Los reveladores documentos que tenía el tesorero del partido en su caja fuerte

El tesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Andreu Viloca, guardaba en su caja fuerte documentos de adjudicaciones de obras públicas en los que se desgajaba el 3% de las concesiones, según ha podido conocer El Confidencial de varias fuentes. Esos documentos, de una conocida empresa que operaba esencialmente por Torredembarra, hicieron sospechar a los investigadores que el partido podría haber cobrado mordidas a cambio de contratos públicos. No hay que olvidar que la investigación se inició precisamente por la denuncia de una concejal de Esquerra Republicana de Catalunya, Montserrat Gasull, contra sospechosas actuaciones del alcalde de Convergència, Daniel Masagué.

El juez Josep Bosch, titular del juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell, encargado de las investigaciones, fue reuniendo pacientemente evidencias y dirigiendo una investigación delicada, complicada y diabólica. Tras meses de investigaciones, decidió ordenar el registro de la sede de la Fundación Catdem, la fundación del mayor partido de Cataluña. Y lo que sacó fue provechoso: la Guardia Civil encontró papeles muy comprometedores.

Los documentos fueron localizados por la Guardia Civil cuando registró las dependencias de Viloca y de la Fundación CatDem el pasado 21 de octubre. Estaban arrinconados en la caja fuerte del tesorero. Casi pasan desapercibidos, pero los esquemas que vio uno de los agentes judiciales que estuvieron en la sede de la CatDem dieron la alerta. La sola mención del 3% anotado en uno de los documentos parecía confirmar las sospechas de que el tema podía ser mucho más gordo de lo que se imaginaban. Pero los documentos hacían referencia a unas operaciones concretas. Y los ojos de los presentes se pusieron como platos cuando vieron que aquello era de verdad, que había indicios más que suficientes para sospechar que algo estaba pasando. Viloca fue detenido e ingresó en prisión hasta el 11 de noviembre; salió en libertad condicional bajo fianza de 250.000 euros.

Fuentes de la formación consultadas por El Confidencial, en cambio, justifican los documentos que había en poder del tesorero: un “embaucador” fue quien cobró importantes cantidades dinerarias de empresas que luego protestaron a Convergència y le hicieron llegar esos documentos. Es la historia de un pillo que se aprovechó de las circunstancias, afirman desde Convergència. En los círculos empresariales de Cataluña admiten que algo de eso hay.

Lo cierto, sin embargo, es que un intermediario llamado Jordi Bonastre llegó a cobrar por diversas intermediaciones más de 100.000 euros a la empresa Zinc Energía, llamada con anterioridad Vicsan-Torredembarra. “La dirección de la compañía se puso en contacto con nosotros porque habían emprendido un proyecto en Viladecans y habían pagado supuestamente a un intermediario por la asesoría”, reconocen fuentes cercanas a Convergència.

Otra fuente señala que “Bonastre tenía un contrato con el promotor y le pagaron una comisión, pero les engañó. Al parecer, les había llegado a convencer de que actuaba como si fuese de CDC. Lo que intentaba hacer era de intermediario, hasta que se dieron cuenta de que algo no funcionaba y nos lo vinieron a decir. Evidentemente, Convergència nunca participó en el tema”.

Concurso en Viladecans

Lo que había pasado, simplemente, era que el avispado intermediario/asesor había vendido la piel del oso antes de cazarlo y había prometido a Zinc que ganaría un concurso en Viladecans. Se trataba de un macroproyecto en un polígono industrial donde originariamente debía ir un gran parque aeronáutico de Cataluña. Cuando el concurso fue ganado por un oponente, la empresa ya había pagado un buen pellizco.

Cuando los responsables de la empresa contactaron con la cúpula de CDC, hubo una reunión a alto nivel. El partido pidió entonces la documentación para estudiarla y de ahí que en la caja fuerte del tesorero estuviese el contrato firmado entre Bonastre y Zinc. Y la empresa también había adjuntado un estudio en el que desglosaba el famoso 3%, que era la cantidad que le habían de abonar en concepto de comisiones.

“En el momento de la intervención judicial, estábamos estudiando el tema, examinando con lupa las actuaciones llevadas a cabo y planteando incluso acudir a los tribunales acusando al intermediario de intento de estafa, ya que era falso que tuviese alguna relación con Convergència. Y como toda la documentación fue requisada, no pudimos terminar de estudiar la documentación. Nuestra intención era llevarla a los tribunales si había algo raro, pero ahora tenemos que esperar a que nos la devuelvan”, explican a este diario fuentes de la formación catalana.

No eran los únicos. La compañía también había pensado acudir a los juzgados. “Lo que no teníamos claro es cómo se habían desarrollado los hechos: si el intermediario había utilizado sus relaciones o sus contactos con cargos públicos para realizar los negocios, nos habríamos personado. Si lo hacía a modo particular, no podríamos hacer nada”.

Según diversas fuentes consultadas por El Confidencial, Bonastre es un “intermediario urbanístico con muy buenos contactos. Su especialidad es detectar operaciones y proponer grandes negocios a compañías constructoras. Su nombre es conocido entre las principales empresas del sector”.

¿Por qué una empresa llega a pagar a un intermediario una importante cantidad de dinero por un negocio que todavía no se ha llevado a cabo?

Durante la investigación de este caso, la Guardia Civil también localizó un documento en el ordenador de Jordi Sumarroca (de una de las familias más importantes de Cataluña, que hizo fortuna por sus relaciones con Jordi Pujol, ya que su patriarca fue compañero de aventuras y socios de éste) en el que hacía referencia al 3% de adjudicaciones que la compañía Teyco (propiedad de la citada familia) había tenido. Según fuentes cercanas a Sumarroca, ese desglose se debía a que “quería conocer cuál era el desglose del 3% de las adjudicaciones de las empresas del grupo Sumarroca para desmentir que hubiese habido pagos de mordidas”. La extrapolación de cifras databa del año 2009. Era también una evidencia que los investigadores tuvieron en cuenta. No obstante, los documentos relacionados con Zinc Energía son más recientes. Tanto que Convergència los había tomado muy en serio y era consciente de que, de salir a la luz, podrían desencadenar un escándalo sin precedentes.

En el aire, sin embargo, flota una gran incógnita: ¿Por qué una empresa llega a pagar a un intermediario una importante cantidad de dinero por un negocio que todavía no se ha llevado a cabo? “Si pagas a un asesor, ha de ser por cuestiones técnicas o por informes puramente técnicos”, dice a este diario un importante promotor inmobiliario de Barcelona. De lo contrario, siempre queda la sombra de la sospecha de que la intermediación no es todo lo profesional y transparente que se pueda exigir.