El Gobierno confía en que el retraso de las elecciones catalanas allane el Presupuesto

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, no firmó este lunes, como mandaba el calendario, la convocatoria de elecciones, lo que hubiera sido preceptivo para que las catalanas se celebren el próximo 4 de octubre. Aunque el Gobierno no tiene información directa del calendario electoral que maneja Torra -ni siquiera maneja información de ERC sobre las intenciones del presidente catalán, la idea de que se posponga unas semanas esa cita con las urnas, al menos hasta que se estabilice de nuevo la pandemia y se reconduzcan los brotes en Cataluña, sería bienvenida en el Ejecutivo de la nación, que vería así crecer las posibilidades de sumar a ERC a un acuerdo de Presupuestos.

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El equipo de María Jesús Montero en el Ministerio de Hacienda no tiene, de momento, vacaciones. Esta semana la ministra seguirá en su despacho en Madrid, informan fuentes del Gobierno, trabajando en los aspectos técnicos de los próximos Presupuestos Generales del Estado. El horizonte temporal fijado por el Ministerio es que no haya cambios en las fechas habituales y se llegue a final de septiembre o principios de octubre con un proyecto de ley registrado en el Congreso. El objetivo fijado por Montero es además que, una vez que se presenten las cuentas, tengan ya amarrado un acuerdo político que permita superar el primer trámite de enmienda a la totalidad. Para eso haría falta un empate en votos, que no haya más 'noes' que 'síes' al proyecto de ley, pero aun así el Gobierno necesita 175 apoyos que no tiene de momento para que los Presupuestos de Cristóbal Montoro (PP), de 2018, pasen a mejor vida.

Montero ha introducido en su discurso un arma que el Gobierno cree que debería ser infalible para convencer a la oposición de un paréntesis que permita un acuerdo para los Presupuestos. Apela la ministra de Hacienda a que el Gobierno no podrá disponer del dinero de reconstrucción e la Unión Europea, 140.000 millones de euros que España podrá gastar en los próximos tres años (2020-2023), unos 72.000 millones en ayudas directas. La ministra aseguró en una entrevista publicada en los diarios del Grupo Joly que no podrán disponer de ese dinero si no hay Presupuestos, es decir si no hay vehículo para ejecutar esos fondos. Es la misma idea que, de forma menos clara, deslizó días antes en otra entrevista con la Agencia Efe. Es el mensaje, confirman fuentes del Ministerio de Hacienda, en el que insistirá el Gobierno en las próximas semanas para conseguir sumar apoyos y sacar adelante un Presupuesto que ha pasado de ser vital para la continuidad del Gobierno de coalición a imprescindible para afrontar una crisis económica efecto directo de la pandemia.

Un 'sprint' de mes y medio

El Gobierno de Pedro Sánchez dispone de mes y medio para amarrar esos apoyos y las negociaciones se abrirán “lo antes posible” y una vez que esté ‘pintado’ el Presupuesto. A pesar de que sería más fácil y así lo admiten desde el propio Gobierno repetir el acuerdo de investidura -algo por lo que se ha inclinado públicamente el PSC y que quiere Unidas Podemos-, este no está en absoluto garantizado. Desde el Ejecutivo desconfían del papel final que vaya a jugar ERC. La sintonía que exhibieron en negociaciones anteriores la ministra de Hacienda y Pere Aragonès, vicepresidente del Gobierno catalán, no es ahora la misma. El Gobierno teme que la convocatoria de elecciones empuje a ERC no sólo ya a poner condiciones imposibles en plena pandemia, ligadas a la mesa política donde los independentistas exigen un referéndum para Cataluña, sino directamente a volar cualquier puente de diálogo con el Gobierno.

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El Ministerio de Hacienda trabajará, informan desde este departamento, para evitar “los vetos cruzados”, como aluden a los acuerdos excluyentes en los que se posicionan algunos partidos. En la actual situación de emergencia, con una millonaria partida europea que sería clave para que España pueda remontar de una de las peores crisis de su historia, debería de ser posible, arguyen desde el equipo de Montero, un acuerdo donde esté Cs o PP con los partidos nacionalistas. La teoría política no pasa de eso, teoría. La incompatibilidad de Cs y ERC es evidente. En el Gobierno saben que va a ser muy difícil aunque confían en conseguir esa suma.

El PP está invitado a las negociaciones y Hacienda abrirá conversaciones con el partido de Pablo Casado aunque el precedente de la financiación local no es un buen comienzo para ese diálogo. Los alcaldes del PP no se sumarán al acuerdo alcanzado entre el Ministerio y la FEMP, con los únicos votos favorables del PSOE, para que los ayuntamientos cedan 15.000 millones de su remanente al Estado que no pueden usar sin incumplir la ley de estabilidad con el compromiso de que se devuelvan íntegramente hasta 2037, en 15 años. El PP llevará a todos los ayuntamientos y parlamentos mociones contra este “corralito” a los ahorros de los municipios, acusa al Estado de "confiscar" sus bienes y llevará ese acuerdo al Tribunal Constitucional. La guerra en la antesala de la negociación presupuestaria está servida.

El calendario judicial

El Gobierno confía en que Cs y ERC no sean incompatibles, pero sabe que la convocatoria de elecciones en Cataluña sería una bomba capaz de hacer saltar por los aires cualquier posibilidad de acuerdo. De momento, Torra juega a no despejar el horizonte electoral y los independentistas catalanes aseguran que no alargaran la legislatura, de la que queda año y medio, y que sólo esperarán a que se estabilicen los datos de brotes de covid en Cataluña. Tras el verano, a Torra le espera un complicado calendario judicial que podría conducir a su inhabilitación.

El 17 de septiembre está fijada la vista por desobediencia por su negativa a acatar la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos. El 23 de septiembre está citado en una segunda causa por un motivo similar. Torra debe pulsar el botón de adelanto electoral antes de que sea inhabilitado, lo que desencadenaría de forma automática el proceso en el Parlamento para la investidura de un nuevo presidente. Si esos procesos judiciales se alargasen, las elecciones podrían celebrarse en el arranque de 2021. Con esa baza juega también el Gobierno de Pedro Sánchez para recabar apoyos de ERC a sus Presupuestos.