Bélgica permite la campaña en el exilio de Puigdemont hasta después del 21-D

No habrá entrega automática. La Justicia belga ha rechazado este viernes el único de los cinco delitos por los que la Audiencia Nacional reclama a Carles Puigdemont incluido en la categoría belga de 'corrupción' que hubiera permitido su extradición exprés, la prevaricación. Facilita, de ese modo, que el expresident del Govern haga campaña en el exilio en libertad. No será hasta el día 4 de diciembre, horas antes de su inicio, cuando los acusados tengan que comparecer de nuevo ante el juez que se encarga de revisar la petición de España en primera instancia. La decisión llegará rozando la fecha de las elecciones, ya que el magistrado cuenta con hasta 10 días de plazo suplementario para tomarla. Se conocerá, por tanto, solo unos días antes del 21-D.

El desarrollo de la vista demuestra que las previsiones que apuntaban a un periodo de hasta tres meses para tramitar la entrega se quedan cortos. Fuentes de las defensas concretan que si Puigdemont se inclina por recurrir este primer fallo ante las dos instancias superiores, permanecerá refugiado en suelo belga hasta marzo. Tiene prohibido abandonar el territorio sin autorización de modo que, en caso de que decida arriesgarse a un arresto y viajar a España en busca de votos, debe pedir permiso y que le sea concedido.

En todo caso, el fin del periplo judicial de Puigdemont en Bélgica también provocará que disponga de una total libertad de movimientos durante las negociaciones para la formación de gobierno. Las encuestas anticipan un resultado muy reñido y, en este panorama de incertidumbre, el mayor responsable del alumbramiento de la declaración unilateral de independencia campará a sus anchas y sin restricciones para celebrar encuentros con otros responsables políticos catalanes.

Salvado el escollo del evidente varapalo provocado por la postura de la Fiscalía respecto a la prevaricación que impedirá acelerar los trámites, el Ministerio Público belga ha defendido la entrega por los delitos de mayor peso y más controvertidos. Ha buscado acomodo para rebelión y la sedición en su Código Penal y los ha encajado en uno de los títulos en que se tipifican los crímenes y delitos contra el orden público ejercidos por funcionarios o por ministros en el ejercicio de su cargo.

Bajo el nombre de 'coalition de fonctionnaires' este ilícito está penado con hasta 20 años de cárcel según la ley belga en el caso de que exista un evidente riesgo para la seguridad del Estado. La malversación, penada en España con hasta 8 años, también se considera motivo legal para la entrega. La polémica prevaricación solo acarrea en nuestro país penas de inhabilitación y no de cárcel.

El juez belga quiere tomarse las cosas con calma. Consciente de la evidente transcencia jurídica de su decisión, no solo para España sino para toda la Unión Europea ha fijado el turno de las defensas para dentro de más de 20 días. En ese plazo no solo revisará los argumentos expuestos por el fiscal, sino que ha fijado otras dos fechas, el 24 y el 29 de noviembre, para recibir informes complementarios tanto de la defensa como de la acusación.

La vista se desarrolló el viernes entre evidentes y poco habituales medidas de seguridad. Pese a que lo normal es que los comparecientes acudan andando al Palacio de Justicia de Bruselas, dado el carácter excepcional de la cuestión y el fuerte interés mediático, se les ha permitido llegar en coche para evitar ser vistos. También se ha instalado una mampara que ha evitado cualquier imagen de Puigdemont y sus 'exconsellers' entrando a la sala de comparecencias.

El fiscal ha empleado poco más de una hora en exponer sus argumentos. Las defensas prevén triplicar o cuadriplicar este tiempo de exposición de informe ante el juez. El próximo 4 de diciembre desarrollarán una batería de planteamientos a cargo del equipo de 10 abogados de nacionalidad belga que acompañan a Paul Bechkaert que puede alargarse más de cuatro horas.