El miedo a los menores inmigrantes: "No es odio ni racismo, pero estamos asustados"

Un barrio de Sevilla está atrapado en mitad de una dura guerra política de Adelante Sevilla, filial de Podemos, y Vox por la apertura de un centro de menores inmigrantes no acompañados. Los vecinos, la mayoría de avanzada edad, se organizaron y comenzaron a recoger firmas cuando conocieron, de forma casual, que una de las casas de nueva construcción, que hasta hacía poco se vendía por un millón de euros en los portales inmobiliarios o se alquilaba por 3.060 euros mensuales, iba a ser un centro de inmigrantes. “Tienen jacuzzi en cada cuarto de baño”, muestran en fotos de la agencia.

Nadie les informó. Los vecinos todas son casas de dos plantas en una zona residencial muy próxima a la Macarena— preguntaban cada vez que veían entrar literas, colchones, sillas... Entonces la letrada de la asociación vecinal Miraflores, Gloria Feijóo, se dirigió a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla y a la delegación en Sevilla de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales para pedir información. Los primeros aún ni han contestado. El consistorio se puso de perfil. En el segundo caso, el responsable del Gobierno andaluz convocó una reunión donde trasladó un mensaje: no sabía nada de ese expediente.

Desde entonces, ya junio, todo fueron rumores, miedos, oscurantismo y opacidad en la apertura de un centro para 25 menores inmigrantes no acompañados gestionado por la Fundación Samu, una de las organizaciones de referencia en esta materia. Basta con mirar su web y consultar su currículo para saber el gran trabajo que hacen con estos jóvenes. Los vecinos han intentado contactar con ellos sin éxito. La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, explicó en el Parlamento andaluz, ante la presión de las protestas, detalles de un proyecto e invitó a los diputados a visitar el centro. Hasta este jueves, de nuevo en la Cámara, no ha prometido transparencia para que los vecinos conozcan todos los detalles de esta adjudicación pública.

Colapso en el barrio

Es un barrio donde llueve sobre mojado. El 80% de centros sociales y de acogida de Sevilla está en la zona de la Macarena. Cuando los albergues o Cruz Roja cierran sus puertas, el espectáculo en las calles es horrible. Peleas, borracheras, personas haciendo sus necesidades en los portales, indigentes en las aceras... No es exactamente la misma zona del centro de menores, más tranquila, pero sí calles vecinas. Las asociaciones de comerciantes de la Macarena, Miraflores o Pumarejo y San Luis llevan meses y meses en pie de guerra sin éxito ninguno. Ahora, meten a los menores inmigrantes en el mismo saco aunque el funcionamiento de estos centros nada tiene que ver con los servicios sociales municipales. Los menores son tutelados, por ley, por la Junta con vigilancia de la Fiscalía. No son infractores. Se les escolariza y se trabaja con ellos para que tengan una salida profesional. El régimen de disciplina de estos centros es estricto. Los vecinos temen que en dos días estén “trapicheando y con menudeo de drogas por la calle”.

“Qué van a hacer los niños ahí todo el día metidos. Ayer pasaron muchos la tarde asomados a la ventana tras la reja. Nos gustaría saber qué van a hacer con ellos”, dice Feijóo, que tiene su despacho profesional a poca distancia del centro de acogida. Esteban Suárez, que porta una carpeta con 500 firmas contra la apertura, pregunta si parece violento o peligroso cuando es casi octogenario. “No somos racistas, ni violentos, ni xenófobos ni nada de lo que se ha escrito. No somos de Vox. Eso que quede claro. Cada uno será de lo que quiera. Nosotros lo que queremos es saber por qué hay tanta opacidad y oscurantismo”, asegura el presidente de la asociación Miraflores. Se suma Fernando, que ha sido médico en una de las zonas más conflictivas de la ciudad, el Polígono Sur, durante más de 30 años. Pudo cambiar de destino y eligió quedarse en las llamadas Tres Mil Viviendas. “¿A mí me van a dar lecciones?”, se pregunta. “Lo que queremos saber es cómo se han dado todos los permisos y licencias a velocidad ultrasónica. Por qué se ha hecho todo con nocturnidad y alevosía”, deslizan los vecinos.

¿Protesta pacífica o escrache?

La tensión se precipitó en los últimos días. Los niños llegaron el fin de semana. Nadie esperaba esa velocidad. Lo supieron por los movimientos en la casa. Habían solicitado, conforme a la ley, a la Subdelegación del Gobierno autorización para poner una mesa de recogida de firmas a las puertas del centro de acogida. Ya hubo una manifestación el pasado 10 de junio que les condujo a las puertas del Parlamento andaluz. En primera fila iban la mayoría de diputados de Vox. El juez Francisco Serrano, ahora de baja, es vecino del barrio. Ya un año atrás había liderado las protestas contra un centro de inmigrantes de Cruz Roja destinado a hacer pruebas médicas a los extranjeros durante 48 horas a su llegada a España. No se abrió. Ese día ya hubo gresca. “Nosotros somos pacíficos”, insisten los vecinos. Muestran imágenes de cómo supuestos militantes de Podemos intimidan a una anciana con un pasquín donde dan la bienvenida a los extranjeros y recriminan "el discurso del odio". Entre los líderes vecinales está Carlos Bordas, coordinador de Vox Sevilla. En una obra contigua al centro hay un pintada que dice 'Menas fuera'. El guardia de la obra asegura que vio a un chico joven y menudo escapar tras escribirlo sobre una pared. Los vecinos creen que es obra de quienes han empezado una cruzada en su contra. “Nosotros jamás haríamos una cosa así”, asegura Esteban.

La concentración de este lunes estaba autorizada. Este periódico ha accedido a toda la documentación. Los vecinos establecieron contacto con el Gobierno para pedir que se reubicara la recogida de firmas al saber que los menores estaban ya en el centro. “Fuimos nosotros los que pedimos el cambio de ubicación”, muestran los vecinos en la documentación. Se les concedió. La tarde del lunes se concentraron en la esquina de la calle. Acudieron los concejales de Vox en el ayuntamiento. Al otro lado de la vía estaban los ediles de Adelante Sevilla. La Policía asegura que no hubo violencia ni escrache, según la información solicitada por este periódico. El centro desalojó a los menores para que no vieran las muestras de rechazo.

Denuncia por "delito de odio"

La mañana de la entrevista los vecinos leían noticias de periódico que dan cuenta de que la asociación de juristas Grupo 17 de Marzo ha interpuesto una denuncia “contra autores cuya identidad se desconoce pero perfectamente identificables” por delitos de odio al “violentar” a los menores. Asegura la demanda que “atentaron contra su intimidad e incluso contra su integridad física y moral”. Los vecinos no dan crédito. Aseguran que contraatacarán con una demanda por injurias y calumnias. "Nos retratan como si fuéramos de Herri Batasuna", protestan.

Vecinos y menores han empezado con muy mal pie la convivencia. Los políticos de uno y otro extremo, mientras, hacen caja con el conflicto social

El profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional Joaquín Urías es miembro de esa asociación, que también demandó la pasada Semana Santa sin éxito a la Hermandad del Baratillo por procesionar con un fajín de Franco. Urías explica que “contra los vecinos” no tienen nada pero sí cree que están “bastante manipulados”. “Es verdad que hay una saturación en el barrio”, admite. Él es vecino. “Sobre todo por un albergue con reglas demasiado inflexibles y que hacen falta soluciones. Todo eso es verdad, pero ¿qué tienen que ver los menores?”, se pregunta. Insiste en que no se puede permitir asociar menores inmigrantes a delincuencia o menudeo de droga. “Vox los ha asustado”, asegura, “es una barbaridad lo que está ocurriendo”.

Vecinos y menores han empezado con muy mal pie la convivencia. Los políticos de uno y otro extremo, mientras, hacen caja con el conflicto social. “¿No estarían mejor en el campo? En un sitio donde puedan estar al aire libre, donde haya talleres. Qué van a hacer en esa vivienda de lujo”, inquieren quienes rechazan el centro. Quizá, si la Junta cumple su palabra, pronto la Fundación Samu, que no ha contestado a este periódico, lo sabrá.

A pocos metros, en el Parlamento andaluz, Vox defiende una enmienda al Presupuesto para pedir “800.000 euros” destinados a elevar la seguridad de los centros de menores inmigrantes. No especifica en qué consiste. Piden que se les devuelva con sus familias y denuncian que reciban “paguitas”. El Gobierno andaluz exige no "demonizar" a los menores. De 15.693 acogidos desde 2015, 83 cometieron algún delito. También advierte la consejera de Igualdad de que la situación es “insostenible”. Llegaron a las costas andaluzas 7.800 menores en 2018. No hay fondos suficientes. El defensor del pueblo lleva ya muchos meses alertando de que el modelo necesita una revisión a fondo. Este verano, Andalucía podría batir un nuevo récord.