El PP negociará la ley mordaza, pero confía en las discrepancias entre el resto de grupos

El PP confía en mantener el espíritu básico de la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, y basa su esperanza en las discrepancias notables entre las enmiendas parciales presentadas por los grupos parlamentarios en el Congreso y las dificultades para llegar a acuerdos. El trámite para rectificar una de las normas más polémicas de la mayoría absoluta del PP estaba frenado desde hace más de un año por el acuerdo de los populares y de Ciudadanos para prolongar sucesivamente los plazos de enmiendas. Ahora, el partido de Albert Rivera ha permitido que se inicie el largo procedimiento parlamentario que no terminará en ningún caso antes de 2019.

La norma fue recurrida al Tribunal Constitucional por PSOE, IU,Grupo Mixto y UPyD. CiU y PNV y está a la espera de que se resuelva el recurso y, además, ha sido cuestionada por el Defensor del Pueblo por entender que penaliza con sanciones administrativas conductas que antes estaban reguladas como faltas en el Código Penal con intervención judicial. PNV y PSOE presentaron sendas proposiciones de ley que superaron el trámite de debate de totalidad, con el único voto en contra del PP, y ahora es preciso unir esos dos textos, buscar acuerdos sobre las enmiendas parciales y luego continuar el procedimiento en el Senado. En teoría, puede haber una mayoría absoluta alternativa sin el PP, pero las diferencias entre los distintos grupos hacen difícil el acuerdo sin los populares. El PP puede cambiarlo en el Senado, pero luego la mayoría absoluta del Congreso podría volver al texto aprobado en la cámara baja, es decir, sólo tiene capacidad para retrasar los plazos.

Fuentes del PP explican que las discrepancias entre partidos como Podemos y Ciudadanos en el articulado hará difícil la modificación sustancial de la ley como ya ocurre, por ejemplo, con la renovación de RTVE, aunque están dispuestos a estudiar cambios. El Gobierno mantiene unas líneas rojas referidas a no eliminar las devoluciones en caliente de inmigrantes en las vallas de Ceuta y Melilla y la protección de los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado en las manifestaciones.

El PSOE se remite a su texto que, básicamente, eliminaba los artículos que están pendientes de recurso ante al Tribunal Constitucional. Los socialistas quieren derogar los artículos que permiten que a los periodistas se les requise ese material gráfico; imposibilitar los registros personales en lugares públicos, "dejando prácticamente desnudas a personas en la vía pública"; acabar con la consideración como infracción grave la falta de respeto a una autoridad pública o a un miembro de las fuerzas de seguridad y eliminar la disposición que permite las de devoluciones en caliente de inmigrantes. Estas son los prácticamente los únicos puntos en los que Unidos Podemos coincide con los socialistas.

Ciudadanos ha presentado casi un centenar de enmiendas. Coincide con el PSOE en "reforzar las garantías de los ciudadanos en casos de registros corporales: en relación al agente que puede practicar esos registros e incluyendo la prohibición de la desnudez" y para que "la situación de urgencia no puede justificar, en ningún caso, el incumplimiento de estas garantías mínimas de la dignidad de todo ciudadano".

Discrepa con los socialistas en mantener lo que llama protección de agentes, es decir, la imposibilidad de hacerles fotos en manifestaciones; en las sanciones por manifestaciones en la puerta del Congreso de los Diputados y en permitir las devoluciones en caliente. Sobre este último punto, pide un protocolo de actuación y que no sea una decisión del mando en cada momento.

E introduce otras nuevas conductas sancionables como que el abandono o maltrato de animales domésticos o asilvestrados sea considerado infracción grave, que se mejore el apartado relativo a la ocupación ilegal o que se introduzca un régimen especial para actividades que ponen en especial peligro la seguridad ciudadana y aconsejan una mayor intervención.

El grupo confederal de Unidos Podemos ha presentado 65 de enmiendas al texto del PSOE, y cerca de medio centenar al del PNV, con el objeto de hacer una impugnación a la propia filosofía de la ley, "dejando de hablar de seguridad pública para hablar sobre libertades civiles". Desde la formación rechazan también volver a la denominada Ley Corcuera de 1992, como interpretan que pretende hacer el PSOE, anticipando discrepancias irreconciliables.

Entre sus enmiendas destaca la prohibición de las pelotas de goma, la obligación de anunciar previamente a los manifestantes cuándo se va a producir una carga, la posibilidad de celebrar una manifestación con todas las garantías sin necesidad de comunicarla previamente o la obligación de los agentes a identificarse con su carné cuando se lo requiera un ciudadano. Una vuelta de tortilla que también se observa en el hecho de permitir la difusión de imágenes captadas a agentes realizando su trabajo, tanto a la ciudadanía como a informadores, o de reducir el tiempo de retención de un ciudadano, cuando no pueda ser identificado "por cualquier medio o documento público u oficial, incluida la vía telemática o telefónica, o si la persona se negase a identificarse", a un máximo de dos horas, en lugar de las seis horas actuales.

La derogación de la disposición adicional en la ley sobre las identificaciones en caliente de inmigrantes en Ceuta y Melilla también pretende eliminarse. "Además de vulnerar la tutela judicial, les priva por la vía de hecho de acceder a otros derechos, como el asilo y la protección internacional, o los que, según las leyes españoles y tratados internacionales, deben garantizarse a colectivos como los menores o las víctimas de trata". Motivos todos ellos por los que ya se impulsó un recurso de inconstitucionalidad. En esta línea, las enmiendas de Unidos Podemos recogen la garantía de los inmigrantes a la petición de asilo, a la asistencia letrada y de intérprete o que la decisión de la devolución no sea tomada por un funcionario, sino por una instancia gubernativa. Por otra parte se pretende que para evitar "las indentificaciones basadas en un perfil étnico" se siga el modelo británico, mediante el cual los agentes deben rellenar para ello un formulario y entregar copia al interesado.

Desde Unidos Podemos no esconden un cierto pesimismo a la hora de lograr una reforma en los términos que proponen, debido a que contextualizan el levantamiento del veto por parte de Ciudadanos al trámite de enmiendas como una "maniobra política" fruto de su guerra abierta con el PP como por la intención del PSOE de "volver a la ley Corcuera" que no cumpliría con sus exigencias. Sin embargo, aplauden la oportunidad de que se abra este debate, y anuncian una ofensiva institucional, y también con protestas en las calles, a favor de la libertad de expresión, tras las condenas a tuiteros y artistas. En esta línea, Izquierda Unida ya ha registrado una iniciativa para eliminar del Código Penal los artículos referidos a los delitos contra los sentimientos religiosos, el de injurias contra la Corona, injurias contra las instituciones, el de injurias a la patria y el de enaltecimiento del terrorismo.

ERC ha presentado una decena de enmiendas que incluyen que los ciudadanos podrán grabar en la calle para evitar "abusos policiales" de los últimos tiempos con la confiscación de cámaras.