Chocar con el muro del IMV: "¿Dónde voy yo sola con mi niña y una ayuda de 85 euros?"

Hace seis meses que Noa vive con Mari Ángeles y su hija Azahara en un pequeño piso del barrio de Los Pajaritos, en Sevilla. Noa es un perrillo nervioso que corretea por un salón pequeño, con cajas de leche apiladas junto a la ventana y cuadros de Camarón en la pared. Allí viven también los padres de Mari Ángeles, en el piso donde ella, que ahora tiene 32 años, se crio. Ahora mismo no tiene empleo, pero acaba de terminar un curso de celadora impartido por la Cruz Roja y que le subvencionó una asociación religiosa. "Nunca he cobrado el paro", admite esta sevillana, que ha trabajado de forma intermitente cuidando a personas mayores y con necesidades. Pero la ayuda del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que le llega cada mes es de 85 euros, porque está empadronada en una casa donde hay otro ingreso, la pensión no contributiva de su madre.

"¿Dónde voy yo sola con mi niña? ¿Para qué tengo que buscarme una pareja para vivir con ella?", se pregunta la joven, que duerme con su hija en una cama de 90 que le tiene "la espalda hecha polvo". Mari Ángeles conoce perfectamente la zona y explica que en el barrio de Los Pajaritos el alquiler supera los 500 euros, a pesar de que es el segundo barrio con menor renta del país, solo por detrás del Polígono Sur, también en Sevilla, según el Instituto Nacional de Estadística. La escalada de los precios del alquiler no escapa ni a esta zona de la capital andaluza, un barrio de trabajadores que llegaron en la segunda mitad del siglo XX, pero que se ha convertido en una de las bolsas de exclusión más destacadas del país.

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María Zuil Fotografía: Rubén Plasencia

La propia Mari Ángeles admite que la situación ha cambiado con respecto a cuando ella era pequeña. "Yo podía jugar en la calle, pero a la niña no la dejo sola", cuenta, al tiempo que reconoce que en su misma calle hay varios puntos de venta de droga y se queja de la dejadez de las fuerzas de seguridad. Es lo que se ha encontrado al volver después de una etapa de dos años en Lepe, donde vivió un tiempo con una expareja y su hija, que ahora tiene 10 años y estudia tercero de Primaria en un colegio en el barrio de Amate. Por las tardes, a veces, madre e hija acuden al Centro de Recursos para la Infancia y la Adolescencia que puso en marcha en 2021 Save the Children en la zona.

Allí ayudan a la pequeña con las extraescolares y con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), para lo que va a empezar a ir a la consulta del psicólogo. Contar con este centro será de ayuda cuando Mari Ángeles empiece a cursar el grado medio de auxiliar de enfermería al que tiene pensado inscribirse en un instituto del distrito. "Mi idea es estudiar por las tardes y trabajar por las mañanas", detalla la joven, que se queja de la reducción de la cuantía de la ayuda que le supuso empadronarse en casa de sus padres. "Siendo madre soltera y con la declaración de exclusión social, 85 euros es de risa", lamenta Mari Ángeles, que si percibió una cantidad superior antes.

La historia de esta sevillana es más común de lo que parece entre las 502.308 personas que cobran el IMV en Andalucía, el territorio con más receptores de esta ayuda que echó andar en 2020. Mari Ángeles la solicitó a través de los servicios de Andalucía Orienta, un servicio de la Consejería de Empleo del Ejecutivo andaluz que asesora a los ciudadanos en materia de inserción laboral. Fue en un centro de menores donde esta joven descubrió la existencia de este organismo de la Junta que le ha servido para recibir esta ayuda, donde se animó a continuar su formación.

Al tesón de esta sevillana en su empeño por lograr independizarse con su hija de diez años, tiene que sumar la suerte que tuvo al recibir el asesoramiento de Andalucía Orienta, algo que no tiene todo el mundo. "Muchas veces, la administración se ve como una pared", explica Susana Hornillo, dirigente local de Podemos, que ha colaborado durante dos años en la oficina que la formación morada puso en marcha en su sede de la capital andaluza para ayudar a los posibles beneficiarios a saltar los obstáculos burocráticos y que ha atendido a más de 13.000 personas desde que entró en funcionamiento. La receta para acabar con este problema, según Hornillo, pasa por contratar a más funcionarios que puedan prestar una atención personalizada a las familias vulnerables.

El laberinto burocrático

"El real decreto no es de sencilla interpretación", reconoce esta profesora de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Sevilla. "Y yo soy doctora", añade Hornillo, que asegura que la gente "flipa" cuando se encuentra con un funcionario que le dedica tiempo. Es justo lo que le pasó a Pilar, sevillana de 49 años, que también ha sufrido para recibir el IMV. "A la persona que le ha tocado mi caso le ha debido llamar la atención, porque no es lo habitual que te llame por teléfono la funcionaria", señala, al tiempo que recuerda que lo habitual es que los trámites se hagan "por carta" o de forma telemática, con plazos de 10 días que no siempre ha sido capaz de cumplir. "Se te hace bola y te provoca ansiedad", insiste.

Como Mari Ángeles, Pilar también trabajó en el ámbito de los cuidados, en su caso a personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Pero perdió su empleo justo cuando empezó el confinamiento y no lo ha recuperado. Separada y con dos hijos, la reinserción laboral se le complicó cuando se quedó con la custodia de uno de sus nietos, el hijo de su hija. Fue entonces cuando solicitó el Ingreso Mínimo Vital por primera vez y lo hizo sin asesoramiento. El problema es que en su vivienda, que es de alquiler, estaba también empadronado su hijo, que ya no vive con ella. Se lo denegaron y lo volvió a pedir una segunda vez y fue en ese momento cuando, por una conocida, descubrió la oficina instalada por Podemos, que la ha acompañado en el proceso, por el cual ahora recibe una prestación de 840 euros.

La renta mensual del piso en el que vive desde hace 15 años alcanza los 450 euros, por lo que más de la mitad del IMV lo dedica al alquiler. La situación de Pilar se ha complicado desde el pasado noviembre, ya que tiene en acogimiento a otros dos nietos, también hijos de su hija, que ya figuran en el padrón. En enero, esta mujer sevillana solicitó la ampliación de la ayuda y además reclamó el complemento a la infancia, los 100 euros adicionales por cada menor a cargo que se pueden reclamar tras la última reforma de esta prestación. El cálculo de Pilar es que la cuantía llegue a unos 1.200 euros para poder atender a los tres menores.

La situación de los niños es una de las más problemáticas en relación con las ayudas sociales como el IMV o las rentas autonómicas. Y a esa realidad hay que sumar la difícil convivencia entre las dos prestaciones. El caso de Andalucía es especialmente llamativo, ya que el Gobierno en solitario de Juanma Moreno ha renunciado a crear el Ingreso por la Infancia y la Inclusión (IPII) que tenía en cartera su exconsejera de Igualdad, Rocío Ruiz, que pertenecía a la cuota naranja del Ejecutivo de coalición de la pasada legislatura.

Las organizaciones que trabajan con los menores, como Save the Children o Unicef España, llevan años incidiendo en el escaso impacto para la infancia que tiene la renta mínima autonómica y por eso pedían su conversión. Ruiz recogió el guante y se enfrascó en la elaboración del IPII, pensado para ser una ayuda complementaria al ingreso mínimo estatal. La mayoría absoluta del PP dio al traste con esa iniciativa, aunque poco después aumentó la cuantía de la ayuda regional para paliar la inexistencia de una ayuda específica para familias con menores, como la de Mari Ángeles, que pelea con uñas y dientes para independizarse y poder criar a su hija sin la tutela de sus padres. "Así no se puede tener autoridad", se queja, con cierta sorna, antes de admitir que entre los caprichos de Azahara está ese perrillo que saluda a todo el que llega a esa casa del barrio de Los Pajaritos.