más pruebas de LA 'AGÈNCIA DE SEGURETAT' DE MAS

El CNI catalán iba a recibir 12 millones y unificaría toda la seguridad de la Generalitat

El núcleo principal del denominado CNI catalán, cuyo nombre oficial sería Agencia Nacional de Seguridad de Cataluña, absorbería toda la seguridad

Foto: El presidente de la Generalitat, Artur Mas. (EFE)
El presidente de la Generalitat, Artur Mas. (EFE)

El núcleo principal del denominado CNI catalán, cuyo nombre oficial sería Agencia Nacional de Seguridad (ANS) de Cataluña, absorbería todos los organismos de seguridad de las distintas consejerías de la Generalitat y, especialmente, se vería reforzado con el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), según un documento elaborado por el Centro de Seguridad de la Información (Cesicat) en mayo del año pasado. Para ello, recibiría prácticamente 12 millones de euros, que son las dotaciones del personal traspasado y de las partidas presupuestarias destinadas a gestión de varios servicios y mantenimiento de los mismos y de diversas herramientas, tanto de gestión de datos como de cortafuegos o antivirus.

Este documento, en poder de El Confidencial, fue confeccionado en principio bajo el título "Consolidación Seguridad en Cesicat" y explica que es necesaria una nueva gobernanza de seguridad que garantice “el despliegue de la estrategia nacional de seguridad”, además de evaluar “las capacidades y amenazas del ciberterrorismo, el cibercrimen y los ciberataques”. Se trataría, en este sentido, de “desarrollar inteligencia para permitir la toma de decisiones, al mismo tiempo conocer y aprender sobre las redes cibernéticas utilizadas por los colectivos que nos amenazan, poder desarticularlas y perseguir a los individuos que las ejecutan”.

Fuentes internas de la Generalitat explican a este diario que lo que se pretendía era centrar la seguridad cibernética en un solo organismo. “Todos los departamentos tienen su propia oficina de seguridad y lo que se pretende es centralizar estos servicios”, subrayan las fuentes. Se trataría, pues, en principio, de una solución puramente técnica que podría redundar “en beneficio de la operatividad e incluso de la economía, puesto que al estar integrados y centralizados todos los servicios se podría economizar el gasto”.

Uno de los capítulos de este documento, no obstante, lleva el significativo título de “Primeras ideas a desarrollar”. Y la primera es la creación de la ANS, lo que da una idea del interés que la central de inteligencia tiene para el Ejecutivo de Artur Mas. El propio Cesicat sería la principal célula de esta Agencia. En este apartado, explica que se han de analizar varios puntos: “Transferencia [de] personal, activos y presupuesto del CTTI; adecuación de la Organización a las nuevas funciones; parte legal, funcional, competencias, estatutos…”

La creación de un gigante

El segundo punto de las ideas a desarrollar es la incorporación de entidades dedicadas a la seguridad, puesto que la ANS pensaba absorber a otras entidades como la Agencia de Protección de Datos de Cataluña (Apdcat) o el organismo de certificación electrónica Catcert. El tercer punto trata exclusivamente sobre el CTTI y detalla el plan de transición para integrarlo en la ANS creada a partir del Cesicat. Esta también absorbería el GICAR, el servicio corporativo de gestión de identidades y sistema de autenticación del Gobierno catalán, así como las Bases de Datos de Ciudadanos, que servirían para crear un nuevo censo y que permitirían la creación de una nueva tarjeta identificativa exclusivamente catalana. Se crearía, pues, un gigante de la seguridad que controlaría toda el área cibernética de la Administración.

Una cámara de los Mossos d'Esquadra en una protesta. (EFE)
Una cámara de los Mossos d'Esquadra en una protesta. (EFE)

El diseño que los técnicos de Cesicat hacían era milimétrico. Una de las hojas especifica los servicios a traspasar del CTTI a la ANS: pasarían 16 personas que trabajan en el área de seguridad, cuyo coste es de 978.578 euros. Además, se haría cargo de la Oficina de Seguridad del CTTI, dotada con 1.240.000 euros. También recibiría 300.000 euros por operaciones, 45.000 para antivirus, 291.500 por el mantenimiento de herramientas de seguridad, 250.000 más por herramientas en la gestión de cortafuegos... Cuando se confeccionó el documento faltaba concretar el monto de algunos activos y de los servicios Telco. A esas cantidades hay que sumarles el IVA.

Las consejerías también tendrían que enviar sus presupuestos de seguridad a la ANS, que recibiría 1,3 millones del CTTI. Un millón era correspondiente al capítulo 2, resultado de un contrato-convenio plurianual, y el resto del capítulo 6. La Oficina de Seguridad de Sanidad (Red.es) traspasaría 220.000 euros, mientras que para mantener las herramientas de seguridad en las consejerías recibiría un millón anual y de las Oficinas de Seguridad Interior (la sección s21sec e Indra) otros 500.000 euros. En total, sin contar los activos, las consejerías del Gobierno deberían aportar a la ANS 2.720.000 euros correspondientes al capítulo 2 de los presupuestos y 300.000 correspondientes al capítulo 6. Una anotación al final de la página, no obstante, cifra el “total a transferir” en sólo 2,8 millones de euros.

Un último capítulo detalla, asimismo, que Catcert debería traspasar un total de 1.550.000 euros, mientras que Apdcat enviaría a la Agencia 2.843.000 euros y la Administració Oberta de Catalunya (AOC) aportaría 1.470.000. En total, 5.863.000 euros. El resumen final es muy claro: el Cesicat debería nutrirse con 11.988.078 euros provenientes de del CTTI, de las consejerías y de la Generalitat como Administración.

En el capítulo del CTTI, el documento detalla exactamente el número de personas de cada unidad que se han de adscribir al Cesicat. Por ejemplo, el núcleo de los servicios de inteligencia se haría cargo de la Oficina de Seguridad, dedicada a “servicios de seguridad, renovación de licencias de herramientas de seguridad y renovaciones del mantenimiento de estas herramientas”. Por ello, se hará cargo de “10-12 personas de Indra” que trabajan en esa unidad, todo ello con su correspondiente dotación: 1.581.472,50 euros. En realidad, la nueva unidad de seguridad tendría 10 personas: un jefe de unidad, cinco responsables de seguridad de la información departamentales, un responsable del Cesicat, un responsable de continuidad y dos técnicos de seguridad tecnológica.

El documento es tan detallista que describe incluso el cifrado de correos, que costaría 36.000 euros: la gestión de vulnerabilidades, 50.000; la implantación de la herramienta automática Babel, 80.000; y la operación de las sondas de seguridad, con la gestión de vulnerabilidades y la gestión de incidentes de seguridad, 300.000.

La estrategia futura

En el capítulo de “estrategia de seguridad futura”, el documento analiza cuatro opciones sobre cómo el Gobierno catalán puede resolver su seguridad. La primera opción es que la propiedad y la gestión se asuman por parte de la propia Generalitat. Como punto favorable, resalta la “independencia en la gestión de las herramientas, total control de los cambios y acciones sobre las herramientas de seguridad y rápida reacción ante incidentes”. Como puntos desfavorables, la “necesidad de inversión y aumento de Capex [inversiones productivas]”.

La segunda opción es que la propiedad de las herramientas sea de la Generalitat y la gestión de un proveedor de seguridad. Los beneficios en este apartado serían la “independencia en la prescripción de las herramientas” y, además, “no afecta el cambio de proveedores”. Pero tiene como puntos desfavorables la necesidad de inversión, el “aumento de Opex [costo permanente]” y también “continúa necesitando conocimientos internos”.

Escuela de policía de Cataluña. (EFE)
Escuela de policía de Cataluña. (EFE)

La tercera opción es que la propiedad sea de proveedores y la gestión, de la Generalitat. Los beneficios de esta opción son “la segregación de roles y la renovación tecnológica elevada”, mientras que los puntos desfavorables son “potenciales conflictos con prioridades del proveedor, no total independencia en la toma de decisiones y cerrar buy-outs”.

Por último, la opción cuarta es que la propiedad y la gestión se lleven a cabo por parte de proveedores, por lo que la Generalitat no tendrá necesidad de Capex, aunque como punto negativo resalta que los proveedores conocerán todo el entramado y el Gobierno tendrá una dependencia total de ellos.

El documento, no obstante, subraya que “es preciso tener un control directo de las principales herramientas de seguridad, en la prescripción, propiedad o en su gestión” y que “la gestión de incidentes de seguridad ha de ser siempre, y en cualquier circunstancia, gestionada directamente por la Generalitat”.

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