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Justicia a dos velocidades: más de ocho años para investigar una trama de enchufismo
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MALAYA SE JUZGÓ EN CUATRO

Justicia a dos velocidades: más de ocho años para investigar una trama de enchufismo

Las acusaciones del caso que investiga contrataciones irregulares en el Ayuntamiento de Antequera entre 2004 y 2009 exigen que se agilice el proceso tras alertar de los intentos de la defensa del exalcalde Ricardo Millán de “paralizarlo”

Foto: Municipio de Antequera. (EC)
Municipio de Antequera. (EC)

No es el recurso de inconstitucionalidad de la Ley del Aborto, ni una macrocausa por un asunto de corrupción política, ni tan siquiera una investigación a una organización delictiva con ramificaciones en varios países; pero teniendo en cuenta los plazos de instrucción, podría pensarse que su complejidad es similar. El procedimiento que investiga presuntos casos de enchufismo en el Ayuntamiento de Antequera entre 2004 y 2009 sigue estancado tras casi ocho años de instrucción y después de que la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Málaga hubiese instado al juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la localidad a continuar con el procedimiento. Una circunstancia que ha llevado a la parte denunciante a presentar un nuevo escrito reclamando que se agilicen las diligencias para que se pueda fijar la apertura de juicio oral cuanto antes.

El documento, presentado el 16 de junio ante el juzgado instructor, explica que aún no ha habido pronunciamiento sobre el recurso de reforma de la defensa del exalcalde socialista Ricardo Millán, principal investigado, a la oposición de la instancia superior de facilitar el sobreseimiento de las indagaciones. Tanto la Fiscalía como la acusación particular rechazaron con sendos textos esta posibilidad, pero han pasado más de cuatro meses y el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Antequera no ha tomado decisión al respecto.

Foto: Foto: Istock.

El escrito de “agilización penal” incide en que el paso dado por los letrados del investigado “lo único que trata es conseguir dilatar y paralizar este procedimiento”, por lo que “instamos al juzgado” a que “resuelva con la mayor brevedad, en la medida de lo posible, el recurso de reforma que quedó hace ya cuatro meses en la mesa de su señoría”. “Por lo que solicitamos se recabe el auxilio judicial pertinente, a los efectos de proceder a darle a la presente causa la celeridad que precisan dichas actuaciones”, pues la Audiencia Provincial “ya ordenó su enjuiciamiento”.

La instrucción de este caso se inició en 2014 tras la denuncia de un particular que alertó de una presunta violación de los principios de “igualdad, mérito y capacidad” que deben regir cualquier proceso selectivo en la administración pública. Estas prácticas se habrían desarrollado durante el mandato de Millán, quien supuestamente no atendió las advertencias realizadas por el secretario y el interventor municipal sobre una serie de contrataciones urgentes justificadas en “la presión que estaban ejerciendo los agentes sociales”.

A pesar de reconocerse que las contrataciones eran irregulares, el caso se archivó en dos ocasiones

A pesar de que el juez instructor reconoció que “el proceso de contratación fue irregular”, no encontró estas resoluciones “arbitrarias”; y, en un auto de la Sección Novena la Audiencia Provincial que estimaba el recurso presentado por el querellante, se destacaba que, “en su gran mayoría”, eran “sustituciones de personal laboral —nunca funcionarial— que tenían que producirse con carácter inmediato”.

“Se acudía al concurso del Servicio Andaluz de Empleo (SAE)”, apuntó el juez, que sostuvo que no había “indicio alguno” de que los contratados fuesen “personas afines al PSOE o que mantuvieran relaciones de afinidad de los concejales”. Algo sobre lo que disiente la parte denunciante.

No obstante, la Audiencia Provincial no estima los argumentos del instructor y determinó que “existen indicios de su participación en el delito que se le imputa”, ya que, “es claro y no se discute”, que la contratación de los trabajadores a que se refieren las actuaciones “fue irregular y se realizó contraviniendo las normas legales aplicables e infringiendo los principios de igualdad, mérito, capacidad, además del de publicidad, que dimanan de la Constitución”.

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“Las razones de urgencia que se alegan en ningún caso pueden servir de justificación para incumplir la ley”, añadió en su escrito de respuesta al recurso, en el que dudaba de la verdadera existencia de ese contexto cuando afirmó que “no hay constancia objetiva más allá de las manifestaciones del investigado”. El alcalde “contaba con el asesoramiento de los servicios técnicos del Ayuntamiento, y el particular del secretario municipal”, por lo que “sabía que las contrataciones se debían realizar de la forma que establece la ley”. “Sin embargo, prefirió desatender las indicaciones de dichos profesionales, lo cual supuestamente pone de manifiesto su voluntad deliberada de no actuar conforme a derecho, algo que podría considerarse patente y notoria arbitrariedad”, uno de los preceptos sobre los que se argumenta el delito de prevaricación.

El magistrado estimó el recurso de apelación contra el archivo de la causa y en un auto con fecha 10 de junio de 2021 obligaba al juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Antequera a continuar con el proceso judicial. El instructor firmó una resolución el pasado 14 de octubre en la que instaba a las partes a solicitar la apertura de juicio oral presentando escrito de acusación, reclamar el sobreseimiento de la causa o, “excepcionalmente”, la práctica de diligencias complementarias “indispensables para la tipificación de los hechos”. José Ignacio Navarro Bustos, el abogado del querellante, formalizó este trámite el 6 de noviembre en un documento en el que relataba los hechos investigados y que concluía que representan un delito de prevaricación administrativa. Por el que solicita que se imponga al exregidor una multa de tres a ocho meses y la suspensión de empleo o cargo público por una horquilla de tiempo de uno a tres años.

Desde el inicio de Malaya hasta la primera sentencia pasaron siete años. Este caso acumula ocho

Navarro, que en declaraciones realizadas entonces a este periódico lamentaba que el caso se hubiese tratado de sobreseer en dos ocasiones, en la actualidad no oculta su sorpresa por la dilación de un proceso que acumula ya ocho años de instrucción. Una causa cuya complejidad es relativa, pero que ni por asomo se aproxima a los números del caso Malaya. Desde que se llevó a cabo la operación policial que destapó la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, en 2006, hasta que se celebró el juicio, en 2010, transcurrieron tan solo cuatro años, a los que hubo que sumar otros tres para hacer públicas las primeras sentencias. En un proceso con casi un centenar de acusados. Por eso no resulta entendible que una instrucción como la del presunto enchufismo en el Consistorio antequerano acumule ya casi ocho años y no haya visos de que se celebre la vista oral a corto plazo.

El letrado espera que el escrito de agilización tenga una pronta respuesta y el proceso pueda continuar su trámite como marcó la Audiencia Provincial.

No es el recurso de inconstitucionalidad de la Ley del Aborto, ni una macrocausa por un asunto de corrupción política, ni tan siquiera una investigación a una organización delictiva con ramificaciones en varios países; pero teniendo en cuenta los plazos de instrucción, podría pensarse que su complejidad es similar. El procedimiento que investiga presuntos casos de enchufismo en el Ayuntamiento de Antequera entre 2004 y 2009 sigue estancado tras casi ocho años de instrucción y después de que la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Málaga hubiese instado al juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la localidad a continuar con el procedimiento. Una circunstancia que ha llevado a la parte denunciante a presentar un nuevo escrito reclamando que se agilicen las diligencias para que se pueda fijar la apertura de juicio oral cuanto antes.

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