El juez deja también en prisión a Jordi Sànchez

El juez Pablo Llarena ha denegado este martes la puesta en libertad al expresidente de la ANC Jordi Sànchez. El líder de la asociación soberanista, que ingresó en Soto de Real el pasado 16 de octubre, concurrió a las elecciones del 21-D como número dos de las listas de JxCAT y su nombre se baraja para optar a la presidencia del Govern en sustitución de Carles Puigdemont.

Respecto a la reiteración delictiva, el juez afirma que, a diferencia de algunos encausados, en Jordi Sànchez hay un mayor riesgo, ya que "no solo no ha renunciado a la actividad pública que –desde diversos frentes- ha servido de instrumento para la ejecución de los hechos, sino que ha revalidado su compromiso en una candidatura cuyo líder proclama el objetivo de restablecer la dinámica política que condujo a las actuaciones de las que nacen las responsabilidades que este proceso penal contempla y que desembocó en la aplicación del artículo 155 de la Constitución".

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En su auto, alude a la existencia de "un contexto político en el que concurren todavía sectores que defienden explícitamente que debe conseguirse la independencia de Cataluña de manera inmediata y que debe lograrse perseverando en el mecanismo de secesión contrario a las normas penales que aquí se enjuicia. Siguen así ajustados al plan de secesión que recoge el documento Enfocats, en el que se contemplaba abordar una legislatura constituyente con posterioridad a la desconexión del Estado español, y en el que se expresaba la necesidad de perseverar en la estrategia y en los objetivos aún en el supuesto de que el Estado interviniera las instituciones de la Comunidad Autónoma”. El juez recuerda que el solicitante "mantiene su ideario soberanista, lo que resulta constitucionalmente válido, pero imposibilita el convencimiento de imposible reiteración delictiva que se tendría respecto de quien profese la ideología contraria".

El magistrado no ha atendido su solicitud que formuló durante la declaración voluntaria prestada a principios de diciembre y reflejó posteriormente en un escrito ante el magistrado del Supremo. Pedía entonces dejar de lado "las evidentes connotaciones políticas" de este caso a la hora de valorar su estancia en la cárcel. Aseguraba, además, que sólo cuando quede libre podrá demostrar que no va a repetir el delito de rebelión y sedición que se le imputa. "La única forma de poder acreditarlo es dejarle en libertad y que pueda ejercer su función pública cumpliendo este compromiso. Lo contrario dejaría como única opción la renuncia al cargo de diputado", reprochaba la defensa del acusado.

Llarena ordenó hace unos días el registro de la sede de su asociación en busca de los emails que intercambió en la fase de preparación del referéndum del 1-O y en los días posteriores. Trata de apuntalar su participación directa en la estrategia para la independencia unilateral y rastrear la posible comisión de delitos de malversación impulsados desde la propia ANC.

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El magistrado considera que han aparecido nuevos elementos de su participación en los hechos investigados en esta causa, a lo que añade que persiste el riesgo de reiteración delictiva. Asegura que hay indicios "de soporte” sobre la participación de ANC y de su entonces presidente en los hechos investigados y se refiere en concreta a la agenda intervenida al secretario general de Economía Josep María Jové "que evidencia no sólo la reunión de partidos políticos soberanistas y los representantes de ANC y Ómnium Cultural, sino que aquellos contemplaban la movilización ciudadana como un elemento estratégico para la consecución de la independencia".

En nombre de Puigdemont

El magistrado se refiere, además, a las numerosas intervenciones públicas en las que los representantes políticos y los de las asociaciones soberanistas "han proyectado la existencia de una actuación compartida, habiendo llegado a afirmar Sánchez en una ocasión que, sobre esta cuestión, hablaba en nombre del expresidente Puigdemont, o de los partidos soberanistas PDeCAT, ERC o la CUP, al tiempo que se ha proclamado garante de que se celebraría el referéndum del que derivaría la declaración de independencia, salvo que el gobierno del Estado lo impidiera con actos impropios".

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Por último, también cita las convocatorias que se hicieron desde ANC "para que los ciudadanos se congregaran en movilizaciones orientadas a dificultar la prohibición del referéndum o, incluso, dando pautas de cómo habrían de ocuparse los centros de votación en la madrugada del 1 de octubre, para imposibilitar con ello que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado pudieran llevar a término las decisiones judiciales de impedir su celebración".

Por ello, a la hora de analizar cuál puede ser su futura actuación, el magistrado destaca "la marcada determinación con la que el encausado ha perseguido la consecución de sus objetivos, lo que se refleja en su impulso de movilizaciones multitudinarias de ciudadanos que –como se dijo en el auto de 4 de diciembre de 2017- favorecieron un estallido social, y que específicamente estimularon o asumieron el riesgo de que se expandiera una irreparable reacción violenta contra la convivencia y contra la organización territorial del Estado".