Al banquillo el presunto enchufismo del PSOE en Antequera: "Ordenanza, conserje, peón..."

Después de una década de instrucción, la investigación por el presunto enchufismo en el Ayuntamiento de Antequera (Málaga) tiene fecha de juicio. Si no se produce ninguna circunstancia que lo impida, el exalcalde socialista Ricardo Millán se sentará en el banquillo acusado de "prevaricación continuada" por supuestamente "infringir los principios de mérito, capacidad y publicidad" en una serie de contrataciones.

Según se recoge en un reciente auto del juzgado de lo Penal 3 de Málaga, la vista oral contará con tres citas: 19, 20 y 21 de febrero. Y en ellas, además de pruebas periciales, tendrán gran peso las declaraciones de Millán —que siempre ha defendido su inocencia— y los testigos presentados por las distintas partes.

El Ministerio Público solicita para el último regidor socialista de Antequera, un municipio con especial simbología para el PSOE porque allí se firmó el pacto político en favor de la autonomía de la región, un mínimo de ocho años y seis meses de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público, así como el pago de las costas de un caso que se remonta a 2014.

En su relato de hechos, señala que Millán "llevó a cabo una serie de contrataciones irregulares contraviniendo las normas legales aplicables e infringiendo los principios de mérito, capacidad y publicidad". Para ello, supuestamente, "desatendió" las indicaciones del secretario municipal y otro personal de los servicios técnicos para ejecutar las altas laborales cuestionadas durante la instrucción.

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La fiscal detalla cuatro casos concretos: el puesto de ayudante de biblioteca, el de ordenanza de un edificio anejo, el de conserje conservador y el de peón de mercado. El primero se llevó a cabo a pesar de que contaba con informe de reparo, al igual que el segundo, del que se destaca la inexistencia de un documento previo de la Sección de Personal.

El sistema de selección, la falta de publicidad de las bases y la convocatoria y que no se justifique la "necesidad y urgencia" de una plaza de funcionario interino, conforman los reproches sobre la tercera contratación. De la cuarta se destacan las advertencias desoídas de la Secretaría del Ayuntamiento antequerano sobre la prórroga del contrato.

Las indagaciones se centran, principalmente, en el pleno municipal celebrado el 17 de marzo de 2011, aunque la acusación particular ejercida por un aspirante afectado extiende las sospechas a otras sesiones plenarias. Hecho por el que incrementa notablemente los presuntos casos de enchufismo en su escrito y que le lleva a elevar un año y medio más la solicitud de inhabilitación.

"Estos hechos constituyen un delito continuado de prevaricación", del que se considera presunto autor al antiguo regidor socialista

La Fiscalía explica que ese día se debatió la "normalización contractual de todo el personal laboral del Ayuntamiento" y su pase a la categoría de indefinido. Esta medida se aprobó por unanimidad pese a que el secretario municipal informó de que "existían ciertas irregularidades" y sin que, al igual que el interventor, emitiera un dictamen favorable. "Tampoco se atendió la propuesta de que el asunto se quedara en la mesa para resolverlo posteriormente" y en el acta quedó reflejada la falta de informe jurídico por la urgencia con la que se había presentado la propuesta de dicho acuerdo.

"Estos hechos constituyen un delito continuado de prevaricación", del que se considera presunto autor al antiguo regidor socialista, sobre el que no concurren circunstancias modificativas de su responsabilidad.

Una larga instrucción

Una vez conocida la fecha del juicio, y con las partes cruzando los dedos para que no se suspenda, se vislumbra el final a una larga instrucción no exenta de complicaciones. Las indagaciones se iniciaron tras la denuncia de un particular que alertó de una presunta violación de los principios de "igualdad, mérito y capacidad" que deben regir cualquier proceso selectivo en la Administración pública. Estas supuestas prácticas se habrían desarrollado durante el mandato de Ricardo Millán, quien presuntamente hizo caso omiso de las advertencias de los técnicos a la hora de impulsar las altas laborales, justificando sus actos en una supuesta urgencia para cubrir los puestos vacantes alimentada por "la presión que estaban ejerciendo los agentes sociales".

A pesar de que el juez instructor reconoció que "el proceso de contratación fue irregular", no halló "indicios racionales del plus de antijuricidad" que "transformarían" esta acción en "resoluciones manifiestamente impuestas, arbitrarias".

No obstante, la Sección Novena de la Audiencia Provincial estimó el recurso de querellante y resolvió que, "en su gran mayoría […], se trataban de casos de sustituciones de personal laboral —nunca funcionarial— que tenían que producirse con carácter inmediato".

"Las razones de urgencia que se alegan en ningún caso pueden servir de justificación para incumplir la ley"; siempre y cuando "realmente existieran", pues "no hay constancia objetiva más allá de las manifestaciones del investigado".

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Millán "contaba con el asesoramiento de los servicios técnicos del ayuntamiento, y el particular del secretario municipal", por lo que "sabía que las contrataciones se debían realizar de la forma que establece la ley", según los magistrados. "Sin embargo, prefirió desatender las indicaciones de dichos profesionales, lo cual supuestamente pone de manifiesto su voluntad deliberada de no actuar conforme a derecho, algo que podría considerarse patente y notoria arbitrariedad", uno de los preceptos sobre los que se argumenta el delito de prevaricación.

La Audiencia Provincial, antes de estimar el recurso de apelación, y obligar al juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de la localidad antequerana a continuar con el proceso, realizó una singular apreciación: "Aun en el caso de que fuera cierto que estas conductas se produzcan con cierta asiduidad, no por ello deben dejar de reprimirse si hay razones para ello".