La lacra que no cesa: los niños inmigrantes abandonados se triplican en España

Llegó en un cayuco. Él es un antiguo Mena (Menores extranjeros no acompañados) y hoy es el chef de un restaurante de lujo en Canarias. En el Museo Reina Sofía los camareros y cocineros también fueron Mena gracias al trabajo de la Fundación Raíces. Son tan solo dos ejemplos de éxito y superación de estos menores que llegan en unas situaciones difíciles. También los hay trabajando en grandes corporaciones y en universidades.

También es verdad que los niños Mena se triplican en España. Y Andalucía cuenta con este liderazgo negativo: 3.400 menores extranjeros llegaron a la comunidad en 2017. Con los que ya había, la Junta cifra los atendidos en 4.172. Hasta el 31 de mayo de 2018, han llegado 1.509 menores extranjeros internados.

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¿Cuáles son las claves para reducir esta lacra? Una jornada organizada por el Defensor del Pueblo (y del Menor) en Andalucía y la ONG Save The Children han analizado este fenómeno. En primer lugar, habría que recurrir a las causas. Jorge Cardona es catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Valencia y miembro del Comité de los Derechos del Niño.

"España es la puerta de entrada de esas redes de trata de niños que pueden tener explotación laboral, comercial, sexual o de venta de órganos. Los menores proceden de la zona de Marruecos y el Mediterráneo, de zonas que han estado en conflicto y con pobreza absoluta", cuenta Cardona a El Confidencial. Los padres de estos niños esperan que les envíen remesas de dinero a sus lugares de origen y confían en lograr algún día la reintegración familiar.

Abusos sexuales y esclavitud

El experto subraya que los menores también proceden de África subsahariana y que muchos han padecido abusos sexuales o han trabajado en minas en régimen de esclavitud. "Llegan cada vez en mayor número. De 2015 a 2016 se duplicaron los Menas. Ahora se han triplicado y en la mitad de 2018 ya estamos en cifra de 2017. El crecimiento es exponencial", indica.

Existe un problema en la falta de armonización en la recogida de datos de cada comunidad autónoma. Se trata de un problema no solo de las comunidades autónomas, sino también de los ministerios implicados. "Los sistemas no son homologables y sin datos no se pueden hacer políticas".

Cardona cree que hay que llegar primero a las causas: y laguerra está detrás de ellas de una manera clarísima. "Si sientas en una misma mesa a Rusia, Estados Unidos, Israel y la Unión Europea podrás acabar la guerra". En segundo lugar: el tránsito. Si se mejoran las condiciones de vida en sus lugares de origen vendrán menos. Y el coste. Un padre puede enviar una media de 2.000 euros para su hijo vaya a Europa. Venden todo.

Muchos Mena no quieren quedarse en España. Su objetivo es llegar a Dinamarca o Alemania. Se sienten en deuda con su familia y se genera una frustración muy grande. "Quieren encontrar un trabajo y enviar dinero y todo eso hay que comprenderlo. Traen muchos problemas psicológicos y de salud mental y lo que queremos es instalar un sistema de protección para el menor".

Desaparecidos

El catedrático cree que estos niños tienen "ganas de salir adelante y aprender". "Y todo esto se puede convertir en una oportunidad, no lo veo como un problema que se nos viene encima: por cada euro que se invierte en niño o niña la sociedad recupera entre 5 y 15 euros, no es un gasto". La conversación con Cardona culmina con la duda: ¿hay realmente 10.000 Mena perdidos en Europa? "Es una cifra que siempre se dice, pero no sabemos si es cierta o no". "Muchos de los registrados no estarán ya en Europa o estarán desaparecidos".

Parece que acababa el encuentro, pero sigue. Dos apuntes más. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es tan responsable de los Menas como otros ministerios. Tiene que aplicar los recursos necesarios. Y cree muy necesario la creación de un comisionado contra la pobreza infantil. "El presidente del Gobierno tiene que tener acceso directo a la coordinación entre todos los departamentos". También avisa: el 80% de las competencias en pobreza infantil corresponde a las comunidades autónomas y no al Estado.