, presidenta de la asociación Aixecat Levántante, que entre otras cosas lleva a cabo acciones para retirar simbología independentista de las calles de Cataluña, señala que no es la primera vez que la policía pide identificar a los autores de estas acciones. "Lo han hecho antes. Los mossos, la guardia urbana, la policía urbana de algunos municipios han identificado a personas que rtiraban lazos y pancartas independentistas". Sin embargo, añade que no conoce de ningún caso en los que esa identificación haya acabado en una multa administrativa.

López-Liz recuerda un caso paradójico que revela la situación a la que se está llegando. "Una vez en un pueblo quitamos una estelada enorme y la guardia urbana nos dijo que teníamos que devolver la bandera porque la había pagado el Ayuntamiento. Y eso que estaba en un espacio público y no es un símbolo constitucional, que es un desvío de fondos. La devolvimos pero hecha jirones".

Esta explica qué hacen en esos casos: "Uno no se puede negar a que le identifiquen y no hemos tenido en entregar la documentación, pero nunca nos ha llegado una sanción. Te pueden incautar algún material, eso es posible". Y añade que el material para retirar símbolos independentistas es cada vez más sofisticado y preparado para llegar incluso a lugares de difícil acceso. Entre los identificados por los mossos había un guardia civil que lo hacía en su tiempo libre, pero también hay policías nacionales que han retirado lazos.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenó en una sentencia retirar símbolos partidistas de edificios públicos. La presidenta de uno de estos grupos demuestra haber analizado la situación jurídica: "Poner un lazo amarillo en mobiliario urbano va contra la mayoría de ordenanzas municipales y quitarlo no debería tener problema. Entiendo que si no lo haces con cuidado y dañas el mobiliario cometes la misma infracción que quien lo ha puesto, pero si lo quitas no hay infracción posible".

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