Mordidas, facturas falsas y un concejal imputado: el caso que ha sacudido Córdoba

Contratos que se firman meses después de haberse pagado las facturas, noches de hotel a cambio de favores, expedientes sobre trabajos ficticios que nunca llegaron a realizarse pero se cobraron y una reunión de David Dorado (concejal no adscrito tras ser expulsado de Ciudadanos) en la que supuestamente le pide mordidas a un empresario a cambio de adjudicarle un contrato. Son algunos de los hechos que aparecen en el auto emitido por el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba y que apunta a una presunta trama de corrupción que afecta al Ayuntamiento cordobés. Es el conocido como caso Infraestructuras en la ciudad andaluza y del que el pasado lunes el Consistorio entregaba a la Fiscalía nuevas facturas "irregulares".

El auto, al que ha tenido acceso El Confidencial, recoge y ordena la investigación llevada a cabo por la Unidad de la Policía de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Córdoba y llega a apuntar hasta cuatro tramas distintas de lo que sería una macrocausa por presunta corrupción. Un entramado en el que estarían implicados una decena de empresarios, el edil David Dorado —que estaba a cargo del área de Infraestructuras— y dos altos cargos de esta delegación nombrados por él a discreción. Por si fuera poco, el caso ha derivado en una guerra política que enfrenta a Dorado con el alcalde, José María Bellido, contra quien ha abierto una auténtica cruzada que judicialmente puede que no lleve a nada pero que da munición a la oposición y deja aún más a Ciudadanos en el abismo al que se asoma desde hace tiempo. Pero para llegar hasta aquí hay que empezar por el principio.

El conocido como caso Infraestructuras se inicia en la primavera de 2021 a raíz de una denuncia de IU sobre supuestas irregularidades en la contratación de una obra para instalar farolas en la avenida de Libia de la capital cordobesa. En concreto, se apunta a un posible fraccionamiento de contrato ya que se detectaron dos obras menores que se correspondían con un mismo tramo de la avenida. Así, para eludir la tramitación del procedimiento de contratación mayor (que requiere de un proceso público para garantizar la transparencia), la obra supuestamente se definió por el nombre de las calles que colindan con la avenida, justificándose que se necesitaban dos proyectos distintos. En este caso ya se apuntaba también a un posible delito de falsedad documental, puesto que esta obra se dio por terminada el 30 de diciembre de 2020 a pesar de que los trabajos continuaron hasta abril de 2021.

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Tras esta denuncia, y según las fuentes consultadas, el alcalde se reunió con Dorado y éste le dijo en un primer momento que la obra continuó debido a un robo de cable, pero el concejal nunca presentó la denuncia y luego se desdijo de estas declaraciones sin ofrecer una explicación verosímil. Con la sospecha ya planeando sobre el edil, el alcalde ordenó que se abriese una información reservada que impulsó la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento. Y ahí empezó todo. La Asesoría Jurídica detectó otros supuestos fraccionamientos de contrato e irregularidades como la emisión de facturas por trabajos que no se habían hecho, desde zanjas para colocar cableado que nunca se abrieron a instalaciones eléctricas que nunca se cambiaron. Todos estos contratos estaban firmados por la misma persona, S.Q. P. —que era el técnico responsable del área de Mantenimiento de Infraestructuras, pero que el concejal Dorado puso a cargo de Alumbrado Público— y se adjudicaban siempre a empresas recurrentes que hasta entonces, en su mayoría, no habían trabajado con la Administración. Las fuentes consultadas apuntan a que se se investigan unas 200 facturas cuyo valor supera los dos millones de euros.

Sobornos y el cerco a Dorado

El Ayuntamiento envió esta información a la Fiscalía y se sumó a la denuncia original de IU. De forma paralela la investigación por parte de la Policía de Delitos Económicos estrechó el cerco sobre Dorado. La investigación pudo determinar el modus operandi que supuestamente se seguía en el área de Infraestructuras, con el técnico S. Q. P. a la cabeza y la connivencia, supuestamente, del concejal de Ciudadanos y la ex coordinadora general del área (nombrada a dedo por el edil).

La Policía desveló “supuestos pagos de sobornos en modo de pagos de estancias hoteleras” por parte de los empresarios ahora investigados al técnico que firmaba los contratos. Noches de hotel en Madrid, Estepona, Sanlúcar de Barrameda o Motril, pagos de excursiones a Doñana y hasta cesiones de propiedades son algunos de los “intercambios de favores” que se detallan en el auto. La UDEF habla de “auténtica connivencia” y “cierta relación de amistad” entre los contratistas y el técnico. De estas prácticas también se habría beneficiado la excoordinadora general de Infraestructuras, con reformas y labores de jardinería y limpieza en su domicilio por parte de las empresas.

El grupo de la Policía sostiene sobre Dorado que está “involucrado con un intento propuesta de cohecho” ya que durante un almuerzo con un empresario del sector de la publicidad le contó que iba a recibir una subvención de 30.000 euros y le sugirió “la posibilidad de contratar con él obras menores, para lo que tendría que crear cuatro o cinco empresas o buscarse testaferros que se presentaran a licitaciones”, y le propuso “que se repartieran el beneficio por partes iguales entre los tres”, según se detalla en el auto. El empresario se negó a aceptar.

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Los agentes muestran también sus sospechas ante la insistencia de Dorado en el nombramiento de la excoordinadora general a pesar de que había informes desfavorables para ello, así como al hecho de haber puesto al frente del área de Alumbrado Público —donde se centran las irregularidades de los contratos— al técnico que ahora es el principal sospechoso de la trama. En concreto el auto del juez señala “la búsqueda de excusas para que el técnico dominara importantes parcelas del área de alumbrado público”, a pesar de que ya había un director general. El concejal, que fue detenido y después puesto en libertad, siempre ha mantenido su inocencia.

La causa sigue abierta y el siguiente paso será fijar las declaraciones de los imputados, así como señalar las nuevas cusas que apunta el juez en su auto por lo que este entramado podría elevar el número de investigados y delitos.

El coste político

Además de los hechos judiciales y los posibles delitos investigados, el caso Infraestructuras tiene obviamente una parte política que no le va a la zaga. En primer lugar, porque todo parte de una denuncia de IU y después por la deriva política de David Dorado, que empezó siendo defendido por su partido, Ciudadanos, e incluso por el equipo de Gobierno y acabó expulsado y abriendo una guerra política presentando su propia denuncia y señalando al alcalde, José María Bellido.

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La carrera por ganar el relato, con unas elecciones municipales a la vuelta de la esquina, ha comenzado. El PP ha blindado su alcalde y se insiste en que el caso ha llegado hasta aquí por la investigación que inició el Ayuntamiento, mientras que la oposición asegura que han ido a remolque y cargan todas las tintas contra el regidor, más que por Dorado quien apenas tiene relevancia, así como el que fuera su grupo político, Ciudadanos.

Dorado ha iniciado su cruzada y ha interpuesto una denuncia en la que defiende que las posibles irregularidades en Infraestructuras se remontan años atrás, cuando el alcalde era responsable de Contratación en el Ayuntamiento. Esta investigación también sigue su curso. Con una supuesta trama de corrupción, un concejal detenido por primera vez en la historia del Ayuntamiento de Córdoba y la Policía apuntando a sobornos y mordidas, el caso Infraestructuras será un asunto central en esta campaña.