corrupción en cataluña

Prisión sin fianza para el extesorero de CDC para evitar que destruya pruebas

El Juzgado número 1 del Vendrell deja en libertad a otros tres implicados en la trama detenidos ayer por la Guardia Civil en el marco de la operación Petrum III

Foto: Registro de la Guardia Civil en la sede de CDC. (EFE)
Registro de la Guardia Civil en la sede de CDC. (EFE)

El Juzgado número 1 del Vendrell (Tarragona) ha ordenado el ingreso en prisión sin fianza y solo por un espacio limitado de tiempo para el extesorero de Convergencia, Andreu Viloca. La medida, que sigue el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, tiene el objetivo de evitar que éste destruya pruebas, como de hecho ya ocurrió minutos antes de que se pusiera en marcha el pasado agosto la operación Petrum II. Viloca trituró entonces documentos que posteriormente tuvo que reconstruir la Guardia Civil.

Una vez que considere analizado el material y determinado que no existe peligro de destrucción de evidencias, Anticorrupción asegura que no tendría inconveniente en que saliera de prisión en libertad provisional el extesorero convergente. Por otra parte, el Juzgado ha dejado en libertad a la administrativa de Convergencia Anna Dolors Benítez, al secretario del patronato de la Fundación CatDem, Carles Del Pozo, y al empresario Antonio García Bragado (Gerona de Aparcamientos y Servicios). 

Viloca y estos tres últimos fueron detenidos ayer junto a seis personas más en el marco de la tercera fase de la operación Petrum, dirigida por la Fiscalía Anticorrupción. Los seis restantes declararán mañana en el mismo Juzgado del Vendrell que instruye la causa. En concreto se trata del director de Infraestructuras de la Generalitat, Joan Antoni Rosell; y los empresarios Xavier Tauler (Copisa), Juan Luis Romero (Rogasa), Jordi Soler (Grupo Soler), Josep Manel Bassols (Oproler) y Sergio Lerma (Grupo Soler).

Ayer la Guardia Civil, dentro de Petrum III, volvió a registrar la sede de Convergencia en busca de nuevas pruebas que demuestren la trama de adjudicación de obras a cambio de comisiones del 3% para los dirigentes políticos que las asignaban. 

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Petrum III se puso en marcha después de que el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil reconstruyera los documentos que Viloca había destruido en una trituradora, que gracias a la pericia policial han servido para volver a golpear el coración de la trama del 3%. Esta reconstrucción provocó, según la Fiscalía, la entrada y registro "de urgencia" de la sede de Convergencia llevado a cabo ayer. 

La operación se llevó a cabo, como indica el propio Ministerio Público, "desde el respeto a la presunción de inocencia" y a la proporcionalidad "debido a la especial condición de CDC como partido político y, por lo tanto, piedra angular del sistema constitucional".

Anticorrupción investiga en el marco de la operación Petrum los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, financiación ilegal de partido político, alteración en subastas y concursos públicos y falsedad de documentos mercantiles.

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