la audiencia nacional también se moviliza

La Fiscalía abre la vía para juzgar en Madrid a los cabecillas de la movilización del 1-O

El Ministerio Público señala ante la Audiencia Nacional a los dirigentes de la ANC y Òmnium presentes en las protestas y disturbios contra los registros ordenados por el juez

Foto: Concentración frente al Palacio de Justicia de Barcelona, sede del TSCJ. (EFE)
Concentración frente al Palacio de Justicia de Barcelona, sede del TSCJ. (EFE)

El Gobierno y la Fiscalía se han puesto en marcha para frenar la apuesta de los independentistas por la movilización y los disturbios callejeros contra las operaciones judiciales destinadas a impedir el referéndum ilegal del 1-O. El Ministerio del Interior envía a Cataluña más policías y guardias civiles (hasta 4.000) y el fiscal formula una denuncia ante la Audiencia Nacional por los disturbios de los días 20 y 21. Es la vía para juzgar en Madrid a los cabecillas de esas manifestaciones y acampadas destinadas a obstaculizar las actuaciones ordenadas por la Justicia. También que son los mismos dirigentes de organizaciones como la ANC y Òmnium Cultural, claves en la movilización el día de la consulta.

Ante la desarticulación judicial del equipo de responsables políticos y altos cargos de la Generalitat que preparaban el 1-O, los independentistas replicaron con la ocupación de la calle y el cerco a las instituciones donde la policía judicial investigaba. Y lo hicieron al mismo tiempo que el presidente del Gobierno, con el apoyo del principal partido de la oposición y de Ciudadanos les invitaban a renunciar a un referéndum inviable y volvieran "a la ley".

Ahora, según lo anunciado por Mariano Rajoy desde el principio del desafío, el Estado da un paso gradual más para garantizar "el orden, la convivencia y la tranquilidad de los catalanes" amenazados por manifestaciones "tumultuarias". Es la definición empleada por el titular de Interior, Juan Ignacio Zoido, al anunciar al consejero Joaquim Forn el envío de refuerzos para "apoyar" a la policía autonómica y la misma repetida por el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, después del Consejo de Ministros. También es el adjetivo que configura el delito de sedición perseguible ya por la Audiencia Nacional.

Una mujer amanece en su tienda de camping, frente a la sede del TSJC. (EFE)
Una mujer amanece en su tienda de camping, frente a la sede del TSJC. (EFE)

Las concentraciones, con los conocidos episodios de violencia y obstrucción a la labor de la Justicia, se celebraron ante las consejerías donde se practicaron registros y ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). La Fiscalía destaca que fueron llevadas a cabo "para impedir por la fuerza la actuación de las autoridades y sus agentes en el ejercicio de sus funciones en defensa del ordenamiento constitucional".

La Fiscalía señala además a la Audiencia Nacional, con cargo, nombre y apellidos, el protagonismo en los hechos denunciados del presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y de su colega de Òmnium, Jordi Cuixart. El escrito refiere la actividad de Sánchez como organizador de turnos de voluntarios para dificultar la actuación de los agentes, reparto de chalecos entre esos voluntarios, arengas y consignas. Se detalla incluso que el jefe de la ANC se subió para lanzar sus proclamas a uno de los vehículos de la Guardia Civil destrozados por los separatistas.

La sedición está castigada con penas de hasta 15 años en caso de cometerlo una autoridad y de hasta 10 años para los cabecillas de los tumultos

Dado que "son reos de sedición" quienes se alcen "pública y tumultuariamente" para impedir por la fuerza la aplicación de la ley o a la autoridad el ejercicio de sus funciones, la Fiscalía pide a la Audiencia Nacional que investigue los hechos denunciados y proceda contra los responsables que sean identificados por la Guardia Civil. Será ahora el juez Ismael Moreno quien se ocupe de los organizadores de las movilizaciones y disturbios desarrollados esta semana en Cataluña y, previsiblemente, de las que vendrán en los próximos días. La sedición está castigada con penas de hasta 15 años en caso de cometerlo una autoridad y de hasta 10 años para los cabecillas de los tumultos.

Con esa labor centralizada en Madrid, los jueces ordinarios quedarán descargados de investigar los delitos más graves en que puedan incurrir los independentistas.

La ACN que dirige Sánchez ya fue decisiva en la organización del 9-N y, junto con Ómnium, la CUP y las bases de ERC, forman la vanguardia del bloque independentista para dar apariencia de jornada electoral a la convocatoria del 1-O.

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