Las 'conquistas' de Vox en inmigración: cambios en el discurso, no en las políticas

Cuando PP y Vox firmaron en el Parlamento andaluz el primer gran acuerdo entre ambos partidos en España para formar un Gobierno, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, celebró ante los medios la rúbrica asegurando que su partido había conseguido un compromiso para la expulsión inmediata de todos los inmigrantes irregulares en Andalucía. Así lo reclamaron en el primer documento que pusieron sobre la mesa, en que exigieron la expulsión de “52.000 inmigrantes irregulares”.

Exactamente, el punto que exigía Vox decía así: “Colaborar con la Policía en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados. La Junta de Andalucía encubre la inmigración irregular, pues posee la documentación necesaria para la expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales y no la comparte con la Policía”. Añadía que había también que “suprimir las ayudas a los inmigrantes ilegales”.

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Esa mención se eliminó en el acuerdo que posteriormente firmaron. Se colocó una redacción mucho más ambigua. En concreto, se asumió: “Cumplir con la legislación vigente en materia de inmigración, evitando todas aquellas decisiones que puedan favorecer un 'efecto llamada' y combatir a las mafias que trafican con personas”.

Tras la firma, Ortega Smith proclamó que iban a echar a todos los inmigrantes ilegales de Andalucía mientras que el futuro presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, se limitó a asegurar que se cumpliría con la ley vigente. Posteriormente, desde su equipo, subrayarían que la comunidad autónoma no tiene potestades y que depende del Ministerio del Interior.

Discurso ambiguo

Con esta ambigüedad han ido jugando los tres socios del Gobierno andaluz hasta la fecha. Este lunes, la dirigente de Vox Rocío Monasterio se ha plantado a las puertas de un centro de menores en el barrio sevillano de la Macarena para asegurar que llegan “manadas de inmigrantes” y señalar directamente a estos menores, que no son delincuentes ni están detenidos, hay que recordarlo. Son extranjeros que pasan automáticamente a la tutela de la Junta de Andalucía, en concreto, bajo las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales que lidera Rocío Ruiz, de Cs.

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No es la primera vez que este centro de menores está en el ojo del huracán. El diputado de Vox Francisco Serrano es vecino de la zona y encabezó una manifestación en contra de su apertura. El caso llegó al Parlamento andaluz y la consejera de Igualdad invitó a sus señorías a visitar el centro y tener información de primera mano de estos menores acogidos. Tras el acto político de Vox de este lunes, Ruiz mostró su rechazo. “Estuvimos allí, informé en sede parlamentaria de que son 15 niños estudiando y formándose, perfectamente integrados en el barrio, que no han tenido ningún problema social, el barrio los ha aceptado, están muy integrados. La solidaridad de los vecinos y la convivencia son excepcionales. Estuvo la comisión de infancia, estuvo también el grupo parlamentario Vox y vieron 'in situ' la casa y cómo viven. Por lo tanto, no entendemos qué significa este acto”.

Adelante Andalucía y el PSOE exigen a la Junta de Andalucía que denuncie ese acto ante la Fiscalía, por incumplir la ley de infancia, y ante la Junta Electoral Central. El Gobierno andaluz no lo ha hecho ni lo hará. Al menos, según la respuesta que ha recibido este periódico. Consideran que eso es “lo que quiere Vox” para tener más recorrido en los medios de comunicación.

Evitan el enfrentamiento

Es la actitud siempre del Gobierno andaluz respecto al discurso de inmigración de Vox, evitan el enfrentamiento directo. La última prueba está en el pacto para el Presupuesto andaluz. Ya en el de 2019, se introdujo que se firmaría “un convenio con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mediante el cual se proceda al apoyo económico y de gestión de la Administración de la Junta para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de inmigración irregular, de forma que se cree un órgano de coordinación en dicha secretaría general para tal objetivo”. Cuando se pregunta al Gobierno andaluz, aseguran que las competencias son del Ministerio del Interior.

Igualmente, se aceptó una enmienda de Vox para aumentar en 1,5 millones “la partida para reforzar la vigilancia y la seguridad en centros para menores extranjeros no acompañados [menas]”. Sin embargo, tanto PP como Cs, dentro del Gobierno andaluz, aunque aceptaron esa modificación económica, insistieron públicamente en que los datos oficiales demostraban que esa medida no era necesaria. “El índice de delincuencia asociado a los menores migrantes tutelados en Andalucía es del 0,54%”, aseguraron mientras hacían la concesión. Para consignar ese millón y medio, se detrajeron 600.000 euros de la partida para acogida e integración de inmigrantes.

Cs niega a Vox

Cs negó la versión que hacía Vox de lo pactado. El vicepresidente de Andalucía, Juan Marín (Ciudadanos), sostuvo que “quizá lo que les había cogido a contrapié” es que Vox apoyaba aumentar las partidas para esa materia de 4,8 a seis millones de euros.

En el último presupuesto andaluz, el de 2020, acordado el pasado 23 de octubre, de nuevo PP, Cs y Vox firmaron partidas que afectaban a la inmigración. Se repitió la enmienda para “seguir reforzando la seguridad en los centros de menas” con 150.000 euros. La gran polémica vino de nuevo por el uso de los datos sanitarios de los inmigrantes irregulares. El punto 27 de ese último acuerdo, cerrado a las puertas de la campaña electoral, se comprometía a que el Gobierno andaluz siguiera “negociando con el Ministerio de Interior y a remitir una propuesta de convenio” para dar los datos de extranjeros sin residencia legal “que obren en los archivos de la Junta de Andalucía”. De nuevo, Vox anunció que se darían los datos que permitirían deportar inmigrantes irregulares. Cs, en esta ocasión el vicepresidente andaluz, Juan Marín, lo negó.

El último choque

"Es obvio y evidente que esa cesión de datos forma parte de los acuerdos", replicó Vox a Cs. “No sé dónde dice eso de que vayamos a facilitar información o que nos vayamos a saltar la Ley de Protección de Datos”, había subrayado el dirigente de Cs, que insistió en que todo esto es fruto de una “campaña permanente” que viene sufriendo el actual Ejecutivo desde hace más de nueve meses. “En ningún momento vamos a incumplir la ley, y vamos a asumir siempre nuestras competencias”, según Marín, quien criticó que se pretenda crear “alarma innecesariamente” y fuera de lugar. Vox, por supuesto, se reafirmó: "Es obvio y evidente que esa cesión de datos forma parte de los acuerdos".

Palabras van y palabras vienen, pero lo cierto es que el discurso sobre inmigración irregular en Andalucía lo está marcando el partido de extrema derecha, más allá de que por ahora todo queda sobre el papel y, hasta la fecha, ni las competencias han cambiado, ni se ha dejado de atender a extranjeros sin papeles en la sanidad pública, ni se han dado pasos para su expulsión ni se ha devuelto a los menores extranjeros a sus familias de origen.