EL ‘PRESIDENT’ CALMÓ A LOS MÉDICOS CON 100 M

La CUP aprieta a Torra ante una calle revuelta y un Govern dividido

La CUP ha repartido octavillas que dicen que la "solución a las demandas de los trabajadores no es un aumento simbólico, sino un cambio de modelo estructural en los servicios públicos"

Foto: Miles de empleados públicos de la Generalitat y estudiantes se manifiestan contra los recortes. (EFE)
Miles de empleados públicos de la Generalitat y estudiantes se manifiestan contra los recortes. (EFE)

Los 100 millones de euros que el Gobierno catalán encontró para apaciguar los ánimos y contentar a los médicos de la sanidad pública, que llevaban desde el lunes en huelga, han sido el bálsamo para el ‘president’ Quim Torra, con el que pudo desactivar el último día de huelga de los facultativos. El dinero servirá para la contratación de 200 facultativos, pagar horas extraordinarias y cubrir bajas y vacaciones. Con ello, se reduciría la carga de trabajo de los médicos de primaria y se mejorarían las condiciones laborales de los centros de atención primaria. La medida logró que los médicos desconvocasen la huelga a última hora de la tarde de este jueves, pero eso no calmará el descontento hacia un Govern que ha quedado en evidencia.

La CUP aprieta a Torra ante una calle revuelta y un Govern dividido

Con el dinero, sin embargo, la Generalitat solo ha comprado algo de tiempo. Porque ni los más radicales independentistas están dispuestos a resignarse. Según las consignas repartidas por la CUP, “tenemos claro que la solución a las demandas y reivindicaciones de los trabajadores de la función pública no es un aumento simbólico en los presupuestos, sino un cambio de modelo estructural en los servicios públicos”.

Y hay una realidad palpable: el ‘president’ ha soportado las huelgas de esta semana (médicos, sanitarios, profesores, estudiantes, bomberos…) como una prueba de fuego. El próximo 12 de diciembre, los 250.000 empleados del Govern serán los protagonistas del primer paro general contra la Generalitat. La Administración autonómica puede quedar completamente paralizada porque el Govern no mueve ficha. Las promesas y acuerdos a que los anteriores gobiernos llegaron con sus trabajadores son papel mojado para Torra. Ante las protestas o las peticiones, él calla y afirma que entiende a todos, empatiza con los que protestan y sonríe. Y eso va creando un creciente malestar.

La CUP aprieta a Torra ante una calle revuelta y un Govern dividido

Lo cierto es que Torra ha ido a remolque de la actualidad toda esta semana. No se le ha oído ni se le ha visto, a pesar de que tenía en la calle a importantes colectivos (médicos, profesores, estudiantes, bomberos…) protestando por las condiciones laborales de los empleados públicos o por las tasas universitarias. Y tras cuatro días de paros y manifestaciones, da la sensación de que lo único que busca, en estos momentos, es blanquear su imagen.

Las asombrosas ‘reuniones’ del Govern

El ‘president’, en vez de convocar al Ejecutivo ante el alud de protestas en la calle, se reunió con consejeros de su Gobierno este jueves. En la primera reunión, con el vicepresidente, Pere Aragonès, la consejera de Salud, Alba Vergès, y el consejero de Trabajo, Chakir el Homrani; en otro momento, con la consejera de Presidencia, Elsa Artadi, el consejero de Interior, Miquel Buch, y el consejero de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró. O sea: se reunió con ERC y con PDeCAT por separado. Difícilmente se puede resolver una crisis del tamaño de la que está sobre su mesa con esa división de fuerzas y de estrategias. La imagen, lejos de proyectar actividad en el Govern, deja patente que lo que hay son dos posiciones irreconciliables y que Torra no oficia como ‘president’ y como líder el Ejecutivo. O sea, que el Gobierno no gobierna.

Pero tiene el peligro pendiente de que la huelga que acaba de desactivar se le pueda reactivar por otro lado: en el sector de la sanidad concertada. Resulta que los altos cargos se han estado subiendo el sueldo los últimos años mientras que el personal sanitario ha sufrido en sus carnes los recortes brutales del Govern. Además, cinco directivos de la red concertada cobran más incluso que Quim Torra. Y eso que el sueldo de este es uno de los más altos de España: 150.000 euros al año, casi el doble que el presidente del Gobierno español.

El presidente del poderoso Metges de Catalunya, Jordi Cruz, se lo advirtió al ‘president’, por lo que a Torra, pues, le espera un 'invierno caliente’. Los 100 millones son solo un parche momentáneo. En la sanidad hay que cambiar muchas cosas. Y si Torra sigue incumpliendo las promesas de la Administración y le toma el pelo a la sanidad pública incumpliendo lo que pactó este jueves, le viene detrás la concertada. Y estaremos en las mismas, porque el 82% de las camas de los hospitales son concertadas, así como el 20% de los centros de atención primaria.

De ahí el toque de atención de los médicos y sanitarios a los políticos: la ‘casta’ catalana se ha de acabar, se han de racionalizar los salarios, revertir los recortes y poner dinero en los servicios públicos, que están en la ruina y al borde del colapso. Pero ya dijo el portavoz de Junts per Catalunya (JxCAT), Eduard Pujol, que la reducción de las listas de espera no es la prioridad de este Govern. Lo suyo es la independencia.

A Torra, no obstante, también le aprietan por el extremo más radical del independentismo. Para Endavant, el núcleo duro de la CUP, las huelgas llegan en un momento “en que se pueden forzar negociaciones para los presupuestos autonómicos”. Recuerdan que las peticiones de los estudiantes de rebajar las tasas universitarias un 30% “es una medida ya aprobada que el Govern actual se niega a implementar. Esta situación de incumplimiento de lo pactado, más allá de los ataques que suponen los recortes en cualquier servicio público, es una de las lecciones más claras que hemos de aprender: solo la lucha nos da lo que el poder nos quita”.

Los duros de la CUP advierten de que “el desmantelamiento del sector público está afectando a servicios básicos, imprescindibles, que por su sensibilidad y especial relevancia habrían de estar fuera de cualquier mercantilización y cualquier cálculo de costo-beneficio”. Los radicales, hartos de que Torra vaya por libre y prescinda de la realidad que le rodea, lanzan una seria advertencia: “La regresión en derechos y servicios es un hecho que es preciso frenar, mientras trabajamos desde la autoorganización, fuera de las instituciones, para recuperar soberanías y ejercer la autodeterminación en todo aquello que afecta a nuestras condiciones materiales de vida”. Y desde el pequeño sindicato COS, que es el que hace usar la izquierda radical ‘indepe’, se lanza la consigna de que “la lucha es el único camino”. Y son estos colectivos los que, en definitiva, engrosan las filas de los CDR, los activistas a los que el propio Torra jaleaba hace poco tiempo, pero que no están dispuestos a que les tomen el pelo y exigen que se cumplan las promesas.

Las dos calles

Estas movilizaciones han evidenciado también que hay una calle real y otra ficticia. La ficticia es la de las entidades civiles, que actúan como ‘brazo armado’ de algunos partidos y del Govern para movilizar a la ciudadanía y mantener la tensión política. Y en estas protestas, a esas entidades ni se las ha visto ni se las esperaba. Se trata de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, que, en cambio, han convocado para este viernes una concentración en la plaza de Cataluña de Barcelona bajo el lema ‘Hagamos la república catalana’. Y en el cartel convocante, destacan: ‘Unidad para hacer la república catalana y liberar a los presos políticos, exiliados y represaliados’.

Precisamente este jueves, la ANC y Òmnium presentaron las nuevas condiciones de las cajas de resistencia: a partir de ahora, no solo atenderán a sus clientes de ‘lujo’, sino que también servirán para pagar fianzas de activistas detenidos en actuaciones por la independencia, aunque sean de los CDR. Y es que tanto la CUP como los CDR se habían hartado de ser los ‘hermanos pobres’ y la carne de cañón del independentismo y habían comenzado hace unas semanas una campaña para crear cajas de solidaridad con las que hacer frente a los gastos de detenidos en manifestaciones o concejales imputados por desobediencia.

Los expresidentes del Parlament Ernest Benach y Núria de Gispert, nombrados ‘controladores’ de las cajas de resistencia, reconocieron que en un año y medio, ANC y Òmnium recaudaron nueve millones de euros. De ellos, tras pagar fianzas de condenados o imputados, quedan en la cuenta unos tres millones. A partir de ahora, las cajas ya no dependerán orgánicamente de las dos entidades, sino de la Asociación de Fomento de la Caja de Solidaridad, que será presidida por la propia De Gispert.

Cataluña

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