El PP se sale del pacto antitransfuguismo en plena ofensiva para quedarse el poder de Cs

El Partido Popular está fuera del pacto antitransfuguismo. Así lo ha comunicado por carta al Ministerio de Política Territorial de Miquel Iceta. El PP, que fue uno de los partidos que fundaron este acuerdo en 1998, abandona por vez primera este pacto denunciando “falta de imparcialidad” y “ausencia de neutralidad” por la calificación de transfuguismo de lo ocurrido en Murcia. Los populares abandonan esta mesa política en plena ofensiva para captar cargos de Cs en una estrategia diseñada por Génova para una fusión por absorción del partido naranja, con el objetivo declarado de reconstruir el centro derecha.

Según la carta remitida al Gobierno, firmada por la secretaria nacional de Política Local, Raquel González, y a la que ha tenido acceso este periódico, el PP considera que desde el pasado 8 de abril está exento del cumplimiento de los acuerdos sellados en ese pacto antitransfuguismo. Básicamente, compromete a los partidos a no pactar con tránsfugas para hacerse con el poder.

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Como consecuencia directa, ahora el PP tendría vía libre para pactar con los dos concejales que se han ido de Cs y han abandonado al alcalde de Granada, Luis Salvador, para sumarse a la estrategia de los populares, que aspiran a desalojar al regidor. La dirección de Inés Arrimadas y el vicepresidente andaluz, Juan Marín, apelaron desde el primer momento al cumplimiento del pacto antitransfuguismo para evitar que echaran a su alcalde en la capital granadina. El PP calló entonces, pero en la práctica ya había comunicado que se daba de baja y no se sentía concernido por esos acuerdos.

La variable andaluza

Es además llamativo que el PP subraye que no se siente afectado por el pacto antitransfuguismo desde el pasado 8 de abril. Mientras, en el Parlamento andaluz, en una decisión controvertida, se aceleró la reforma del reglamento de la Cámara, con impulso del PP, para convertir esta institución en la primera que se adaptaba al pacto antitransfuguismo renovado en noviembre. Un acuerdo que extendía la calificación de tránsfuga al ‘traidor’ que discrepara de las decisiones de los aparatos de los partidos, criticara sus actuaciones o votara en contra de lo ordenado por su grupo. Una definición que hay expertos que consideran anticonstitucional, que acaba con el discrepante y refuerza la ‘partitocracia’.

El objetivo de esa reforma era arrinconar a Teresa Rodríguez y otros ocho diputados afines en una operación diseñada por Unidas Podemos con apoyo del PSOE. Una expulsión recurrida ante el Tribunal Constitucional y admitida a trámite. El PP se sumó, junto a Cs, de forma entusiasta e incluso lideró por momentos esta reforma que los propios servicios de la Cámara señalaron como dudosa desde un punto de vista jurídico.

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Es llamativo que tanto en la reforma del reglamento y la operación contra Teresa Rodríguez como en el motivo alegado por el PP para abandonar la mesa antitransfuguismo aparece el mismo nombre propio, Rafael Ibáñez, exdiputado y asesor de Izquierda Unida. Ibáñez fue la persona elegida por el Gobierno para elaborar el informe que calificara lo ocurrido en Murcia, el detonante para que el PP haya abandonado la mesa. Los populares consideraron que no era imparcial, por su adscripción política, y subrayaron además que es exmarido de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Ibáñez también fue, junto al histórico comunista Enrique Santiago, el ideólogo de la adenda del pacto que permitió echar a Teresa Rodríguez del grupo Adelante Andalucía tras su divorcio supuestamente pacífico y pactado con Pablo Iglesias.

El portavoz parlamentario del PP en Andalucía, José Antonio Nieto, consideró en declaraciones a El Confidencial que su grupo aprobó la reforma del reglamento en el Parlamento pese a estar fuera su partido del pacto “por coherencia y sentido común”. La expulsión de Teresa Rodríguez y otros ocho diputados, recuerda, se aprobó en noviembre. Subraya además Nieto que la comisión técnica de expertos aprobada en Andalucía está integrada exclusivamente, como pide la dirección nacional del PP, por técnicos independientes sin afiliación política. En este sentido, el portavoz popular subraya que en el caso de Andalucía, Rafael Ibáñez, que firma el dictamen de Murcia, actuó no cómo técnico independiente sino como asesor de Unidas Podemos. “Sí que es verdad que hay una parte de este pacto que ha sido una trampa y ha aprovechado que el PP actuaba de buena fe para cargarse la mitad del grupo Adelante Andalucía, a la vez que promovían mociones de censura en Murcia, Castilla y León o Madrid, utilizando el pacto como palanca para conseguir sus objetivos”, concluye Nieto.

El caso de Murcia

Fue Cs el partido que elevó a la mesa del pacto antitransfuguismo la operación política de Murcia para pedir un dictamen. Este órgano, dependiente del Ministerio de Política Territorial, elevó un informe que determinaba que tanto el presidente de Murcia, Fernando López Miras, como los cuatro diputados de Ciudadanos (Cs) que hicieron fracasar en el último momento la moción de censura contra su Gobierno promovida por PSOE y Cs eran tránsfugas. Este dictamen atribuye además al presidente murciano el papel de “inductor y beneficiario”.

Este episodio político se desencadenó después de que PSOE y Cs registraran una moción de censura para tratar de echar al PP del Gobierno murciano. Cuatro diputados naranjas finalmente truncaron la moción, alineándose con el PP y quedándose con cargos en el Gobierno de Murcia. La moción fue tumbada y el dictamen antitransfuguismo acusa a los diputados de Cs que frustraron la moción de "traición", por negociar con el PP a espaldas de la dirección de su partido y recibir cargos en el Gobierno murciano.

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El PP alegó en la comisión antitransfuguismo que no eran tránsfugas, puesto que esos cuatro diputados de Cs se mantuvieron “fieles” al acuerdo de investidura con los populares en julio de 2019. Los populares siempre han defendido que quienes traicionaron lo pactado fueron los diputados que, plegándose a la estrategia nacional de Cs, se aliaron con el PSOE para tratar de hacerse con el Gobierno de Murcia.

Algo parecido alega el PP en el Ayuntamiento de Granada, donde asegura que hubo un acuerdo verbal —no hay documentos escritos— para una alternancia en el mandato a los dos años. Esa fórmula de 2+2 no es reconocida por Cs ni por su alcalde, Luis Salvador, que defiende que su investidura fue para los cuatro años del mandato municipal. El PP alega que los concejales que se han sumado a su estrategia contra Cs son los que están cumpliendo el verdadero espíritu del acuerdo sellado en 2019. El caso de Granada es especialmente relevante, porque tensa las costuras del pacto de coalición de PP y Cs en la Junta de Andalucía. Ambos partidos firmaron además un acuerdo autonómico para garantizar que no se aceptarían trasvases de poder ni fugas de cargos naranjas a las filas del PP.

El asesor de IU

El PP pidió la recusación del ponente del dictamen, Rafael Ibáñez, en el caso de Murcia porque ponía en duda su imparcialidad e independencia, y reclamó que la comisión de expertos se suspendiera, pero esa petición no fue estimada. Como se le hizo “caso omiso”, el PP advirtió de que daba “por denunciado” el pacto antitransfuguismo y que para ellos desde entonces “carecería de validez” al no estar suscrito por una mayoría representativa de las Cortes Generales.

En la misiva, el PP denuncia un “uso partidista” del pacto, acusan al ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, de hacer “un uso torticero” de la comisión de expertos, que exigen “despolitizar”, y alerta de “profundas lagunas jurídicas en el acuerdo”. La carta remitida por el PP al ministerio considera también “imprescindible” que se desarrollen las normas para aplicar el pacto por la estabilidad institucional en las comunidades autónomas y el Estado, “circunstancia que ahora no sucede, lo que permite la manipulación partidista de determinados casos”.