Puigdemont se salta su Ley del Referéndum al disolver la Sindicatura Electoral

“Los vocales de la Sindicatura Electoral de Cataluña son inamovibles”, reza el artículo 20.1 de la Ley de Referéndum que se aprobó en el Parlament el miércoles 6 de septiembre, poco antes de que dieran las doce de la noche. Era la primera ley de ruptura con el Estado. Pero en este fin de régimen que se vive en Cataluña las leyes duran poco, las viejas y también las nuevas. A pesar del poco margen que deja una la palabra como “inamovible”, ayer la Generalitat que preside Carles Puigdemont instó a los miembros de la Sindicatura Electoral a disolverse, con lo que el referéndum del 1-O se queda sin el órgano clave para tener garantías jurídicas y reconocimiento internacional.

La Generalitat ayer poco explicó de la disolución de este órgano. Apenas que sus trabajos ya estaban “muy avanzados” y que sus funciones serían asumidas por “entes y organismos académicos internacionales”, sin mayor especificación.

Lo cierto es que algunos miembros estaban renunciando al cargo para evitar las sanciones de 12.000 euros diarios que les había impuesto el Tribunal Constitucional (TC), las mismas multas que llevaron a la Generalitat a cesar ayer a Josep María Jové, número dos del vicepresidente Oriol Junqueras como secretario general de la conselleria de Economía, quien el mismo día fue puesto en libertad con cargos. La Generalitat prefirió disolver la Sindicatura antes de que las renuncias se hiciesen públicas y resultase evidente la fragilidad del andamiaje de las garantías que sustentan la consulta.

Fuentes no oficiales de la Generalitat pero conocedoras de las procesos de organización del referéndum reconocen que éste queda muy tocado después de la disolución y lo consideran un revés del alcance del que supuso que la Guardia Civil requisase la papeletas y otro material electoral en la nave industrial de Bigues i Riells.

Junta electoral

La Sindicatura Electoral era el equivalente a la Junta Electoral que ha de tutelar cualquier convocatoria a las urnas en democracia. El responsable último de organizar la convocatoria, Oriol Junqueras, no había encontrado un solo juez que quisiera integrar la Sindicatura Electoral, algo habitual en este tipo de órganos. Tampoco había ningún representante claro de la opción del no. Ni tradición jurídica ni objetividad ni neutralidad. La Sindicatura era como el resto de las decisiones que se tomaron en la jornadas del 6 y 7 de septiembre, un organismo bajo sospecha que además nacía de un proceso nulo de pleno derecho.

Los cinco miembros que la integraba eran el doctor en Derecho administrativo y miembro de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat, Marc Marsal i Febrer; el catedrático de Ciencia Política y tertuliano habitual de Catalunya Ràdio Jordi Mates i Dalmases; la doctora en Ciencias Políticas, militante feminista y activista por el sí en el referéndum Tània Verge i Mestre; la abogada de Girona Marta Alsina i Conesa y el profesor de Derecho constitucional, letrado del Ayuntamiento de Barcelona y miembro de diversas comisiones de urbanismo de la Generalitat Josep Pagés i Massó. La pluralidad no era el punto fuerte de la composición de este organismo. Ahora se han disuelto, solo 15 días después de que se publicase la Ley del Referéndum en el DOGC. La Sindicatura Electoral nació de madrugada –a esa hora el Parlament designó a sus miembros– y ha muerto por la puerta de atrás sin que la Generalitat haya dado explicación alguna sobre el vacío legal que eso supone, incluso aceptando que la nueva legalidad catalana pueda estar vigente.

Funciones sin cumplir

Pese a que la Generalitat asegura que sus trabajos estaban muy avanzados, lo cierto es que hay funciones claves de la Sindicatura Electoral que no podrán llevarse a cabo porque se han de ejecutar durante la campaña, que no ha acabado; la votación y tras el cierre de urnas.

Entre estas funciones que ya no podrá ejercer se encuentran, según consta en la propia Ley del Referéndum:

• Resolver consultas, quejas, reclamaciones y recursos respecto a los que tenía competencias.
• Aplicar la jurisdicción disciplinaria sobre todas las personas que intervengan con carácter oficial en el referéndum, corregir las actuaciones que contravengan la normativa y sancionar, si procede, las infracciones administrativas no constitutivas de delito.
• Supervisar la campaña institucional del referéndum –que todavía sigue– y su difusión por parte de los medios de comunicación.
• Efectuar el escrutinio general.
• Certificar los resultados electorales oficiales y ordenar su publicación oficial.

Los dos últimos puntos resultan en especial problemáticos en el momento en que se disuelve la Sindicatura, ya que, según lo que estipula la Ley del Referéndum, la Sindicatura es el único organismo que puede contar los votos, certificar el resultado y comunicarlo al Parlament, que 48 horas después debería proclamar la independencia en caso de victoria del sí.

Buscando una comisión

El diario 'Ara' apunta a que se está intentado crear una comisión que asuma los importantes procesos todavía pendientes. Portavoces de la Generalitat han declinado hacer declaraciones o a responder a cuestiones cómo si se hará un decreto para corregir estos aspectos de la Ley del Referéndum.

Con este giro toda la presión recae ahora en la directora general de procesos electorales de la Generalitat, Montserrat Vidal i Roca. Su jefe, el vicepresidente económico y líder de ERC, Oriol Junqueras, zanjó la cuestión asegurando que “la garantía del referéndum es el pueblo de Cataluña”. No era ese el planteamiento que había hecho el director del Institut d’Estudis d’Autogovern y cerebro legal del 'procés', Carles Viver i Pi-Sunyer, cuando siempre se había referido a la independencia como un mecanismo que iría “de la ley a la ley”.