El nuevo Govern de Torra: radicales, supremacistas y un investigado por mordidas

El nuevo Govern de Cataluña nace con algunos interrogantes que ha de ir despejando en las próximas semanas. En él, Quim Torra da cobijo a un plantel de neófitos que nunca habían tenido altas responsabilidades de gobierno (exceptuando al exsocialista y actual republicano Ernest Maragall, titular de Exteriores, y a Josep Bargalló, que había sido también titular de Enseñanza y ‘conseller primer’ de 2004 a 2006, pero retirado de la vida pública política desde entonces) e incluso a un investigado por presuntamente crear estructuras que facilitaron la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. Pero casi todos los nominados por Torra tienen algo en común: son radicales y anteponen su perfil político al técnico. Se trata de un gabinete para plantar cara al Estado.

De entre todos los consejeros, nadie duda de la ascendencia de Maragall sobre sus compañeros. “Tiene muchas tablas y ya ha sido consejero hace 10 años con el Tripartito, además de haber ejercido responsabilidades en el Ayuntamiento de Barcelona. De alguna manera, su impronta se notará, aunque tendrá un peso relativo dentro del Govern”, señalan fuentes de la Administración catalana a El Confidencial. Aun así, Maragall, junto con el vicepresidente y titular de Economía, Pere Aragonès, es uno de los perfiles que combinan con más equilibrio la vertiente política y la técnica.

Quien marcará perfil ideológico en el Govern será Elsa Artadi, consejera de Presidencia y portavoz. Artadi es compañera de un exdiputado de CiU en el Congreso y exdelegado especial de Hacienda en Cataluña, Heribert Padrol (del íntimo círculo de la familia Pujol y cuyo nombre aparecía en el sumario de las ITV, ya que era abogado de una concesionaria y Oriol Pujol le propuso que confeccionase el mapa de las ITV para que sus clientes saliesen beneficiados). “Artadi es inteligente y fiel a Puigdemont. Cuando este le dijo en otoño pasado que tenía que abandonar el PDeCAT, no lo dudó ni un momento y rompió el carné. Pero no ha querido ocupar la presidencia de la Generalitat para no tener que tragar sapos. No ha sido presidenta porque es inteligente”, asegura una persona que la conoce de cerca.

La nueva consejera de Presidencia ya había sido, en la pasada legislatura, la ‘comisaria política’ de Puigdemont en el Govern y era la encargada de controlar a los consejeros de ERC y de trasladar sus opiniones al ‘president’. Ahora será la jefa. “Muchos de los que ahora acceden al poder ya llevan ocupando puestos intermedios en la Administración desde hace casi dos décadas. Y casi todos ellos son del grupo de Moment Zero: la propia Artadi, el consejero de Interior, Miquel Buch, o el de Territorio, Damià Calvet… Y ahora se espera el desembarco en la Administración de sus compañeros de aventuras: Jordi Cuminal, Víctor Cullell o Albert Batet son algunos. Todos ellos no tienen peso en el partido, si exceptuamos a Marta Pascal, que sin embargo no ha sido aupada por Moment Zero, a pesar de pertenecer al grupo. Lo único que les faltará es dominar las estructuras del partido. Pero, por el momento, su principal función será servir a Quim Torra hasta que puedan ponerlo a su servicio, una vez desconectado de Carles Puigdemont”, explica a este diario una fuente muy cercana al nuevo Govern.

Una supremacista en Cultura

Pero a pesar del radicalismo de los integrantes de Moment Zero, los que no pertenecen a este colectivo no se quedan atrás en cuanto a perfil extremista. De entre todos los consejeros nombrados, es Laura Borràs —que ha llegado al cargo este martes después de haber tirado la toalla el huido Lluís Puig en el área de Cultura— una de las que más dudas despiertan. Borràs está considerada una extremista y supremacista. Se da la circunstancia de que la hasta ahora diputada de Junts per Catalunya (fue en el número cinco de la candidatura de Puigdemont) era compañera de despacho de Quim Torra en el Parlament. O sea, ambos ocupaban la ‘War Room’, de donde salían las estrategias políticas del grupo parlamentario.

Borràs protagonizó los primeros episodios desagradables de esta legislatura en la cámara legislativa catalana: ella y su compañera diputada Aurora Madaula (compañera del exdirector de la Fundación CatDem y hace poco destituido director general de la Escuela de Administración Pública, Agustí Colominas) llegaron a abroncar a trabajadores de ERC por hablar con representantes de partidos constitucionalistas. Además, abroncó a dos jóvenes republicanos después de que el presidente del Parlament, Roger Torrent, suspendiese el pleno de la primera investidura de Carles Puigdemont. Para ella, los republicanos eran unos ‘traidores’ por haber desconvocado el pleno. La anécdota da una idea del talante de la nueva consejera, que dirigirá ahora una de las áreas más ideologizadas del Govern.

Por si fuera poco, Borràs fue una de las firmantes del manifiesto del grupo Koiné hace dos años, en el que se aboga por el monolingüismo en Cataluña, excluyendo al castellano de la escuela y de la vida pública. Con esta vertiente supremacista, muy similar a la de su jefe, Quim Torra, se ahonda en el perfil radical y excluyente del nuevo Ejecutivo catalán.

Damià Calvet, de las juventudes de CDC

El talante de Borràs es similar al de su ahora compañero de gabinete Damià Calvet, elegido consejero de Territorio. Calvet, que proviene de las juventudes de Convergència, es íntimo amigo de los exconsejeros Felip Puig y Josep Rull, y ya tuvo cargos intermedios en el último Gobierno de Jordi Pujol. En 2011, cuando Artur Mas llegó al poder, el consejero de Territorio, Lluís Recoder, se lo llevó como secretario de Territorio y Movilidad. Recoder era hasta entonces alcalde de Sant Cugat, municipio donde reside Calvet. En 2013, Rull le nombró director del Incasol, y en las elecciones municipales de 2015 integró las listas de Sant Cugat, ayuntamiento del que es responsable de Urbanismo.

La oposición pidió varias veces su dimisión por incompatibilidad de cargos, ya que los intereses de un municipio (Administración local) pueden ser opuestos en ocasiones a los de la Generalitat (Administración autonómica), pero Calvet se negó a dejar uno de los dos cargos. Ahora tendrá que hacerlo, aunque ya ha cumplido una de sus metas: la confección de otro plan general metropolitano que, entre otras cosas, permitirá al consistorio evitar tener que cumplir resoluciones judiciales contrarias a sus planeamientos. Con anterioridad, trabajó unos años en la compañía Vertix, una promotora urbanística cuyo propietario no ha escondido nunca sus inclinaciones independentistas.

Aunque es miembro del consejo nacional del PDeCAT, Calvet no está considerado un hombre de partido. “Sus planteamientos están más cercanos, en estos momentos, a Carles Puigdemont que al PDeCAT. Y su lealtad no es para con el partido, sino para con Rull, que en los últimos meses se ha alejado bastante de nuestros postulados”, señalan fuentes del partido a este diario.

Y un investigado por el 1-O

Otro compañero de Sant Cugat de Calvet, Jordi Puigneró, será el nuevo consejero de Políticas Digitales y Administración Pública. Puigneró ha sido desde 2012 secretario de Telecomunicaciones y Sociedad Digital del Gobierno y, por ende, el máximo encargado de crear las estructuras de estado para la desconexión digital con España. Entre sus cometidos, estaba también la creación de una célula que habría de ser el germen de unos nuevos servicios de Inteligencia de Cataluña, o sea, del CNI catalán.

Por ello, el titular del juzgado número 13 de Barcelona lo tiene en el punto de mira por sus actividades al frente de su negociado. Pero, paralelamente, sus actividades están siendo investigadas por la UDEF debido a una denuncia de un antiguo trabajador, que aportó documentos sobre algunas adjudicaciones millonarias de contratos a ‘empresas amigas’ desde el año 2011 a través del CTTI, un organismo que estaba bajo la supervisión de Puigneró. De hecho, según ha podido conocer este diario, el verdadero talón de Aquiles del nuevo consejero no son sus coqueteos con las estructuras de Estado sino los contratos que están siendo investigados por la UDEF, de los que se desprenden comisiones del 4% desgajadas de las adjudicaciones oficiales canalizadas a través el CTTI o del Cesicat.

Puigneró, que era el responsable de la sectorial TIC de Convergència, sin embargo, no está considerado, lo mismo que Calvet, un hombre del PDeCAT, sino un fiel servidor de Carles Puigdemont.

También la republicana Alba Vergès llega con polémica a la cartera de Sanidad en vez del fugado Toni Comín. Vergès, concejala en Igualada, accedió a una vivienda de protección oficial (se supone que es para personas de baja renta) en 2012. Dos meses después de haber accedido a la vivienda, fue nombrada diputada y su salario se multiplicó hasta llegar a los 72.000 euros anuales. Pero la vivienda ya era suya. Su carrera fue meteórica: en 2011 se afilió a ERC; ese mismo año, fue de número tres en la lista de las municipales, y en 2012 ya era presidenta comarcal de este partido y diputada.

Afiliada a la Asamblea Nacional Catalana (ANC), durante la pasada legislatura fue presidenta de la comisión de investigación parlamentaria de la operación Cataluña, de infausta memoria. “Su perfil es esencialmente político y no tiene ninguna formación ni ha tenido que ver con la sanidad”, explica una fuente de la oposición. Desde sus filas, en cambio, la defienden señalando que fue la responsable sectorial de Salud en ERC desde 2012 y que cuenta con un buen equipo. Además, entre 2008 y 2012 había sido jefa de administración y finanzas del Consorcio Sociosanitario de Igualada, una entidad pública local que gestiona centros para ancianos, pisos y un servicio de atención domiciliaria en la comarca del Anoia.