Dos estudios para 7 km de tren: pelea entre la Junta y Transportes por ir al aeropuerto de Sevilla

Hay 6,8 kilómetros entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto de San Pablo, las dos principales puertas de entrada a Sevilla. Esto es así desde 1992, cuando se inauguró el elegante edificio de los Cruz y Ortiz, que cerró la brecha de las vías del tren en la capital andaluza y se abrió la remodelación del aeródromo, obra de Rafael Moneo. 30 años después, el único transporte público que llega al aeropuerto de la cuarta ciudad de España es un autobús municipal (que cuesta 4 euros el trayecto) y el taxi. La obra para conectar ambas infraestructuras es una de esas asignaturas pendientes que acumula la ciudad hispalense. Lo llamativo es que hay dos administraciones peleando por ver cuál de las dos la construye.

La conexión entre el centro de Sevilla y su aeropuerto —recién ampliado para que puedan llegar 10 millones de pasajeros al año— formaba parte del Eje Ferroviario Transversal que ahora Juanma Moreno quiere recuperar. Pero es un proyecto que tiene dos décadas y quedó enterrado por la crisis económica y financiera que azotó a España entre 2008 y 2012. El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos lo resucitó después de lustros bloqueado, aunque es cierto que los naranjas ya consiguieron incluir una enmienda en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 con 5 millones de euros para comenzar la construcción. Esas cuentas fueron las últimas aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, pocos días antes de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez al Gobierno central.

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Luego llegó el cambio color político en la Junta de Andalucía y populares y naranjas retomaron la idea a pesar de que las competencias para conectar los puertos y aeropuertos corresponden al Estado. En la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda explican que la luz verde del Gobierno central les llegó tras una reunión con el equipo del anterior ministro de Transportes, José Luis Ábalos. En enero de 2022, la Junta adjudicó a una UTE formada por URCI Consultores, Incosa y David Álvarez Casillo la elaboración del proyecto por valor de 309.120 euros. Hubo un pequeño retraso, por lo que los 13 meses que había inicialmente para la redacción del estudio se alargarán, pero en el departamento que dirige Marifrán Carazo afirman que estará listo en agosto.

Lo llamativo es que el pasado abril, en la celebración del 30 aniversario de la llevada del AVE a Sevilla, la ahora ministra de Transportes, Raquel Sánchez, avanzó que su departamento adjudicaría el estudio en breves. El momento llegó el pasado jueves, según avanzó la dirigente socialista en una visita a la capital andaluza para anunciar un acuerdo con la Junta para la construcción de viviendas de protección oficial. El contrato de redacción del estudio informativo se adjudicó por 642.000 euros y el plazo de elaboración es de dos años, es decir, que no estará listo antes de enero de 2025.

En Transportes recuerdan que los accesos a los puertos y aeropuertos son competencia de la Administración General del Estado

En el Gobierno andaluz mostraron su sorpresa por la decisión del Ministerio de Transportes, ya que consideran que se trata de "una forma de tirar el dinero" que, además, retrasará las obras para esta anhelada conexión. El objetivo del equipo de Marifrán Carazo, según ha dicho en alguna ocasión la consejera autonómica, es trasladar el estudio al Ejecutivo central, tal y como habían hablado con Ábalos antes de que fuera defenestrado en la crisis de gobierno que Pedro Sánchez puso en marcha en julio de 2021.

La explicación del Gobierno

En el departamento que dirige Raquel Sánchez recuerdan que no hacer el estudio significaría incumplir la ley, ya que es su competencia. Además, afirman que el proyecto que tiene en marcha la Junta contempla otras opciones de conexión entre Santa Justa y el Aeropuerto de San Pablo mientras que el suyo es solo ferroviario. Esto, explican en el Gobierno andaluz, es necesario para pedir fondos europeos, puesto que para lograr financiación europea "hay que justificar por qué se opta por el tren y no por otro medio". En Transportes apuntan también a la necesidad de conocer el estudio de la Junta antes de analizar si puede aportarse a su propio proyecto, pero esto no podrá ocurrir hasta que, en verano, finalice el trabajo de la UTE que recibió la adjudicación de la Administración autonómica.

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El choque entre el Gobierno y la Junta por esta conexión de solo 6,8 kilómetros es la aldea gala de resistencia después de una serie de acuerdos entre ambas administraciones en materia de obras públicas. Raquel Sánchez ha estado ya en dos ocasiones en Andalucía para firmar acuerdos para impulsar viviendas y hace escasamente 15 días que estuvo en la capital andaluza para rubricar el convenio de financiación de la ampliación del Metro de Sevilla.

A pesar de que se producen ententes que son muy relevantes, la relación entre Transportes y Fomento está plagada de suspicacias. No hay que olvidar que la firma del convenio del suburbano hispalense ha llegado después de varias polémicas. En el Alcázar de Sevilla, donde se celebró el acto de rúbrica, se escucharon comentarios maledicentes, como el que recordó que los 65 millones que cuestan los trenes del Metro correrán a cargo de la Junta después de que el Gobierno los sacase del convenio. De fondo, a pesar de las sonrisas y las buenas palabras, hay una batalla electoral por llevarse el rédito del impulso de obras que llevan años atascadas a solo 3 meses y medio de unas municipales.