Se inician los contactos con fuerzas sindicales

La CUP exige a Puigdemont una huelga general en octubre tras el referéndum

Ante la negativa de CCOO y UGT, la apuesta es movilizar a sindicatos menores, de manera que estos se adhieran a una huelga general para el 3-O y luego arrastren a las grandes centrales

Foto: La portavoz de la CUP Anna Gabriel aplaude en el acto de Badalona acompañada por el alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo y la diputada de Sortu Miren Zabaleta. (EFE)
La portavoz de la CUP Anna Gabriel aplaude en el acto de Badalona acompañada por el alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo y la diputada de Sortu Miren Zabaleta. (EFE)

Los que crean que tras el 1-O bajará la tensión en Cataluña se equivocan. La CUP ya está exigiendo al presidente catalán, Carles Puigdemont, y a las formaciones de Junts pel Sí la celebración de una huelga general en octubre como una nueva palanca de movilización que haga que el resultado del denominado referéndum del 1-O resulte vinculante y culmine con la independencia de Cataluña. Así lo ha manifestado la portavoz de la formación en el Parlament, Anna Gabriel, en el acto central de la CUP a favor del 'sí', un mensaje que respalda lo explicado por fuentes de la propia Junts pel Sí a este periódico, declaraciones en las que aceptan esta iniciativa con un entusiasmo desigual.

"Para construir una nueva república vamos a una huelga general el 3 de octubre", arengó Gabriel un millar de personas congregadas en la plaza de la Plana de Badalona, cerrada a la negociación. "Nosotros no dialogamos con la represión, con los que nos detienen por motivos políticos, y registran locales y fábricas, no con los que intervienen las finanzas de la Generalitat o los Mossos d'Esquadra". "En este país -continuó la también diputada Mireia Boya-, hemos decidido clamar de nuevo por la libertad y la fraternidad y es que, cuando se niega la palabra de un pueblo, este se convierte en masa amordazada que busca la libertad, la justicia y los derechos democráticos".

Anna Gabriel sostiene una estelada con Juan Manuel Sánchez Gordillo (i), Xosé Manuel Beiras (2i) y Jaime Pastor. (EFE)
Anna Gabriel sostiene una estelada con Juan Manuel Sánchez Gordillo (i), Xosé Manuel Beiras (2i) y Jaime Pastor. (EFE)

Para la CUP está claro: la independencia de Cataluña es un proceso revolucionario. Y la teoría marxista clásica habla de la huelga general como un instrumento de cualquier revolución. La CUP entiende la huelga general como un tipo de movilización que no puede llevarse a cabo solo con la resistencia pasiva que está usando la ANC en sus protestas de esta semana y que precisa de piquetes activos, que a menudo mantienen confrontaciones violentas con fuerzas del orden. En ese tipo de escenario, la CUP se siente muy cómoda. Se trata de paralizar la economía de Cataluña y asestar así otro golpe a la economía española.

ERC es la formación menos entusiasta con esta alternativa. El presidente del partido, Oriol Junqueras, ha aprovechado este año para tender puentes con el gran empresariado catalán. No es que los haya vuelto independentistas pero se ha garantizado su neutralidad, si bien los grandes 'lobbies' y asociaciones –Fomento del Trabajo, el Círculo de Economía– siguen pronunciándose repetidamente a favor de una salida dialogada para la crisis en Cataluña. Una huelga general iría directamente contra sus intereses, como bien saben Anna Gabriel y los suyos. Y a Junqueras le preocupa que la no beligerancia empresarial se torne otra cosa.

Sin embargo, Junqueras ya exploró el pasado martes a los sindicatos UGT y CCOO en Cataluña durante una reunión en Palau sobre la posibilidad de convocar un paro general; en defensa no sólo de la independencia, sino de las libertades en general y de los derechos de los trabajadores en particular. Pero ambas centrales se mostraron reticentes.

Una mujer carga una estelada y mientras los niños juegan con burbujas en una concentración frente al TSJC. (EFE)
Una mujer carga una estelada y mientras los niños juegan con burbujas en una concentración frente al TSJC. (EFE)

Puigdemont y el PDeCAT ven con más simpatía la huelga general, pero sólo como una extensión de las movilizaciones. Una manera de aumentar el volumen de las protestas en caso de que el 1-O no pueda realizarse por la presión policial. Para la CUP, la huelga general es la continuidad natural de la presión en la calle. Para Puigdemont, es su bala en la recámara si la consulta soberanista fracasa, según explican fuentes del PDeCAT.

Sindicatos menores

Ante la negativa de CCOO y UGT, la apuesta ahora es movilizar a sindicatos menores, de manera que estos se adhieran a una huelga general y luego arrastren a las grandes centrales. Así, ANC, Òmnium y la propia CUP han mantenido contactos esta semana con sindicatos como la CGT, la Intersindical-CSC o la CNT. También con la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) –que integra sindicatos sectoriales como USTEC o CATAC. En estos encuentros se ha planteado la necesidad de una huelga general en octubre para dar continuidad a las movilizaciones en la calles que están previstas hasta el 1-O.

Los primeros éxitos de esta estrategia ya han dado sus frutos. Esta semana, IAC ya ha publicado un comunicado en el que se afirma que la huelga estaría justificada por “la ilegal e ilegítima ocupación de varios departamentos de la Generalitat y las detenciones que están realizando fuerzas policiales y militarizadas españolas”.

Perdiendo garantías

Esta semana también el referéndum ha sufrido varios reveses. El mayor ha sido logístico, al localizarse el almacén de Bigues i Riells donde se ocultaban millones de papeletas y las tarjetas censales.

La Sindicatura Electoral ya había nacido como un órgano nada neutral para tutelar el referéndum pero ahora ha optado por disolverse para evitar al TC

También se ha perdido la Sindicatura Electoral. Aunque formalmente la Generalitat ha pedido a sus miembros que se autodisuelvan, lo cierto es que muchos de su integrantes pidieron su cese para evitar las multas de 12.000 euros diarios del Tribunal Constitucional.

Junqueras no había encontrado un solo juez que quiera integrar la Sindicatura Electoral, algo que es lo habitual en este tipo de órganos. Tampoco había ningún representante claro de la opción del 'no'. Ni tradición jurídica ni objetividad ni neutralidad. La Sindicatura era como el resto de las decisiones que se tomaron en las jornadas del 6 y 7 de septiembre, un organismo bajo sospecha que además nacía de un proceso nulo de ley.

Organismo poco plural

Los cinco miembros que la integraban eran el doctor en Derecho Administrativo y miembro de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat, Marc Marsal i Febrer; el catedrático de Ciencia Política y tertuliano habitual de Catalunya Ràdio, Jordi Mates i Dalmases; la doctora en Ciencias Políticas, militante feminista y activista por el “Sí” en el referéndum, Tania Verge i Mestre; la abogada de Girona Marta Alsina i Conesa y el profesor de Derecho Constitucional, letrado del Ayuntamiento de Barcelona y miembro de diversas comisiones de urbanismo de la Generalitat, Josep Pagés i Massó. No hay por qué dudar de la honestidad de todos sus miembros. Pero la pluralidad no es el punto fuerte de la composición de este organismo. Ahora se han disuelto.

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