Caso Palau: Caso Palau: cárcel para Millet, Montull y Osàcar y multa de 6,6M a Convergència. Noticias de Cataluña
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Caso Palau: cárcel para Millet, Montull y Osàcar y multa de 6,6M a Convergència

La Audiencia de Barcelona ha condenado a nueve años y ocho meses de cárcel Millet, y a siete años y seis meses a Jordi Montull, su mano derecha, por el expolio en el Palau entre 2000 y 2009

Foto: De izquierda a derecha, Jordi Montull, Fèlix Millet y Daniel Osàcar. (Efe)
De izquierda a derecha, Jordi Montull, Fèlix Millet y Daniel Osàcar. (Efe)

Mazazo a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), a su tesorero y a los expoliadores del Palau de la Música. Era algo esperado, aunque faltaba conocer los detalles de la sentencia más importante de los últimos años. Desde que comenzaron las investigaciones en el año 2009, la sombra de la sospecha planeó sobre Convergència, sobre su líder, Artur Mas, y sobre su tesorero, Daniel Osàcar. El veterano partido (que ahora se llama PDeCAT) tiene 15 de sus sedes embargadas para responder del latrocinio del Palau y ahora ha de pagar 6,7 millones de euros que, presuntamente, desvió de la institución musical. Claro que esos millones no iban destinados al Palau, sino que eran las ‘mordidas’ que Convergència cobraba a la empresa Ferrovial a cambio de adjudicaciones de obras públicas.

Son 549 folios de sentencia recogen abrumadoras pruebas contra los condenados, entre ellos Convergència. Los testimonios de los principales encausados fueron definitivos: lo que no decían los papeles lo detallaron durante el juicio Fèlix Millet, Jordi Montull (su segundo) y la mayoría de los empresarios que participaron en la trama, ayudando a desviar el dinero. Y, a pesar de la documentación que jamás llegó al juzgado porque se ‘perdió’ por el camino, hubo datos suficientes como para condenar al partido. Un partido que adjudicó obras y luego, cuando ya había perdido el poder, seguía cobrando las comisiones ilegales como si estuviese gobernando. Las cajas perdidas de documentos no hicieron falta, al final, para determinar el latrocinio de unos directivos sin escrúpulos y un partido con aroma a corrupción.

Artur Mas se apartó esta semana de la dirección del PDeCAT temiendo la que se le venía encima: los cobros citados en la sentencia se hicieron mientras él era secretario general del partido, aunque ahora pudiera parecer que nunca tuvo el control de Convergència (y, de hecho, llegó a afirmar ante el Parlament que no conocía los números de CDC, afirmación que, cuanto menos, suena a increíble). La desfachatez era supina. Según la sentencia, Ferrovial llegó a pagar por adelantado “100 millones y CDC se comprometía a adjudicarle a cambio obras por valor de 2.500 millones de pesetas (100 millones de pesetas es un 4% de 2.500 millones), sin perjuicio que, si posteriormente se superaba dicho volumen de obra adjudicada, se abonara igualmente la correspondiente comisión”.

Adjudicaciones viciadas

La sentencia afirma que las adjudicaciones a Ferrovial se hacían ya “viciadas por las influencias ejercidas para que se valorara como mejor oferta la presentada por Ferrovial, aprovechando el margen de discrecionalidad que ofrecían los concursos”, lo que degeneraba en una “resolución condicionada, conducida y empleada para satisfacer los intereses de Ferrovial y CDC, no una resolución imparcial”. Es todo otro varapalo a Artur Mas, que en el Parlament se cansó de decir que las adjudicaciones de la Generalitat siempre habían sido impolutas y que no se podía hacer trampa.

El fallo recoge la condena al tesorero de CDC, Daniel Osàcar, a 11 meses de prisión por un delito continuado de tráfico de influencias y a tres años y seis meses por blanqueo de capitales, delito continuado de falsedad en documento mercantil y otro delito de falsedad contable. Además, ha de pagar una multa de 3.796.000 euros. Es el reconocimiento de que el partido no era ajeno a la trama y un misil directo al corazón de CDC, que, por si fuera poco, también ha de asumir otras responsabilidades: “Procede acordar el comiso de las ganancias obtenidas por CDC, Fèlix Millet y Jordi Montull con la comisión de tráfico de influencias, que ascienden, respectivamente, a las cantidades de 6.676.105,58, 2.804.716,29 y 701.179,07 euros, cantidades que deberán ser entregadas por aquellos o hechas efectivas sobre su patrimonio”. La sentencia reconoce también que las cuentas del Palau fueron utilizadas “como puente entre Ferrovial y CDC, sin que ninguna de las partes, incluida la dirección del propio Palau, tuviera la más mínima intención de entregar dichas cantidades a éste para que las hiciera propias”.

[Los condenados a cárcel en el caso Palau]

El protagonista de la trama, el prohombre barcelonés Fèlix Millet, fue condenado a un total de 9 años y 8 meses por diversos delitos, además de multas por un monto de 4 millones de euros. El director administrativo, Jordi Montull, también ha sido condenado a un total de 7 años y medio (y una multa de 2,6 millones) y Gemma Montull, directora financiera e hija del anterior, a cuatro años y medio y multa de 2,6 millones.

Caso Palau: cárcel para Millet, Montull y Osàcar y multa de 6,6M a Convergència

Millet y Montull deben pagar también en concepto de responsabilidad civil a la Asociación Palau de la Música (una de las instituciones que conforman la institución musical) 6,1 millones de euros, además de otro millón y medio por una operación de compra-venta de un inmueble que vendieron con precio hinchado al Palau. También deberán devolver casi 193.000 euros por “gastos de viajes particulares abonados con fondos de la Fundación del Palau” y 6 millones por las cantidades que sacaron de sus cuentas mediante cheques. Curiosamente, decreta la responsabilidad civil subsidiaria de la Fundación del Palau por deudas con Hacienda, ya que desgravó dinero por operaciones con las empresas de Millet y Montull: han de abonar 128.000 y 550.000 euros al alimón más el interés legal del 25%. Si ellos no lo hacen, ha de hacerlo el Palau.

La trama familiar

La sentencia declara, asimismo, la responsabilidad civil subsidiaria de las esposas de Millet y Montull, Marta Vallès y Mercedes Mir respectivamente, así como de las empresas particulares de los directivos del Palau, a través de las cuales cobraron millones de euros. Marta Vallès ha de pagar, en total, casi 4 millones a la Fundación del Palau por partícipe a título lucrativo, más 1,2 millones por haber cobrado cheques por ventanilla; Mercedes Mir, debe pagar 238.000 euros y Laia Millet (hija de Fèlix Millet) casi 113.000 euros. Las empresas de ambos deben abonar, asimismo, más de 900.000 euros en concepto de responsabilidad civil subsidiaria.

Las restantes condenas corresponden a cargos del Palau o empresarios que ayudaron en la trama: Raimon Bergós, exdirectivo de la institución, se lleva 2 años y multa de 7.500 euros; ; Miguel Giménez-Salinas, 8 meses de prisión y 900 euros de multa; Juan Manuel Parra, 8 meses de prisión y 900 euros de multa; Pedro Luis Rodríguez, un año y 9 meses de prisión y 2.700 euros de multa; Vicente Muñoz, un año y 9 meses de prisión y 2.700 euros de multa; Santiago Llopart y Juan Antonio Menchén, un año y 9 meses y multa de 2.700 euros; Edmundo Quintana, 8 meses de prisión y multa de 274.874,65 euros (la mitad de lo defraudado).

La compleja ingeniería financiera

La sentencia da por probado el desvío de dinero hacia las arcas del principal partido catalán y que una serie de empresas, como Mail Rent, New Letter y Letter Graphic realizaban “donaciones” oficiales a Convergència (de 2007 a 2009 fueron 775.000 euros los regalados), además de entregas de dinero en efectivo, por donde se fueron “ingentes cantidades”. Otro tanto hacía la empresa Hispart, que facturó 824.299 euros a la Fundación Palau de la Música que “correspondían en realidad a servicios prestados por dicha mercantil a la formación política CDC, consiguiendo con ello que ésta se ahorrase su abono, que era el equivalente a la recepción del dinero correspondiente a la comisión pagada por Ferrovial, pero sin recibirlo físicamente”. En resumen, que el partido de Artur Mas había construido toda una ingeniería financiera para detraer el dinero sin que nadie se enterase. También se desvió dinero de la misma forma de a través de las compañías Altraforma o Publiciutat. La sentencia detalla hasta el último céntimo desviado por los convergentes.

El fallo da por sentado también (y así lo reconocieron los condenados) que Fèlix Millet realizó obras particulares en su casa por más de 128.000 euros, que abonó el Palau, provocando que Hacienda devolviese a la Fundación un IVA que no le correspondía (sólo en el 2007, la cuota defraudada fue de 685.000 euros).

En resumen, la sentencia detalla la gran obra de ingeniería financiera tejida desde las alcantarillas convergentes durante décadas para cobrar comisiones ilegales a constructoras a las que se les adjudicaban oras públicas. Y la cúpula de CDC, siguen diciendo sus dirigentes, sin enterarse: parece ser que fueron los únicos.

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