EL MARIDO DE UNA ‘CIENMILEURISTA’ DEL GOBIERNO, DETENIDO

La ‘transparencia’ de Artur Mas salta por los aires con las nuevas pruebas del caso 3%

Transparency International audita las cuentas de la Generalitat. En la dirección de ese organismo, Mas colocó a Batallé, que había tenido cargos de relevancia en la Fundación Trias Fargas, actual CatDem

Foto: Agentes de la Guardia Civil detienen al tesorero de CDC, Andreu Viloca. (EFE)
Agentes de la Guardia Civil detienen al tesorero de CDC, Andreu Viloca. (EFE)

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, comparecerá hoy ante la diputación permanente del Parlamento catalán para explicar su versión de los hechos respecto a las actuaciones judiciales contra su partido, que se saldaron con la detención del tesorero de Convergència, Andreu Viloca, del director de Infraestructuras del Gobierno autonómico, Josep Antoni Rosell, dos trabajadores del área económica de CDC y seis empresarios que supuestamente pagaron ‘mordidas’ a cambio de adjudicaciones de obra pública.

De momento, tanto Mas como Convergència están a la defensiva y ven manos negras donde no las hay: para defenderse solo advierten de que todo es una ofensiva del Gobierno español para dinamitar el proceso catalán. Pero el juez que ha ordenado la entrada y registro en dependencias de Convergència tiene documentos fehacientes que apuntan hacia el desvío de dinero desde empresas constructoras a la Fundación CatDem y de esta, lógicamente, al partido.

Artur Mas ya ha quedado en entredicho en varias ocasiones. Dijo, por ejemplo, que cuando CDC fue registrado el pasado 28 de agosto, en la trituradora del tesorero del partido solo había una tarjeta de visita del empresario de la empresa Teyco. Las oficinas de esta compañía ya habían sido registradas por orden judicial en julio pasado y uno de sus directivos, Jordi Sumarroca, detenido hasta que a mediados de agosto pagó una fianza de 600.000 euros. Pero, al parecer, en la trituradora había más papeles comprometedores. También en la caja fuerte de Viloca se encontraron documentos que apuntaban hacia comisiones del 3%, junto a anotaciones de porcentajes en los contratos de empresas que habían recibido adjudicaciones de obras públicas en ayuntamientos y, según parece, en consorcios del Gobierno catalán.

Mas comparece este viernes ante la Diputación Permanente del Parlament

Pero hoy deberá enfrentarse a algunos de sus demonios. Claro que se espera que centre su comparecencia en la empresa pública Infraestructures y no en Convergència. Mas se limitará a explicar los procesos de adjudicación de obra pública en esa empresa y echará balones fuera respecto a los procesos de adjudicación en ayuntamientos, porque, según fuentes convergentes, “las decisiones que se toman allí son técnicas, no políticas”. Una afirmación demasiado osada, ya que se ha demostrado que algunas decisiones en las adjudicaciones son puramente políticas y nada tienen que ver con las propuestas de los técnicos.

Pero la transparencia de Artur Mas está cada vez más en entredicho. Cada día que pasa, los chanchullos de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) sacan los colores al más pintado. Porque su coartada de los últimos años es presumir que Transparency International (TI) audita las cuentas de la Generalitat. Pero oculta que en la dirección de ese organismo colocó hace un par de años a un hombre de su confianza: Víctor Batallé, que había tenido cargos de relevancia en la Fundación Trias Fargas, la actual CatDem, cuyo tesorero, Andreu Viloca, acaba de ser detenido y ha ingresado en prisión.

Casi diariamente, Artur Mas alude a que TI considera a la Generalitat el Gobierno más transparente del Estado español y uno de los más transparentes del mundo. Omite, no obstante, que la única “entidad protectora” de TI es Ferrovial, la empresa que pagaba las ‘mordidas’ a Convergència a través del Palau de la Música. En resumen, Dios los cría y ellos se juntan, ya sea en el Palau o en Transparency International.

El marido de la jueza

Pero esa transparencia queda de nuevo en entredicho con la reciente operación judicial, en la que fue detenido Josep Manuel Bassols, exalcalde de la localidad gerundense de Anglès. Bassols no solo es miembro destacado de Convergència y empresario “de éxito” de la zona, sino también es marido de Núria Bassols, una jurista que tras archivar una causa contra un diputado del caso 3% fue fichada por Artur Mas con sueldo astronómico. O sea, pasó a ser una de las protegidas 'cienmileuristas' del Gobierno catalán. Y es que favor con favor se paga.

El juez envía a prisión al tesorero de CDC

Núria Bassols, a pesar de las declaraciones de todos los testigos y de las flagrantes evidencias, determinó que el diputado Ferran Falcó no tenía nada que ver con el caso 3%. Pero solo hay que hacer memoria: Falcó, que inició su andadura política en la Juventud Nacionalista de Cataluña (JNC), fue presidente de la empresa pública Adigsa, que controlaba la vivienda pública de la Generalitat. Cuando en 2005 varios empresarios denunciaron el caso 3%, Falcó fue imputado junto a otros altos cargos. En septiembre de 2013, Núria Bassols, a pesar de las declaraciones de todos los trabajadores de Adigsa, que señalaban a la cúpula de la entidad como la organizadora de los cobros de las’mordidas’, determinó que Falcó no se merecía estar imputado y archivó el caso. Ello significó un auténtico balón de oxígeno para CiU, que también tenía otra 'patata caliente' encima de la mesa: la posible imputación del alcalde de Lloret, Xavier Crespo, por su relación con la mafia rusa (imputación que finalmente se produjo). El peso de Falcó en Convergència era enorme. Igual que los Bassols, este dirigente gozaba de la confianza de Artur Mas, que lo mantuvo como alcaldable de Badalona aun estando imputado.

Claro que la desimputación huele a chamusquina porque proviene de donde proviene: de la mano de la esposa de otro hombre de confianza de Artur Mas. Pero un mes más tarde de su decisión, fue nombrada directora del programa de políticas de transparencia del Departamento de Presidencia. Algo comenzaba a oler a podrido en el Gobierno. Y en febrero del presente año fue ‘ascendida’ a comisionada para la Transparencia y el Acceso a la Información, un cargo de nuevo cuño que le supondría más de 108.000 euros de salario al año y el derecho a asistir como oyente a las reuniones del Gobierno catalán. Una decisión sin precedentes en la historia de las instituciones democráticas.

Cataluña

El redactor recomienda

Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
28 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios