Andalucía no es Alemania: los pueblos amenazan la revolución verde de Moreno

Juanma Moreno mira a Alemania desde que es presidente. El Gobierno andaluz pretende implementar en la comunidad el modelo de Baviera, un lander que basaba su economía en la ganadería y la agricultura y con el paso de los años evolucionó hasta convertirla en una de las más fuertes de la Unión Europea, con un mercado liberalizado y buenos servicios públicos. Los esfuerzos de la Junta en adaptar la oferta educativa al mercado, con la apuesta por la Formación Profesional, es solo un ejemplo. Moreno también pone como ejemplo la capacidad del país germano para otro de sus grandes proyectos: la revolución verde.

El gobierno andaluz viene desarrollando un ambicioso plan para desplegar un millar de proyectos de renovables, que sumarían una potencia instalada de 28 GW y situarían a la comunidad como un referente en la generación de energías renovables en Europa. Sin embargo, en los últimos meses ha recibido la resistencia de pueblos y alcaldes contrarios al plan, especialmente a las plantas fotovoltaicas y eólicas. A principios de año, hasta 70 municipios presentaron una iniciativa legislativa en el parlamento autonómico pidiendo una moratoria para frenar la implantación de esos proyectos por su impacto en el entorno. "Alemania ocupa más territorio con placas fotovoltaicas que Andalucía, pese a tener menos horas de radiación. Y allí no se ponen los problemas que ponen aquí los ayuntamientos", recordaba recientemente Moreno en un foro en Madrid, donde volvió a la comparativa con el país germano.

La propuesta de los alcaldes fue tumbada con la mayoría del PP, aunque a día de hoy sigue habiendo resistencia en los pueblos, que amenazan con ralentizar la revolución verde de Moreno. El rechazo en el campo a estos proyectos es mayor que en las ciudades, como ocurre en toda España. Y, aunque Andalucía es una comunidad más concienciada con el cambio climático que el resto de los territorios, como demuestran varias encuestas, la oposición llega incluso de algunos ayuntamientos del PP. Esta misma semana, la empresa que pretendía construir una planta solar en la aldea de Morente, en Bujalance (municipio cordobés con un alcalde del PP), anunció que renunciaba al proyecto tras recibir movilizaciones y casi un centenar de alegaciones.

La Junta plantea que los duros requisitos de la administración ya son lo suficientemente garantistas para frenar proyectos si es necesario. De hecho, como el de Morente, son numerosos los proyectos presentados ya se han quedado por el camino. En un primer momento, Andalucía pretendía ocupar un 0,7% de su superficie total y un 1,4% de la cultivable en placas fotovoltaicas; a día de hoy, tras pasar el filtro de los permisos ambientales, los proyectos que han ido superando los trámites ocuparían un 0,52% del territorio total y un 1,08% del cultivable.

La resistencia llega desde el Valle del Guadiato, Ronda, Tabernas, Setenil o la campiña de Jerez

Era algo con lo que se contaba, aunque el éxito de la revolución verde de Moreno pasa por convencer a los municipios, así que la Junta ha desplegado en los últimos meses una estrategia de contactos con los afectados para exponer los beneficios. El consejero andaluz de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, mantiene encuentros con alcaldes y plataformas de las comarcas más afectadas. Según apuntan desde su departamento, la resistencia llega, sobre todo, desde pueblos del Valle del Guadiato (Córdoba), la Serranía de Ronda (Málaga), Tabernas (Almería), Setenil de las Bodegas (Cádiz) o la campiña de Jerez.

En los encuentros se intenta trasladar a los alcaldes los beneficios económicos que puede conllevar para un municipio la llegada de plantas fotovoltaicas. El mayor ejemplo es el de Carmona (Sevilla), que cuenta con un término municipal extenso, gran parte del mismo visible desde su espectacular Parador, que ofrece unas vistas inmejorables y muy demandadas. En estos momentos tiene 60 plantas en marcha en distintos puntos de tramitación que supondrán para las arcas municipales 120 millones de euros en licencias e impuestos y seis millones solo en concepto de Impuestos de Bienes Inmuebles (IBI) al año. Como consecuencia, el Ayuntamiento podrá eliminar la tasa de basuras y poner el transporte municipal gratuito durante tres años, apuntan desde la Consejería.

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La Junta confía en que el diálogo con los alcaldes permita limitar el rechazo a la implantación de las renovables. En algunos casos, apuntan, los ayuntamientos no cuentan con toda la información. Fuentes de la Consejería ponen como ejemplo a un caso reciente, durante una visita a la alcaldesa de un municipio que pedía retirar los proyectos. La regidora creía tener 83 proyectos de instalaciones de plantas en su municipio, una amenaza inasumible para su término municipal. Sin embargo, tras revisar la documentación, comprobaron que lo que había eran 83 consultas de compatibilidad urbanística de una empresa que buscaba la mejor ubicación posible para desarrollar una única planta.

La estrategia para convencer a los alcaldes pudo comprobarse en el último pleno de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, donde el presidente andaluz, Juanma Moreno, insistió a los regidores a trabajar juntos para aprovechar una "oportunidad excepcional para ser soberanos" desde el punto de vista energético. Andalucía tiene encima de la mesa 12.000 millones de euros de inversión y 40.000 empleos potenciales en este campo, por lo que pidió a los alcaldes, muchos de ellos de su propio partido tras los resultados electorales, "no cerrarnos al futuro". El objetivo es consumir hasta el 75% de la energía en renovables a finales de la presente legislatura, lo que supondrá un imán para las empresas que buscan seguridad energética. Pero para eso no será suficiente con un marco fiscal competitivo y el resto de medidas planteadas por la revolución verde; Moreno necesitará a los pueblos.